Antes de final de año

Escrivá prepara un rescate para tapar el agujero de 2.400 millones de las mutuas

Seguridad Social asume que tendrá que hacer una inyección extra de recursos al sector después de que el impacto de la Covid haya dejado a la mitad de las entidades al borde de la intervención.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, junto a la ministra de Hacienda
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, junto a la ministra de Hacienda
EFE

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está trabajando en el diseño de un plan de rescate para garantizar la viabilidad financiera de las mutuas de accidentes de trabajo a las que la crisis desencadenada por la Covid-19 ha abierto un agujero en sus cuentas de más de 2.400 millones de euros según las estimaciones que el propio sector ha trasladado al Ministerio. 

Según confirman fuentes del sector a La Información, el plan que prepara el departamento dirigido por José Luis Escrivá pasa por una inyección económica de emergencia en el corto plazo para compensar a las mutuas por los daños causados en sus balances tanto por el desplome de los ingresos por cotizaciones como por el fuerte incremento de los gastos derivado de la decisión del Gobierno de retribuir las bajas asociadas a la Covid - por contagios y por cuarentenas - como contingencia profesional, lo que se ha dado en llamar la 'IT Covid', y a medio plazo por introducir una serie de cambios en la normativa reguladora de las mutuas para contribuir a su estabilidad financiera.

Seguridad Social trabaja ahora en tratar de determinar la factura exacta a la que tendrá que hacer frente. Hace unos días, el Ministerio se dirigió a las entidades para solicitarles una estimación de cierre anual del coste asociado a la IT Covid, que éstas tendrán que remitir a los funcionarios de Seguridad Social antes de que finalice este mes de octubre. Según los datos que maneja el sector el sobrecoste para las entidades de la protección especial brindada a los trabajadores afectados directa o indirectamente por el coronavirus se situaba a mediados de septiembre alrededor de los 1.800 millones de euros.

El coste extra 'cargado' a las mutuas por esta vía, y agravado por la caída de los ingresos por cotizaciones a través de los cuales se financia el sector, ha dado la puntilla a un sector que ya venía arrastrando problemas financieros importantes por la crecida de las bajas en los últimos años y lo que consideran una infrafinanciación galopante del segmento de las bajas por contingencias comunes, aquellas que no tienen relación directa con la actividad laboral: gripes, lesiones deportivas, depresiones...El deterioro de la situación de las entidades ha sido tal en los últimos meses que la patronal Amat remitió el pasado mes de julio una carta desesperada a la Seguridad Social en la que advertía que de no actuar con urgencia el Ministerio acabaría teniendo que intervenir a la mitad de las 19 mutuas de accidentes de trabajo que operan en España en la actualidad.

La normativa sectorial que regula el funcionamiento y el marco regulatorio de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que tienen encomendada la atención sanitaria en caso de accidentes de trabajo y la posterior rehabilitación si la hubiera, así como la gestión de las prestaciones por incapacidad temporal - incluida la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, tanto en su versión ordinaria como en la prestación extraordinaria aprobada por el Gobierno a causa del Covid y cuya vigencia se acaba de prorrogar -, establece que la Seguridad Social intervendrá la gestión de las entidades cuando su tesorería caiga por debajo de un umbral determinado 'de seguridad', que se define como el 5% de la denominada  Reserva de Estabilización, el último colchón de seguridad del entramado de cautelas que pretende blindar el balance de las mutuas.

En los últimos años, el mecanismo de la intervención solo se ha activado una vez, con Mutua Gallega, que acabó absorbida por Ibermutua - entonces Ibermutuamur - tras una subasta al mejor postor abierta por el entonces secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Las fuentes del sector consultadas advierten que si el Gobierno no asumiera la factura de la IT Covid más de la mitad del sector acabaría en ese terreno en el que la Seguridad Social está obligada a intervenir.

En parte, eso es lo que quiera evitar el departamento de José Luis Escrivá, con demasiados frentes abiertos en plena renegociación de los instrumentos de cobertura que se pusieron en marcha con el denominado 'escudo social', y que ahora se adaptan a las circunstancias de esta segunda ola y a la creciente carencia de recursos presupuestarios, como para abrir en canal otro sector. Pero también dar estabilidad financiera a un ámbito del que dependen más de 22.000 puestos de trabajo, que da protección a 12,5 millones de trabajadores y cuya organización representativa, Amat, deslizó que tal vez no podría garantizar el mantenimiento de los empleos o el pago de las nóminas si el Estado no compensaba los sobrecostes derivados de la Covid.

Un convenio propio para reconfigurar el sector

La segunda fase del plan en el que trabaja Seguridad Social pasa por una reconfiguración legal del sector. Según la responsable del Sindicato de Mutuas de UGT, Noelia García-Baltasar, uno de los cimientos de esa reconfiguración será el impulso a un convenio colectivo propio para el sector, cuyos trabajadores llevan años atrapados en una especie de limbo laboral en el que ni se les garantiza el mismo marco que a los empleados públicos ni tampoco las condiciones del convenio sectorial que les sería de aplicación: el de seguros, reaseguros y mutuas.

Según la portavoz de UGT esta situación "lleva una década acabando con nuestros derechos como trabajadores, incluso con los ya consolidados y con nuestro derecho a la negociación colectiva". El sindicato lleva años peleando por el impulso a un convenio colectivo propio que les reinstaure al menos el derecho a la negociación colectiva y asegura tener el respaldo del Ministerio para propiciar la configuración de un espacio de negociación específico para el sector en los próximos meses en forma de convenio colectivo.

Noelia García-Baltasar reivindica el reconocimiento a unos profesionales que desde que empezó la pandemia han gestionado sin los problemas que han existido en otras unidades de la Administración una nueva prestación, como la de cese de actividad de trabajadores autónomos, y además han colaborado en las labores sanitarias de lucha contra la pandemia desde los hospitales y centros médicos de la red de mutuas.

El responsable de Mutuas de CCOO, Rafael Pérez Cantero, entiende que deben ser las entidades y los representantes de los trabajadores y no el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social los que definan el marco más adecuado para regular las relaciones laborales de las mutuas, y advierte de que su sindicato consideraría una injerencia que desde el Gobierno se entrara en este asunto. Por otra parte, señalan que lo prioritario para resolver los problemas laborales del sector no es tanto el marco en el que se definan sus relaciones laborales, sino la modificación del sistema según el cual es el Ministerio de Hacienda el que determina y condiciona la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores por encima incluso de los acuerdos que puedan alcanzar las entidades con los sindicatos.

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