El Gobierno va a liquidar en los próximos meses los dos mecanismos de ajuste sobre el gasto en pensiones que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en su reforma de 2013 para asegurar la sostenibilidad futura del sistema. Si el controvertido Índice de Revalorización de las Pensiones, que imponía una actualización anual de las prestaciones de los pensionistas del 0,25% mientras el sistema no saliera de los números rojos, ya había sido desactivado 'de facto' en 2018 por el propio Gobierno del Partido Popular y tenía los días contados después de que el Grupo Popular decidiera respaldar su eliminación en el Pacto de Toledo hace ya más de un año; el Ejecutivo ha tomado ahora la decisión de eliminar también el llamado 'factor de sostenibilidad', el mecanismo de ajuste aprobado en 2013 y vigente en la mayoría de los países europeos que acomoda la pensión inicial de los beneficiarios de pensiones públicas a su esperanza de vida al objeto de asegurar un funcionamiento más equitativo del sistema, según aseguran a La Información fuentes parlamentarias.
El factor de sostenibilidad, aceptado y aplaudido por la mayoría de los expertos como la principal alternativa para modular el inexorable incremento del gasto en pensiones en el futuro sin erosionar el poder adquisitivo de los beneficiarios, se basa en el principio de equidad intergeneracional y de contributividad. A grandes rasgos su objetivo es acomodar de forma automática la cuantía de la prestación pública a los años durante los que se va a disfrutar ésta, de modo que en ausencia de ajustes de la edad legal de jubilación la pensión inicial se reduzca tanto como la esperanza de vida aumente.
Su lógica de funcionamiento parte de que dado que cada vez vivimos más años, los jubilados percibirán la pensión durante un periodo más prolongado, lo que obliga a reducir su cuantía mensual para equiparar la pensión total de distintas generaciones, con expectativas de vida distintas.
Hace alrededor de dos años la existencia del mecanismo no incomodaba al hoy ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El célebre informe de opinión sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) - entonces presidida por Escrivá-, que vino a desafiar el consenso de los expertos sobre la insostenibilidad a futuro del sistema en ausencia de reforma drásticas y apuntaló la idea de que éste podría ser viable solo exprimiendo al máximo el kit de herramientas dispuesto por la reforma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, sostenía sus proyecciones sobre el gasto futuro del sistema público de pensiones con un escenario de mantenimiento del factor de sosteniblidad.
El ministro, sin embargo, parece haber cambiado de opinión. Fuentes del Pacto de Toledo confirman que la posición de Escrivá sobre el asunto se ha ido inclinando poco a poco en los últimos meses hacia el planteamiento defendido por Unidas Podemos, que aboga por una derogación total de la reforma del PP y por llevarse por delante no sólo la pieza de caza mayor del Índice de Revalorización de las Pensiones - para reimplantar el IPC como mecanismo de actualización de las pensiones públicas - sino también el factor de sostenibilidad. En sus comparecencias ante la Comisión desde que es ministro, José Luis Escrivá se ha ocupado de minimizar la importancia del 'factor de sosteniblidad' como mecanismo de ajuste del sistema de pensiones, subrayando que según los cálculos de Airef apenas restaría seis décimas del PIB al gasto del sistema a largo plazo, frente a los 2,9 puntos de ahorro que se podrían obtener con las reformas paramétricas previstas en la reforma de las pensiones de 2011.
Se da la circunstancia de que el factor de sostenibilidad de las pensiones puede desaparecer del cuadro sin siquiera haber entrado en vigor. El Gobierno del PP optó por modular la activación de los mecanismos de ajuste previstos en su reforma y si bien si activó de manera inmediata el mecanismo que imponía una revalorización mínima de las pensiones, del 0,25%, en tanto el sistema no saliera de números rojos; reguló la entrada en vigor del factor de sostenibilidad para el año 2019. Fue el propio Gobierno de Rajoy el que retrasó aún más su entrada en vigor hasta el año 2023, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.
No previsto en el Pacto de Toledo
La supresión del factor de sostenibilidad no ha formado parte hasta ahora, al menos de manera explícita, de las discusiones dentro del Pacto de Toledo, que por el contrario sí alcanzó hace tiempo un principio de consenso para derogar el Indice de Revalorización de las Pensiones de la reforma de 2013. La intención de PSOE, Unidas Podemos y algunas otras fuerzas políticas era introducir de forma expresa en las recomendaciones de la Comisión al Gobierno una referencia a la reimplantación del IPC como mecanismo de actualización de las pensiones. Sin embargo, en aras del consenso se ha avanzado a una fórmula más general en la que se hable de "garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas", según confirman distintas fuentes de la comisión.
Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo se reunieron ayer durante más de cinco horas para empezar a perfilar el documento definitivo de recomendaciones a partir de las aportaciones realizadas por las distintas formaciones al texto propuesto por la Presidencia de la Comisión. El Gobierno confía en que el documento esté listo antes de finalizar el mes para poder empezar a incluir alguna de sus recomendaciones ya en el proyecto de Presupuestos de 2021. Los diputados confían también en alcanzar un consenso, pero no ven demasiado viable el 'timing' del Gobierno.
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