El ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto este martes un incremento de las cotizaciones de empresarios y trabajadores de medio punto lineal, de forma que se pueda recuperar el dinero de la llamada 'hucha de las pensiones' y se puedan afrontar, a partir del año 2023, las pensiones de la generación del 'baby boom', es decir, las personas que en la actualidad tienen entre los 45 y los 59 años. Se trata de obtener unos 1.000 millones de euros más al año, durante al menos diez años, a modo de reserva para sufragar la jubilación de este colectivo, que tiene trayectorias largas de cotización y al que habrá que liquidar pensiones medias más altas.
Según han confirmado fuentes de la negociación, si no fuera necesario utilizar el dinero, se devolvería, ya sea mediante un aumento de las pensiones o una reducción de las cotizaciones, si bien antes de llegar a esta situación habría que vigilar la marcha de la economía y de los ingresos de la Seguridad Social. La medida forma parte el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que Gobierno y agentes sociales deben tener consensuado a mediados de este mes, tal y como acordaron en el pacto previo que cerraron en junio sobre la reforma de las pensiones. De momento, se trabaja sobre esta propuesta y la mesa del diálogo social que lo discute se reunirá de nuevo el próximo lunes.
Junto con el aumento de medio punto en las cotizaciones, que desde el Ministerio de Escrivá calculan en un coste de 10 euros al mes a pagar entre empresario y trabajador para un sueldo medio en España (unos 1.500 euros netos mensuales), si bien en el caso de los mileuristas, esa cantidad se reduce cinco euros. Esa primera parte de reforma vendría acompañada de una segunda mitad que habría que poner en marcha cuando se pasara el periodo de diez años previsto de pago, que se centraría en una vigilancia de la evolución de la 'hucha' y los ingresos de la Seguridad Social cada tres años, para garantizar que no se desvía del incremento previsto a la hora de pagar las pensiones, y que se estima en no más de 10.000 millones de euros al año.
Esa parte más etérea sobre la evolución futura del sistema de pensiones, después del esfuerzo de medio punto en las cotizaciones, es lo que menos convence a la parte sindical en la negociación, que se ha dado una semana para echar las cuentas. El documento del equipo de Escrivá ofrece varias opciones para compensar cualquier elevación de los gastos de la Seguridad Social en ese momento (a partir del año 2032), que van desde utilizar una parte de lo que haya en 'hucha' de las pensiones, hasta volver a subir la cotización si es necesario.
Más de 7 millones de jubilados
Según los cálculos que se han realizado, la generación del 'baby boom' en España supondrá un colectivo de más de 7 millones de personas que pasar a gozar de su retiro y su pensión a partir de 2023. Se entiende que son los nacidos desde finales de los cincuenta a finales de los sesenta, con tasas de natalidad altísimas en España que no se han vuelto a repetir. El ministro Escrivá ya había mostrado en declaraciones públicas su preocupación por la carga que este hecho supone en el modelo de reparto español, si bien hasta el momento no se había puesto sobre la mesa una propuesta concreta.
El fondo de reserva de las pensiones se creó en el año 2000 con la idea de hacer un 'colchón' para las futuras necesidades del modelo, y llegó a acaparar más de 65.000 millones de euros, algo más de la mitad de lo que supone el coste anual de la Seguridad Social. El azote de la crisis de 2008 dejó ese montante en apenas 2.000 millones de euros, que son los que tiene en la actualidad y que se entiende que serán la base sobre la que añadir el pago de más que ese medio punto de subida de las cotizaciones va a aportar ahora. Es decir, que en apenas cinco años debería haber más de 7.000 millones en esa 'hucha', y en una década, se deberían superar los 12.000, si bien estos cálculos van a depender en gran medida de como vaya el PIB, la población activa y los costes sociales.
Desde la patronal CEOE, presente en la mesa de negociación, siempre se ha rechazado cualquier solución a la sostenibilidad de las pensiones que supusiera un aumento de las cotizaciones, dado que esa medida siempre se ha considerado como un "impuesto al empleo" que retrae de forma importante las contrataciones. Del otro lado, los sindicatos solo buscaban eliminar de una vez por todas el "factor de sostenibilidad" que planteaba la reforma anterior y buscar un mecanismo que garantice que no habrá rebaja de las pensiones.
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