El fondo público de pensiones encara la recta final de su tramitación parlamentaria. Tras las enmiendas de los grupos, esta semana llegará la ponencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para su posterior debate, y a continuación deberá aprobarse en el Senado. La voluntad del Gobierno, y así se ha comprometido con la Comisión Europea, es que la norma esté aprobada en el primer semestre del año. A partir de entonces, y hasta el final de 2022, el departamento que dirige José Luis Escrivá negociará con el sector de las gestoras y aseguradoras los aspectos más técnicos del fondo, como por ejemplo, las comisiones o los requisitos que las empresas que quieran participar deban cumplir.
Tras la negociación para sacar adelante el anteproyecto, Escrivá dará seis meses a la industria para delimitar estas cuestiones que se eliminaron del debate en un primer momento. Seguridad Social espera que los planes de empleo de promoción pública estén plenamente vigentes en 2023. Hasta entonces, además de las cuestiones económicas, también se deberá desarrollar la plataforma en la que tanto los beneficiarios como los promotores de planes de pensiones de empleo y la administración pública intercambien información. Todavía se desconoce si el desarrollo de esta herramienta será público o privado, pero desde el sector ya alertan de que es algo complejo y que puede retrasar la puesta en marcha del fondo público.
En el último borrador que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladó a los agentes sociales, antes de su tramitación en el Congreso, el Gobierno daba pasos para facilitar la aceptación de las empresas del sector. En primer lugar, desaparecían los requisitos de patrimonio gestionado que debían cumplir las gestoras para optar al fondo público de pensiones. Además, tampoco se hacía mención a las comisiones que tendrían los productos ofertados bajo el paraguas del fondo. Así, aunque en un primer momento se optó por dejarlo para un ordenamiento posterior para agilizar la negociación, ahora Escrivá y la industria volverán a poner encima de la mesa estos asuntos.
Por otra parte, ahora deberán tenerse en cuenta las enmiendas de los distintos grupos, que van desde la creación de una gestora pública hasta el incremento de las aportaciones a estos productos de ahorro si estas se aprueban en la Comisión. El anteproyecto recoge que las empresas puedan exonerarse hasta 1.380 euros al año (115 euros al mes) por empleado de las cuotas a la Seguridad Social si realizan aportaciones a un plan de empresa. Desde el punto de vista de los trabajadores, estos pueden realizar aportaciones por encima de las realizadas por la empresa.
El límite para las aportaciones sigue siendo de 8.500 euros anuales, pero se incorporan unos coeficientes para que el trabajador pueda aumentar su aportación si la de la empresa no alcanza el máximo. Si la empresa aporta 500 euros o menos, el trabajador podrá multiplicar por 2,5 su aportación; si el empleador aporta entre 500,01 y 1.000 euros, el trabajador podrá multiplicar por dos su aportación. En los casos en que la empresa aporte entre 1.000,01 y 1.500 euros, el empleado podrá aportar entre 1.500 y 2.250 euros al multiplicarla por 1,5. Si la aportación es superior a los 1.500, el trabajador podrá igualarla. Las deducciones fiscales por aportaciones a planes de pensiones no pueden superar los 10.000 euros, teniendo en consideración los planes individuales y los planes de empresa.
La norma que recoge la creación del fondo público de pensiones se incluye en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En él, Seguridad Social describe que el objetivo es que "la población cubierta aumente desde los dos millones de trabajadores actuales a trece millones en 2030 y hasta alcanzar el 80% de la población activa ocupada cubierta en el largo plazo; y que los activos bajo gestión, en términos de PIB, pasen de menos del 3% al 9% al final de esta década y un 18% en 2040 y un 31% en 2050". En este sentido, incide en que si "en una década se espera un 9% (en patrimonio gestionado) y en 30 años hemos conseguido el 3%" habría que analizar "qué ha fallado para no repetir los errores".
Tanto empresas como trabajadores tienen interés en este tipo de planes de ahorro para la jubilación. De hecho, incluso antes de que la norma tenga la luz verde del Senado, el sector de la Construcción ha impulsado el primer plan de empresa sectorial. No obstante, faltan por definir los aspectos clave del mismo, ya que deberán esperar a final de año para conocer los detalles del ordenamiento. El acuerdo entre la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos recoge que parte de los incrementos salariales pactados hasta 2024 se destinarán a aportaciones al plan de pensiones.
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