El Gobierno va a echar mano de parte del dinero de las pensiones para hacer frente al desembolso de las ayudas aprobadas para los afectados por la crisis sanitaria y económica del coronavirus. En concreto, el ministro José Luis Escrivá utilizará una cantidad aún por determinar del préstamo de 13.830 millones de euros concedido por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para abonar la paga extraordinaria del mes de junio a los cerca de nueve millones de pensionistas que hay en España. De acuerdo con fuentes de este departamento, el crédito "no es finalista" y, por tanto, "no tiene un fin único" y "se puede usar para lo que se estime oportuno".
De este modo, el Ejecutivo se garantiza la liquidez necesaria para dar cobertura a todos los afectados por el Covid-19 en un momento en el que los ingresos por cotizaciones sociales se han desplomado, por un lado por la caída de la afiliación y, por otro lado, por la exoneración de cotizaciones en los ERTE por fuerza mayor y los aplazamientos concedidos a empresas y autónomos. Si a esto se suma el incremento del gasto en prestaciones para autónomos, empleadas del hogar, trabajadores temporales... y el repunte de la factura del desempleo tras la mayor subida del paro de la historia y una avalancha de ajustes de plantilla que afecta ya a cerca de 4 millones de personas, el resultado es una tensión financiera extrema para un sistema ya de por sí renqueante.
Ante esta situación sin precedentes, el Gobierno se ha visto obligado a adelantar el préstamo para la extra de las pensiones, asegurándose así los recursos para capear esta crisis. Su obligación es llegar al mes de junio con caja suficiente para abonar la paga doble a los pensionistas, que ronda los 20.000 millones de euros. Es una operación para la que se suele endeudar, porque en la conocida coloquialmente como 'hucha de las pensiones' (el Fondo de Reserva) quedan apenas 2.000 millones de euros, de los cerca de 67.000 millones que llegó a acumular en épocas de bonanza económica.
Con este escenario, cabe la posibilidad de que el consejo de ministros tenga que aprobar un nuevo crédito o alguna otra vía alternativa de financiación externa en los próximos meses, de no ser suficiente para pagar todo con esos cerca de 14.000 millones que se han habilitado por el momento. En cualquier caso, podría hacerse vía transferencias presupuestarias. Y también hay que tener en cuenta que cuando el Tesoro reservó la cuantía del préstamo para este año decidió darse cierto margen por si era necesario elevarla, según informó el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, cuando presentó la estrategia de financiación para 2020.
"Las pensiones están garantizadas"
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirman que las pagas de las pensiones están "garantizadas" y explican que la concesión de este préstamo "asegura el pago puntual de las pensiones y permite a la Seguridad Social planificar con suficiente antelación la disposición de recursos necesarios para hacer frente a estos desembolsos extraordinarios". Hay que tener en cuenta que el sistema se financia principalmente por dos vías: las cotizaciones sociales y las aportaciones progresivas del Estado, tanto las consignadas con carácter permanente en los Presupuestos Generales como las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura. Y estas últimas no han hecho más que crecer en los últimos años.
De hecho, este es el cuarto año consecutivo en que el sistema necesita tirar de la ayuda financiera del Estado, después de cerrar 2019 con una deuda superior a los 55.000 millones de euros. Para hacerse una idea de la evolución de este montante, hasta 2016 se había mantenido durante una década en el entorno de los 17.200 millones. En 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy pidió un préstamo de 10.192 millones de euros. En 2018 el crédito aprobado en los Presupuestos del PP fue de 15.164 millones, de los que finalmente se usaron 13.800 millones, la misma cantidad prorrogada para 2019 y la que se utilizará, en principio, este 2020.
Como resultado, el pasivo de la Seguridad Social crecerá este año hasta rozar los 70.000 millones de euros, un nuevo récord histórico que incluso podría superarse si finalmente la crisis del coronavirus golpea más fuerte de los esperado y es necesario recurrir a financiación adicional. A falta de concreción por parte del Gobierno del coste de todas las medidas aprobadas hasta ahora en los distintos paquetes económicos y sociales, la CEOE ha estimado que el conjunto de las medidas adoptadas en el ámbito de la Seguridad Social puede tener un coste de hasta 6.000 millones de euros.
Los sindicatos, por su parte, han criticado que el Gobierno vuelva a recurrir a préstamos del Estado para la Seguridad Social. Para UGT es una práctica "errónea", que además se ha aprobado de forma "unilateral y vulnerando el diálogo social". Mientras, CCOO defiende que tanto en el desenvolvimiento ordinario de la Seguridad Social, como en la actual situación extraordinaria, "la financiación adicional a las cotizaciones debe ser presupuestaria". Ambas organizaciones han reclamado al Ejecutivo que habilite un fondo para sufragar los gastos derivados de la crisis del coronavirus y no sobrecargar al sistema de las pensiones públicas con más deudas.
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