A estas alturas a nadie le cabe duda ya de que el Gobierno de España cree que se necesitan más impuestos. Más impuestos en España...y más impuestos en Europa. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha sumado con entusiasmo a la propuesta de la Comisión Europea de sufragar vía impuestos la factura extra que le generarán al presupuesto comunitario tanto las crecientes necesidades de recursos propios que le exigirá el Plan europeo de Reconstrucción como la retribución de los títulos de deuda que se emitirán para pagar los préstamos a los países más afectados por la Covid-19. No es la única opción sobre la mesa: los países tienen que pronunciarse- la decisión aún no está tomada - sobre si prefieren pagar ese sobrecoste con los improbables eurobonos, con un incremento de las aportaciones nacionales al presupuesto europeo o a base de impuestos. El Gobierno ya ha dado su respaldo esta última opción, según aseguran fuentes comunitarias.
El posicionamiento de España, respecto del que tanto el Ministerio de Hacienda como la Vicepresidencia de Asuntos Económicos han declinado pronunciarse, tiene su incidencia. El planteamiento realizado por la Comisión, ya conocido, pasa por disponer una especie de 'pack fiscal' que deberá ser desarrollado a nivel interno por los países - no existe una Administración Fiscal Europea- pero cuyos rendimientos revertirán en el Presupuesto Europeo. La figura más novedosa del 'pack' es la implantación de un nuevo impuesto sobre grandes multinacionales, que gravará la mera actividad de las mismas dentro de la UE bajo el argumento de que sólo por operar en el Mercado Único ya se benefician de importantes ventajas.
El gravamen está por construir y quedan por decidir asuntos tan centrales como si se pagará por el volumen total de facturación de la empresa o por los beneficios obtenidos en el Mercado Único, según se ha reconocido desde la Comisaría Europea de Presupuestos, Johannes Hahn, pero sí se sabe que afectará a unas 70.000 compañías, que el objetivo es obtener 10.000 millones de euros y que se aplicará a todas las multinacionales que operen en la UE y tengan más de 750 millones de euros de facturación. Según las fuentes estadísticas de la Agencia Tributaria, en España la cifra de empresas que facturan por encima de ese umbral está en el entorno de las 200. Son 134 si se toman los datos de los informes país por país, que deben cumplimentar las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros, pero se sitúan en torno a las 200 si se toma la información de la cuenta anual del Impuesto de Sociedades.
Los disputados ingresos de la 'tasa Google'
La perspectiva para esas 200 empresas es de una subida fiscal más o menos inmediata a nivel nacional en cuanto el Gobierno tenga la oportunidad de sacar adelante su reforma del Impuesto de Sociedades y de otra aportación extra al presupuesto comunitario algo más adelante si el 'pack' fiscal planteado por la Comisión Europea sale adelante. El asunto, además, encierra alguna que otra incertidumbre para las empresas, según ponen de manifiesto varios expertos en fiscalidad consultados por La Información. La normativa española en materia fiscal no permite impuestos finalistas y, por tanto, no permite afectar la recaudación de una figura determinada a un fin específico, aunque éste sea la financiación del presupuesto europeo. "Habrá que ver cómo se articula. Como punto de partida se tendrá que desarrollar en la normativa española - como ha ocurrido con la tasa Google a pesar de existir un estándar europeo - y veremos si se ajusta la figura a la recaudación requerida por Europa...o va más allá", desliza uno de los fiscalistas consultados, poniendo como referencia lo ocurrido con el impuesto digital, en el que España modificó el modelo europeo.
Otro efecto relevante que se producirá si prospera la propuesta fiscal de la Comisión que respalda España es que el Gobierno se quedará a medio plazo sin los ansiados ingresos del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la célebre 'Tasa Google' que ya se está tramitando en el Congreso. Hasta la fecha el Ejecutivo ha incluido los 968 millones de euros que espera recaudar por el nuevo impuesto en todas las proyecciones presupuestarias a medio y largo plazo remitidas a Bruselas y en todos sus planes para sufragar las nuevas medidas de gasto público, las realizadas y las que están en cartera.
La propuesta de Bruselas es aplicar la recaudación - en todo o en parte - de esa figura al presupuesto comunitario hasta obtener unos ingresos de 1.300 millones de euros anuales. La maniobra dejaría al presupuesto español como mínimo sin una parte relevante de los ingresos previstos por esa figura, que si todo sigue su cauce estará operativa dentro del marco fiscal español antes de que finalice el año. Fuentes comunitarias aseguran que ha sido el propio Gobierno de España el que ha planteado incluir la 'tasa Google' dentro del pack de impuestos para financiar el fondo europeo de reconstrucción.
Hasta 35.000 millones de euros anuales
La Comisión calcula que su paquete fiscal puede proporcionar hasta 35.000 millones de euros extra al año al presupuesto comunitario. Con las aportaciones de las grandes multinacionales que operan en la UE, la fiscalización de los gigantes tech y también una aplicación más intensiva de la fiscalidad verde, mediante la ampliación del régimen de derechos de emisión al transporte marítimo y aéreo y mediante un canon a los productos procedentes de fuera de la UE en concepto de emisiones de CO2 por fabricarse bajo unos estándares mucho menos estrictos que los existentes en la Unión Europea.
Fuentes próximas al Gobierno aseguran que desde Moncloa siempre se ha visto con buenos ojos la posibilidad de desarrollar mecanismos de recaudación europeos, que contemplan como un paso adelante hacia una mayor unión fiscal, una de las reivindicaciones históricas de España que se ha alineado con propuestas como la base imponible común en el Impuesto de Sociedades tanto con gobierno del PP como del PSOE.
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