Con ERC posicionada abiertamente en contra de la reforma de las pensiones, otros socios del llamado 'bloque de la investidura' como el PNV o Bildu manifestando sus objeciones y Unidas Podemos planteando cambios sustanciales en la misma, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pedido ayuda a los firmantes del acuerdo y en particular a los sindicatos UGT y CCOO para defender ante los grupos políticos el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social y facilitar en la medida de lo posible una tramitación en el Congreso que se augura compleja, según aseguran fuentes parlamentarias.
Los sindicatos han programado una ronda de encuentros con las diferentes fuerzas parlamentarias, aprovechando el trámite de enmiendas a la norma, en la que están tratando de explicar los acuerdos alcanzados con el Ministerio, el encaje de éstos con las recomendaciones realizadas por el Pacto de Toledo y el recorrido que entienden que puede tener el acuerdo a medio y largo plazo para conseguir los objetivos de sostenibilidad financiera y suficiencia de las prestaciones marcados desde la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.
El trabajo de zapa que están llevando a cabo las organizaciones sindicales tropieza, sin embargo, con dos grandes objeciones por parte de los grupos parlamentarios. La más relevante se refiere al singular modo en que Gobierno y agentes sociales han decidido sustanciar la definición del que se antoja como el elemento clave del sistema: el Factor de Equidad Intergeneracional, que el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y CEOE remitió una futura negociación tripartita - a celebrar por cierto en las próximas semanas - con la idea de incorporar el resultado de ésta al proyecto de reforma de las pensiones vía enmienda.
"No es ya que se nos esté urtando el derecho a pronunciarnos sobre la reforma de las pensiones sin el que probablemente sea su elemento más relevante sino que se nos está impidiendo 'de facto' contribuir en su configuración", asegura una de las fuentes parlamentarias consultadas. Las reservas respecto al singular procedimiento determinado en la mesa de diálogo social para diseñar e incorporar a la reforma de las pensiones este elemento, llamado a sustituir al controvertido Factor de Sostenibilidad, no solo alcanzan a la oposición sino a los propios socios potenciales del Gobierno, que temen que se les cuele por la puerta de atrás una herramienta que sirva para establecer recortes en las pensiones. Parte de lo que están haciendo los sindicatos es, precisamente, tratar de disipar estos temores.
Las fuentes consultadas refieren que lo que molesta a los diputados de uno y otro signo es que se pretenda reducir el papel del legislativo al de meros fedatarios de un acuerdo social. Consideran que su papel debe ser más relevante sino decisivo en la definición del Factor de Equidad Intergeneracional y que el esquema diseñado por el Ministerio con la firma de los agentes sociales limita extraordinariamente su margen de maniobra. Tampoco ha gustado que se haya decidido tramitar el proyecto a través de una comisión parlamentaria con competencia legislativa plena, evitando que una de las reformas estructurales más críticas que va a abordar el Gobierno sea objeto de debate en el Pleno del Congreso.
El lío de los prejubilados con largas carreras de cotización
El otro gran foco de conflicto es la situación de los prejubilados con más de 40 años cotizados a los que se aplicaron coeficientes reductores en su pensión. Partidos como Unidas Podemos se implicaron de forma explícita en la defensa de los derechos de este colectivo, que no ha visto colmadas ni de lejos sus expectativas en el proyecto de Ley de Reforma de las Pensiones diseñado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
Como adelantó La Información, Seguridad Social ha liquidado el asunto, a espaldas de los sindicatos, por cierto, con la propuesta de un suplemento salarial de entre cinco y 82 euros al mes según su situación para las personas jubiladas antes de la edad legal de retiro que vieran reducida su pensión como consecuencia de la aplicación de los coeficientes reductores y siempre que acrediten más de 44 años y medio cotizados.
El enfoque del Ministerio reduce como mínimo a una tercera parte el universo de potenciales beneficiarios y rechaza compensar toda la reducción sufrida en la prestación, como planteaba el colectivo, reduciendo dicha compensación a la diferencia entre los coeficientes reductores que se les aplicaron en su día y los nuevos que entrarán en vigor a partir del próximo uno de enero, siempre que el Parlamento ratifica la reforma del Gobierno.
La medida no ha satisfecho al colectivo, que la ha llegado a calificar como un 'insulto', y tampoco ha contentado ni a los sindicatos mayoritarios ni a los partidos que más se significaron en la defensa de los derechos del colectivo, que esperaban un gesto más decidido por parte del Gobierno. Fuentes de las plataformas de defensa de este colectivo trasladan que ya hay algunos grupos políticos que les han trasladado su intención de enmedar el proyecto gubernamental para mejorar la compensación a este colectivo. Seguridad Social advirtió en un informe remitido al Pacto de Toledo el pasado mes de julio que atender esas reivindicaciones tendría un coste de 2.741 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social. La medida aprobada por el Gobierno costará algo más de 45 millones de euros.
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