El equipo de Israel Arroyo en la Secretaría de Estado de Seguridad Social ya ha empezado a poner bajo el microscopio el inventario de incentivos al empleo en forma de bonificaciones en las cuotas que las empresas y los trabajadores pagan a la Seguridad Social -se cuentan por decenas-, con el objetivo de identificar los menos eficaces y plantear al Gobierno su eliminación inmediata en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno tiene intención de elevar al Congreso de los Diputados en las próximas semanas, según aseguran a La Información fuentes internas del Ministerio conocedoras de estos trabajos.
Las bonificaciones en la cuota para estimular la contratación de determinados colectivos con especiales dificultades de empleabilidad han sido tradicionalmente uno de los principales recursos de política laboral de los sucesivos Gobiernos, en parte porque no suponían un coste extra en las cuentas de gasto de las arcas públicas -actúan detrayendo los ingresos- y en parte porque servían para calmar las demandas de reducción de cotizaciones de las empresas cuando la gestión del sistema público de pensiones arrojaba excedentes millonarios.
La consolidación de este modelo de incentivos -cuya eficacia para conseguir los objetivos deseados, es decir, estimular la contratación, jamás se ha evaluado como se encargó de poner de manifiesto el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando era presidente de la Autoridad Fiscal- ha drenado miles de millones de euros del sistema público de pensiones en los últimos años y según los propios cálculos de la Airef resta cada año 2.300 millones de euros que podrían ir a sufragar la factura derivada del pago de las pensiones contributivas.
Esos recursos no alcanzarían para enjugar el desequilibrio de alrededor de 16.000 millones de euros que presenta el sistema público de pensiones, pero lo acortaría en parte y permitirían a la Seguridad Social no tener que recurrir a la financiación del Tesoro.
De hecho, su eliminación total o parcial forma parte del abanico de medidas de choque que José Luis Escrivá planteó en su día al Gobierno desde la Autoridad Fiscal para minimizar los actuales números rojos que presenta el sistema de pensiones y cuya ejecución convirtió en el principal objetivo a corto plazo de su gestión en el acto de toma de posesión como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Valerio prometió ahorrar 500 millones por esa vía
No se trata de una estrategia innovadora. Antes de la llegada de Escrivá al Ministerio, el Gobierno ya había solicitado a la Autoridad Fiscal que acelerara los trabajos de evaluación de los incentivos al empleo para abordar un recorte parcial de las mismas en el proyecto de Presupuestos de 2020 y de hecho el Plan Presupuestario remitido a Bruselas ya descontaba un ahorro presupuestario de 500 millones de euros a cuenta de desmantelar parte de ese entramado de incentivos.
El parón institucional en que derivó el resultado de las elecciones generales del 25-M paralizó ese movimiento, que ahora Escrivá ha vuelto a activar a través de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, al mando de uno de los autores intelectuales de esos informes en la Autoridad Fiscal, Israel Arroyo. Un dato interesante. Cuando el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio encargó ese trabajo exploratorio a la Autoridad Fiscal deslizó que sus proyecciones apuntaban a un ahorro de 500 millones de euros, pero que éste podría ser más elevado "si Airef identifica un volumen mayor de incentivos como ineficientes".
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