El Gobierno está más cerca de lo que parece de alcanzar un acuerdo con los trabajadores autónomos para que empiecen a cotizar por sus ingresos reales. Mientras públicamente el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, ha empezado a deslizar que en el Ministerio están abiertos a flexibilizar los plazos para el despliegue del nuevo sistema, entre bambalinas lleva semanas negociando con las principales asociaciones vinculadas a los sindicatos y las posiciones empiezan a aproximarse en torno a un planteamiento. E incluso estarían ultimando un preacuerdo, a falta de cerrar algunos flecos que quedan pendientes para la próximas semanas.
La propuesta que ha tomado forma en estas discretas negociaciones, a la que ha tenido acceso La Información, plantea 13 tramos de rendimientos y cuotas de entre 240 euros y 600 euros al mes, en función de los ingresos mensuales, que aplicarían ya en el año 2023. Fuentes implicadas en las negociaciones avanzan, además, que el Ministerio ha dado un giro en el planteamiento consensuado con los agentes sociales y con Bruselas y que busca ahora cerrar una reforma para los próximos tres años y negociar más adelante las cuotas que operarían a partir de 2025. La delicada situación económica provocada por la guerra en Ucrania ha impactado de lleno en la negociación de una de las reformas clave del sistema de las pensiones comprometidas con la Comisión Europea y el Gobierno prefiere centrarse ahora en los años más inmediatos y gestionar después el largo plazo.
Desde varias de las asociaciones de trabajadores autónomos directamente involucradas en las negociaciones que se están manteniendo en la más absoluta discreción durante las últimas semanas matizan que el Ministerio no ha hecho una propuesta formal en la mesa de negociación oficial, pero sí aseguran que esta misma semana les han remitido una nueva oferta a través de contactos bilaterales. Mientras, desde el otro lado, fuentes oficiales del departamento que pilota José Luis Escrivá no se hacen responsables de ninguna propuesta oficial y mantienen la habitual discreción respecto a este tipo de negociaciones cruciales abiertas. Lo que sí empieza a tomar forma es la idea de aprobar ahora una reforma temporal para cumplir el hito comprometido con las autoridades europeas y abordar más adelante la reforma total del Régimen Especial de Autónomos, que inicialmente estaba planteada para implantarse paulatinamente durante los próximos 9 años.
Desde la Unión de Autónomos UATAE reconocen "contactos bilaterales dentro de la relación normalizada que tenemos con el ministerio". "Hemos recibido la propuesta esta semana y estamos valorándola", añaden. Para matizar que "no hay ningún avance sobre la proximidad o no de un acuerdo, ni elementos para pensar que será inminente". "Seguimos con la negociación abierta y nuestra posición sigue siendo que el nuevo sistema debe suponer una rebaja sustancial de la cuota para los tramos inferiores y medios, mejorar la protección del conjunto del colectivo y avanzar hacia una convergencia con el régimen general, que es el compromiso del Pacto de Toledo", concluyen.
Al inicio de las negociaciones, el ministro José Luis Escrivá planteó un esquema de 13 tramos con cuotas de entre 282 euros y 352 euros en 2023, que pasarían a 184 euros y 1.267 euros al final del periodo de despliegue de la reforma, en 2031. En el transcurso de las reuniones con los autónomos ha ido modificando su propuesta, retocando las cuotas arriba y abajo en función de los ingresos reales de los trabajadores e incluso eliminando tramos. Pues bien, tras estas últimas semanas de negociaciones la opción que está aglutinando más consensos pasa por volver a los 13 tramos iniciales, pero ahora se está planteando aplicar de inmediato unas cuotas considerablemente más elevadas de las que se esbozaban al principio de las negociaciones para los autónomos que más ganan, a cambio de reducir las aportaciones de los que menos ingresan a final de mes.
De acuerdo con la propuesta que se está negociando con las asociaciones de trabajadores autónomos vinculadas con los sindicatos -ATA, ligada a la patronal CEOE, se ha quedado fuera de estas negociaciones-, la cuota bajaría en 2023 para todos aquellos autónomos que ingresen menos de 1.500 euros mensuales, que pasarían a pagar menos de los 294 euros de cuota mínima actual, mientras subiría para todos los que tengan ingresos superiores. La cuota mínima se situaría en un rango entre 240 y 250 euros (aún está por concretar) y la máxima, en 600 euros. A partir de los 1.700 euros de ganancias el salto es considerable, ya que de 294 euros se pasaría a pagar unos 540 euros, cantidad que se mantendría durante varios tramos, para escalar a los 600 euros a partir de los 2.760 euros de ingresos.
A partir de los 1.700 euros de ganancias los autónomos tendrán que pagar entre 540 y 600 euros de cuota
La propuesta para 2023 reduciría las cuotas de los que ganan menos de 1.700 euros (el nivel de ingresos que divide la tabla en dos) respecto al planteamiento inicial que trasladó el Ministerio a los agentes sociales en enero de este año, si bien elevaría considerablemente las de los que ingresan cantidades mensuales por encima de ese nivel. Concretamente, el planteamiento inicial de Escrivá para el próximo año era que los autónomos que ganan más de 1.126 euros pagaran todos lo mismo: 352 euros. Ahora, a partir de los 1.700 euros de rendimientos se están planteando cuotas muy superiores y diferenciadas, de entre 540 y 600 euros mensuales. Es decir, se elevaría la cuota máxima que se ofreció en los primeros compases de las negociaciones hasta un 70%. Siempre de acuerdo con el documento al que ha tenido acceso este medio y que podría sufrir modificaciones.
Beneficia a más de dos millones de autónomos
Según cálculos elaborados por La Información, de quedar en términos similares el sistema que se está negociando, algo más de dos millones de autónomos saldrían beneficiados de la reforma. Al menos, en 2023, cuando ahorrarían dinero respecto a lo que están pagando de cuota de autónomos en la actualidad. Fuentes conocedoras de las negociaciones que se están llevando a cabo a través de contactos discretos y bajo el más estricto secreto de sumario revelan a este medio que las partes están valorando la opción de mantener las cuotas que se fijen para el año que viene también en 2024 y 2025, y volver a sentarse después a negociar el resto del periodo de despliegue de la reforma. Pero ese apartado todavía no está cerrado.
El mantener las cuotas en 2023, 2024 y 2025 podría ser una forma de flexibilizar la entrada en vigor de la norma, tal y como sugirió recientemente el número dos de Escrivá, y favorecería a los autónomos con menores rendimientos. Al mismo tiempo, de manera inmediata supondría un duro golpe para todos aquellos que están en la parte alta de la tabla, que pasarían de pagar 294 euros al doble, si llegan a esos 600 euros. Sin embargo, mantendrían fija esa cuota durante tres años, mientras la intención inicial del Ministerio era incrementársela año a año hasta alcanzar un máximo de 1.267 euros en 2031, cuando está previsto que la reforma esté desplegada.
En principio, la negociación se está centrando en estos primeros años más inmediatos, si bien se están proyectando también las opciones hasta 2031. En cualquier caso, la reforma, tal y como está planteada, implicaría una importante subida de cuotas para muchos autónomos que se verían obligados a hacer un mayor esfuerzo contributivo con el nuevo sistema de cotización. Concretamente, según los cálculos elaborados por este medio, en torno a un millón de trabajadores autónomos tendrían que soportar un incremento de su cuota de entre 240 y 300 euros el año que viene. Todo, si sale adelante la reforma en los términos en los que se está negociando.
El Ministerio acumula más de una veintena de discretos contactos y reuniones mantenidas con distintas asociaciones de trabajadores autónomos y está próximo a cerrar un acuerdo que, en principio, nacerá cojo, ya que ATA no está participando en estas conversaciones. La organización vinculada a la CEOE, que ha venido rechazando las distintas propuestas de Escrivá y ha pedido retrasar la reforma a 2025 ante la difícil situación que atraviesan los autónomos, se quedaría fuera del pacto, que sería rubricado por UPTA -vinculada a UGT- y UATAE -ligada a CCOO- así como por las propias organizaciones sindicales más representativas del país. En cualquier caso, al margen de las negociaciones extraoficiales, la mesa formal sigue abierta y está previsto que se convoque después de Semana Santa.
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