El Gobierno sabe desde hace meses que un aspecto crítico de la 'condicionalidad silenciosa' que acompañará la transferencia de 140.000 millones de euros desde Europa con destino España es la adopción de medidas para reducir la factura de las pensiones. Descartada por indicación expresa del Pacto de Toledo la posibilidad de recortar ese gasto vía ajustes en la revalorización de prestaciones, como hizo el PP en 2013, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá se ha decantado por la opción de ahorrar mediante la aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal. No es ninguna novedad. Escrivá ha dicho en numerosas ocasiones que lo haría así. Lo novedoso es que el camino que ha elegido no será tan suave como se dijo en un principio.
Las primeras medidas que el ministro ha puesto en conocimiento de los agentes sociales - días después de que parte de su propuesta saltara a los medios y generara otro desencuentro político entre PSOE y Podemos - incluyen los incentivos a la prolongación de la vida laboral que el ministro ya había deslizado en sus comparecencias parlamentarias, pero van mucho más allá de lo que se había insinuado hasta la fecha en la penalización de las salidas prematuras del mercado de trabajo. Éstas no se limitarán únicamente a la jubilación anticipada de los trabajadores que se mueven en las bases máximas de cotización y que continúan percibiendo la pensión máxima aún jubilándose hasta dos años antes de la edad legal, como ya anunció Escrivá en el Congreso, sino que se extienden a la jubilación parcial y a los mecanismos de jubilación forzosa pactados en la negociación colectiva.
La propuesta de Seguridad Social augura curvas. Desde los sindicatos ya se avanza que se trata solo de un borrador y que hay mucho que pulir en esa propuesta, que apunta a algunos aspectos críticos de la concertación social entre sindicatos y empresarios como los acuerdos de prejubilaciones o las jubilaciones forzosas a los 65 años para sostener el ecosistema de las plantillas en determinadas empresas, y tanto Unidas Podemos, de una forma más explícita, como un sector del Partido Socialista observan con inquietud un planteamiento que podría traducirse en un recorte de las pensiones, cuyo precio político no parecen dispuestos a pagar. Fuentes de la formación morada auguran incluso que la de las pensiones será la gran batalla política de la primera mitad de 2021.
Jubilarse antes de los 65, una excepción
Lo que dicen las estadísticas es que en torno a uno de cada seis jubilados han empezado a percibir su pensión antes de alcanzar la edad legal de jubilación - a partir de 2021 será de 66 años para los que hayan cotizado menos de 37 años y 3 meses y de 65 años para los que acrediten carreras laborales más prolongadas -; que más del 60% de éstos pusieron fin a su vida laboral de manera voluntaria y que, además, su pensión media es sensiblemente superior a los que se jubilan a la edad legal. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha concluido que esto es así porque el sistema no penaliza suficientemente el abandono prematuro del mercado laboral, especialmente en el caso de los trabajadores por cuenta ajena de rentas más altas.
La propuesta de Escrivá en este sentido, según confirman las fuentes del diálogo social consultadas, es establecer una cautela legal para impedir que nadie se pueda jubilar antes de la edad legal sin ver penalizada su pensión. La medida pretende atacar la situación, que Escrivá ve como una distorsión, de que las personas que han cotizado la mayoría de su carrera laboral en las bases máximas puedan jubilarse antes de la edad legal percibiendo la pensión máxima. Esto es así porque los coeficientes reductores previstos en la ley (de entre el 7% y el 8% anual) actúan sobre la base reguladora de la pensión, no sobre la prestación a la que se tiene derecho en sí, y como quiera que esa base se sitúa holgadamente por encima de la pensión máxima del sistema, su aplicación efectiva no impide a esos trabajadores disfrutar de esa pensión máxima.
La medida no goza ni mucho menos del consenso de los agentes sociales. UGT la apoya, pero CCOO la contempla con más reservas, no sólo porque violenta el principio de contributividad del sistema - al final esos trabajadores tienen derecho a la pensión máxima porque han aportado al sistema mucho más de lo que van a recibir - sino porque supone un problema para decenas de miles de trabajadores prejubilados, que podrían ver modificadas las condiciones con las que salieron de sus empresas por una reforma legal posterior.
La propuesta del Ministerio también pretende modificar, como adelantó Cinco Días, las condiciones de las jubilaciones anticipadas por la realización de trabajos especialmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres - mineros, ferroviarios, trabajadores del mar...- en el sentido de hacer más estrictos los requisitos de acceso y plantear garantías para evitar situaciones fraudulentas.
Coto a las jubilaciones parciales y por convenio
Seguridad Social prevé actuar en el campo de las jubilaciones parciales que se han convertido 'de facto' en un cauce para adelantar la edad de jubilación sin las penalizaciones previstas en la ley. Este mecanismo se ideó para habilitar una canal de abandono progresivo del mercado de trabajo y permite reducir la jornada laboral durante los últimos años de actividad con una rebaja proporcional de salario que se ve compensada por la percepción de una parte de la pensión de jubilación. Lo que sucede en realidad es que en muchas ocasiones el mecanismo no se utiliza para ir reduciendo poco a poco la carga laboral de los trabajadores de mayor edad y facilitar su relevo por otros más jóvenes que vayan aprendiendo el oficio, sino que las jornadas que le corresponde realizar al trabajador las concentra en los primeros meses y así puede jubilarse antes sin sufrir ninguna penalización en su pensión. Escrivá quiere restringir esta posibilidad y obligar a que los trabajadores acogidos a esta fórmula tengan actividad laboral hasta el momento de llegar a la edad legal de jubilación para garantizar que el mecanismo atiende al espíritu para el que fue creado
Otra de las medidas que va a generar un agitado debate en la mesa de diálogo social es la posible suspensión de la habilitación a los convenios colectivos para disponer la jubilación forzosa en el momento en que los trabajadores alcancen la edad legal de jubilación en los sectores que regulan. Dicha habilitación fue suspendida por el Gobierno de Mariano Rajoy al poco de llegar al poder en 2012 y posteriormente fue recuperada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez en 2019 con el respaldo de sindicatos y empresarios, como mecanismo para facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas en sectores industriales especialmente envejecidos.
Escrivá pretende volver a sacar esa medida del marco regulatorio, planteando eso sí que se respeten los acuerdos firmados en los convenios ya vigentes, de modo que sólo afectaría a los nuevos convenios que se firmaran. El objetivo es no poner trabas a los trabajadores que pretendan prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, un ámbito que es el otro gran vector de actuación que plantea su propuesta, con el establecimiento de incentivos mucho más atractivos que los actuales para los trabajadores que decidan seguir trabajando más allá de los 65 o 66 años.
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