Y el dinero llegó. En el último segundo, no en su totalidad, pero llegó. Las mutuas de accidentes de trabajo han recibido en el último mes del año 2020 alrededor de 850 millones de euros del presupuesto de la Seguridad Social para dar cobertura a los gastos extraordinarios que les ha generado la asunción de la cobertura de las bajas laborales - consideradas como enfermedad profesional - causadas por los contagios de Covid y las cuarentenas a contactos cercanos por el mismo motivo. La transferencia realizada por el departamento que dirige José Luis Escrivá no cubre los 1.571 millones de euros que el sector estimaba a final de año que había tenido que 'adelantar' para hacer frente a las prestaciones asociadas a esas bajas, pero sirven para aliviar una situación financiera que era extrema y que amenazaba con hundir hasta el umbral de la intervención por parte del Estado a media docena de las 21 entidades del sector.
La situación hubiera puesto en un brete a la Seguridad Social, con suficientes frentes abiertos a día de hoy como para tener que asumir la gestión de un puñado de mutuas para devolverlas al camino del equilibrio financiero o propiciar su absorción por otra entidad con una situación más saneada, como ocurrió la última vez que se intervino una mutua. El caso de la Mutua Gallega fue finalmente adquirida por Ibermutuamur.
Seguridad Social ha esperado hasta el último momento para resolver, o como se dice en el sector "poner un parche" a la situación, y sólo después de comprobar la imposibilidad de hacerlo por otras vías. Desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que dirige Borja Suárez Corujo, el único superviviente de la era de Magdalena Valerio en el Ministerio y Octavio Granado en la Secretaría de Estado, se ha intentado en los últimos meses que sean las propias mutuas las que traten de absorber en todo o en parte ese sobrecoste mediante la materialización de los activos mobiliarios en que tienen materializadas sus reservas legales - con la que se entendía que podían obtener 842 millones de euros - o incluso mediante un ajuste legal que rebajara el umbral a partir del cual es preceptiva la intervención de la Seguridad Social.
La primera medida se reveló como completa técnicamente y costosa, ya que la materialización de esos activos podía tener un elevado coste para las mutuas, y la segunda se descartó finalmente. Llegados a ese punto, al Ministerio sólo le quedaba la salida de pagar parte de la factura para ahorrarse el problema a futuro. Fuentes de la Seguridad Social aseguran que el pago de la IT Covid estaba garantizado desde el primer momento y que el retraso únicamente se ha debido "al decalaje entre el reconocimiento del derecho y la imputación efectiva del gasto", lo que habría justificado el hecho de que al cierre del ejercicio sólo se hubieran pagado las bajas hasta el mes de agosto, pero al parecer también que se esperara a diciembre para pagar la factura correspondiente a los meses entre marzo y agosto. "A lo largo de estos meses se abonará el resto. No se abona hasta que no se conoce el importe exacto", subrayan.
Las mutuas aún reclaman más de 1.500 millones
Según los cálculos que el sector trasladó a Seguridad Social a principios del mes de octubre, el Ministerio aún tendría que transferir otros 700 millones de euros a las mutuas para cubrir los 1.571 millones de euros que se han gastado durante 2020 en prestaciones vinculadas a bajas de incapacidad temporal por Covid. Sin embargo, no es esto lo que más preocupa a las mutuas, que continúan sin entender porque Seguridad Social no les ha abonado los 950 millones de euros que sobre el papel les corresponden por las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social aplicadas a los trabajadores en ERTE y a los autónomos en cese de actividad, que el Estado compensó al departamento de Escrivá hace meses pero de las que al cierre del año las entidades colaboradoras aún no han visto ni un solo euro, pese a tener sus cuentas en números rojos en su gran mayoría.
La situación de insuficiencia financiera que arrastran las mutuas desde hace años se ha convertido en un problema para el diálogo social. La normativa de Seguridad Social recoge que en el caso de que una mutua llegue a una situación de insuficiencia financiera ésta podría cubrirse mediante aportaciones extraordinarias a las empresas que da servicio, es decir, mediante una derrama. CEOE ya ha advertido de que no aceptará esta situación cuando desde el sistema de Seguridad Social se regatea la financiación que les corresponde a las mutuas para cumplir con sus tareas desde hace años.
La situación no tiene visos de solución. Los presupuestos de la Seguridad Social apenas han previsto de cara a 2021 una transferencia extraordinaria de 50 millones para las mutuas para la cobertura de las bajas por Covid, que se antoja como claramente insuficiente a la vista de las actuales cifras de contagios y de que el año pasado el coste superó los 1.500 millones. Algo similar ocurre con la prestación especial de cese de actividad de los autónomos, que el Ejecutivo acaba de comprometerse a ampliar hasta mayo pero que apenas dispone de un crédito presupuestario de 521 millones de euros cuando en 2020 su importe ascendió a 5.790 millones.
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