La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo vendió en su momento como una decisiva medida de alivio fiscal para 3,5 millones de actores económicos - pyme y autónomos con una facturación inferior a 600.000 euros anuales - que aspiraba a inyectar en su castigada tesorería algo más de 3.500 millones de euros. Se trataba de dar la posibilidad a las pyme y autónomos de esas características de aplazar hasta seis meses el pago de los impuestos a sustanciar entre los meses de marzo y mayo, los cuatro primeros meses sin abonar penalización alguna y los dos restantes pagando los correspondientes intereses de demora.
El pasado 20 de septiembre venció el plazo en el que las empresas y profesionales que se acogieron a esta medida podían pagar sin tener que afrontar penalización alguna. Hacienda no oculta que esperaba unos ingresos masivos en octubre por esta circunstancia. Sin embargo, los datos no respondieron a las expectativas. Las cifras oficiales proporcionadas en el último informe mensual de recaudación publicado por la Agencia Tributaria desvelan que solo en ese mes Hacienda recuperó 604 millones de euros de los impuestos aplazados aprovechando la medida gubernamental, pero también que en esa cuenta permanecían todavía al cierre del mes de octubre cerca de 1.350 millones de euros, cerca de un 40% del total de aplazamientos que previó la ministra de Hacienda cuando presentó la medida.
Los datos apuntan a que el problema se concentra en el segmento de los autónomos. De los 1.348 millones de euros aplazados gracias al cauce extraordinario aprobado por el Gobierno y aún no pagados al cierre del mes de octubre, sólo 118 millones correspondían al Impuesto de Sociedades mientras que 572 millones de euros se asociaban el IRPF. La parte del león de los impuestos aplazados y aún impagados afecta al IVA, donde la Agencia Tributaria registra unos ingresos pendientes por aplazamientos de 642 millones de euros.
Para las pymes y autónomos que aún no han devuelto los impuestos aplazados - podían aplazar hasta 30.000 euros -esto significa, básicamente, que ya se ha activado el contador de los intereses de demora y que éstos empezarán a cargar la factura fiscal pendiente a un coste de un 3,75% anual. Ricardo Perpiñán, portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Aefiget), interpreta esta situación como la prueba del nueve de la delicada situación financiera en que se encuentra buena parte del tejido productivo y considera que si a estas alturas no han pagado los impuestos que aplazaron allá por el mes de abril es porque no tienen la tesorería suficiente para atender sus obligaciones.
Fuentes de la Agencia Tributaria, por el contrario, quitan hierro a la situación. Aseguran que no es extraordinario que autónomos o empresas de pequeño tamaño opten por dilatar el pago de sus impuestos, aún devengando intereses de demora, por una cuestión de estrategia de caja y afirman que sus previsiones son que la mora en los aplazamientos concedidos en los primeros compases de la crisis sanitaria sea similar a la que existe habitualmente en el pago de impuestos.
Desde el otro lado de la trinchera las cosas se ven muy diferentes. Ricardo Perpiñán asegura haber tramitado un buen número de solicitudes de clientes para prolongar el aplazamiento concedido por Hacienda durante un tiempo más "porque sencillamente no pueden hacer frente a los pagos". También da cuenta de casos de contribuyentes que han preferido pedir una ayuda o solicitar un crédito bancario para quitarse de encima la deuda fiscal y evitar que esta crezca y crezca en los próximos meses a golpe de intereses de demora y recargos por pago fuera de plazo.
Recuerda en este sentido que el aplazamiento extraordinario aprobado por decreto por Hacienda en el mes de marzo venció el pasado 20 de noviembre y que esa fecha marca el punto de arranque para que la Agencia Tributaria comience a enviar providencias de apremio para solicitar el pago de las deudas pendientes, un trámite que añade un sobrecoste más en forma de recargo del 10% sobre el principal y los intereses de demora acumulados.
"La factura fiscal por intereses y recargos no es el único problema", advierten Perpiñán. "En el momento que entras en esta espiral el mayor problema es que la Agencia Tributaria no te extiende la carta de estar al corriente de pago de tus obligaciones fiscales, lo cual tiene consecuencias demoledoras para el negocio, ya que afecta a la relación con los proveedores" y también a la posibilidad de concurrir a concursos públicos. "Esto es esencial para el normal funcionamiento de las empresas", explica y, en su opinión, probablemente empujará a las pyme y autónomos que tengan acceso a vías de financiación a tirar de ellas para evitar verse en esa tesitura. Las deudas fiscales que no se hayan pagado a mes de noviembre, advierte, serán difíciles de recuperar porque serán de empresas y autónomos que directamente no tiene capacidad de pago.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios