El Gobierno espera que la Unión Europea consensue una decisión sobre limitar los precios energéticos en el mercado mayorista. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya se ha pronunciado a favor de "topar el alza de los precios de la energía cuanto antes" para hacer frente a lo que ha calificado como "chantaje energético de Putin". Y es que el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes ha llevado a la tasa interanual del índice de precios al consumo (IPC) de febrero hasta el 7,6%, la cifra más alta desde 1986. Moncloa busca soluciones a nivel europeo aunque la situación en España está más tensionada que en otros países, al situarse la inflación casi dos puntos por encima de la media europea.
Los precios del mercado mayorista "se transmiten más rápido que en otros países a las facturas de la luz de las familias y las empresas", tal como ha reconocido la vicepresidenta. Por ello, aunque la crisis energética es un problema global afecta de forma más intensa a España y esto se refleja en datos como el del IPC. Según Diego Rodríguez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid e investigador y director del área de economía digital y energía de Fedea, "la clave está en la electricidad". Rodríguez explica que, "todos los países europeos tienen una dependencia similar del petróleo, en el caso del gas, la dependencia de Alemania con respecto al gas ruso es mayor". Por ello, cree que la electricidad y la repercusión de los precios de esta sobre los consumidores es más moderada en Francia o Alemania que en España. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el precio de la electricidad ha subido un 80,5% desde febrero de 2021.
Rodríguez también señala al cálculo del IPC como uno de los factores a tener en cuenta. Cabe recordar que el INE sigue trabajando con las compañías eléctricas para lograr una forma de incorporar los precios del mercado libre a la cesta de la compra. Tras un primer intento, Estadística consideró que la información disponible no era suficiente para este objetivo. En este sentido, el investigador de Fedea cree que "puede haber un problema de medición" al no tener en cuenta el mercado libre, como sí sucede en otros países europeos. En la actualidad, el 40% de los consumidores forman parte del mercado regulado, frente al 60% del mercado libre.
España afronta el debate sobre topar los precios mayoristas desde un punto de partida más complejo que otros países. Algunos analistas dan por hecho que la inflación alcanzará los dos dígitos en los próximos meses y no descartan que se sitúe alrededor del 6 o el 7% de media anual. El Banco Central Europeo (BCE) cree que los precios crecerán un 5,1% este año, frente al 3,2% que estimó en diciembre. "En España, los precios ya están dos puntos por encima de esa estimación, por lo que probablemente la media anual se sitúe alrededor del 7%", explica Diego Rodríguez. Coincide en los cálculos Oriol Aspachs, director de economía española de CaixaBank Research: "Si los precios de la energía acaban manteniéndose alrededor de las elevadas cotas a las que apuntaban los mercados de futuros, la inflación podría situarse en torno al 7% en el promedio del año".
Según los últimos datos de Eurostat, la inflación de la Eurozona alcanzó en febrero el 5,8%, muy por debajo de la cifra registrada en España. El IPC interanual en Alemania en el segundo mes del año fue del 5,5%, en Francia, del 4,1% y en Italia, del 6,2%. La inflación fue del 4,4% en Portugal, también por debajo de la registrada en España. Teniendo en cuenta estas cifras, desde CaixaBank creen que "tendrá un coste fiscal que, probablemente, implicará una nueva suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2023". De momento, la Comisión Europea ha dejado esa puerta abierta y se pronunciará en primavera, una vez publique las previsiones macroeconómicas de los estados miembros de la Unión Europea.
A nivel nacional, las cifras de inflación tendrán una repercusión tanto en el cuadro macroeconómico, que el Gobierno revisará a finales del próximo mes, como en el gasto público que se deba asumir en 2022, tal como explicó este periódico. La revalorización de las pensiones en relación al IPC aumentará considerablemente si los precios de la energía y también las materias primas empujan la inflación hacia el 7% de media. Desde la división de estudios de CaixaBank calculan que por cada incremento de 10 dólares anuales que sufra el petróleo y 30 euros anuales de media que lo haga el gas, el producto interior bruto (PIB) español perderá medio punto porcentual de crecimiento. No obstante, el catedrático de la Complutense considera que la inestabilidad de los precios no permite hacer cálculos tan precisos.
Por último, el director de economía digital y energía de Fedea, Diego Rodríguez, subraya que el riesgo inflacionista para Europa excede la energía y pone el foco sobre las materias primas. En el caso de España, el sector agroalimentario ya ha encendido las alarmas sobre las importaciones de cereales y aceite de girasol con origen en Ucrania. Este viernes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró el abastecimiento y afirmó que se trabaja para encontrar nuevos proveedores de maíz. No obstante, la alimentación es otro de los grupos que conforman el IPC donde se están viendo mayores incrementos de precios, en el último año, han variado un 5,6%.
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