El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social decidió que sus presupuestos para el año 2021 sólo recogerían el impacto presupuestario de las medidas que estuvieran ya en vigor en el momento de su aprobación, de modo que algunos de los elementos con mayor potencial para disparar la cuenta de gastos del sistema tienen una incidencia mínima en el marco presupuestario para el año 2021. Es el caso de la cobertura de las bajas por Covid, que en 2020 ha pasado un factura de 1.580 millones de euros, pero que en las cuentas para 2021 solo cuenta con una partida de 51 millones, y también el de las prestaciones extraordinarias por el cese de actividad de los autónomos, cuya cobertura generó el año pasado un coste de 5.790 millones y para la que solo se han reservado este año 521 millones, lo que se preveía gastar hasta el 30 de enero en que estaba fijada su fecha de caducidad.
Los problemas de esta singular forma de presupuestar han tardado poco en aflorar. Seguridad Social ha cerrado esta semana un principio de acuerdo con los sindicatos para prorrogar hasta el 31 de mayo la efectividad de esta última prestación, la que da cobertura a los autónomos que se han quedado sin trabajo por el impacto de la pandemia, y ahora se encuentra con que no dispone de respaldo presupuestario para afrontar los 2.000 millones de euros, que según el propio titular del ministerio, José Luis Escrivá, costará mantener esta prestación hasta el fin del próximo mes de mayo. Los 521 millones previstos en los presupuestos cubrían únicamente la factura del mes de enero por lo que ahora deberá ser el Estado el que ponga sobre la mesa los 2.000 millones necesarios para llevar uno de los elementos clave del llamado 'escudo social' hasta el fin del estado de alarma.
A esta cuenta se podría añadir también el caso de los ERTE, que no afectan a la cuenta de costes de la Seguridad Social -ya que la parte del gasto en prestaciones la asume el SEPE, un organismo autónomo- pero sí detraen recursos de los ingresos previstos en cotizaciones por las exoneraciones a empresas y trabajadores previstas en el instrumento. Desde Seguridad Social se argumenta que se trata de contingencias excepcionales, cuya cobertura financiera está garantizada en cualquier circunstancia por el Estado y cuyo efecto sobre las cuentas de la Seguridad Social debería ser al cabo neutro, ya que el gasto extra que generen se compensará con ingresos extraordinarios por parte del Estado. Y puede que sea así, pero la consecuencia de esta forma de presupuestar es que aún no ha terminado el mes de enero y las cuentas de la Seguridad Social son ya papel mojado.
La cuantía de la derrama que tendrá que afrontar el Estado para garantizar el pago tanto de estas prestaciones como de los ERTE será más elevada porque habrá que sumarle la parte de los 5.000 millones de euros que costará la prórroga de este instrumento que se corresponda con las exoneraciones de cuota previstas en los mismos. Ya se sabe que en los ERTE, una parte la paga el SEPE (las prestaciones) y otra la Seguridad Social (las exoneraciones).
El colchón de los fondos europeos
El Gobierno cuenta con un cierto colchón para que este gasto extra no presupuestado no descuadre las ya frágiles cuentas públicas. El hecho de que Seguridad Social contará con las transferencias del Estado para enjuagar cualquier posible gasto extraordinario vinculado al 'escudo social' no quiere decir que el Estado tuviera presupuestada esta contingencia y de hecho no hay ninguna partida específica a este efecto.
Con lo que sí cuenta el Ejecutivo es con los más de 11.000 millones de euros que tuvo la prudencia de reservar de los 21.325 millones que le llegaron el año pasado de Europa dentro del fondo 'Sure', con el que la Comisión Europea financia los instrumentos nacionales para evitar la destrucción masiva de empleo en el actual contexto de crisis. Esos más de 11.000 millones marcan el margen de maniobra que tiene el Gobierno para prolongar su 'escudo social' sin necesidad de tener que recurrir a la emisión de nueva deuda pública y en el Gobierno los consideran más que suficientes. De momento, de aquí al final del estado de alarma van a consumir más de 7.000 millones de euros de ese margen y el Gobierno construyó sus cuentas sobre la base de que no tendrían que gastar más recursos en la red de seguridad creada por la pandemia más allá de junio...
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