España calcula los costes de la huelga de controladores

El desplante de los controladores aéreos españoles durante 24 horas ha costado cientos de millones de euros a los sectores turístico y del transporte aéreo, pero el coste político para un Gobierno ya muy impopular podría ser aún más alto.

La huelga ilegal de controladores a partir del viernes por la tarde paralizó los aeropuertos y dejó a centenares de miles de personas sin viaje - las autoridades aún no han concretado cuántos - en medio de un puente festivo, después de que el Ejecutivo socialista aprobase un nuevo decreto en el que regulaba sus horas de trabajo, así como la privatización parcial de la autoridad aeroportuaria, Aena.

No hay cálculos oficiales sobre el coste del paro, pero medios de comunicación han publicado que para el sector turístico podrían llegar a los 350 millones de euros, mientras que para las aerolíneas, a unos 100 millones de euros.

"Es demasiado pronto para poner una cifra al coste", dijo el domingo un portavoz de Aena.

En el punto de mira

España está en el centro de la atención de los inversores desde que Irlanda se vio forzada el mes pasado a aceptar un plan de ayuda de 85.000 millones de euros de la UE y del FMI, ante el temor a que su posición sea también precaria, algo que el Ejecutivo español niega rotundamente mientras camina por la delgada línea que separa la tranquilidad de los mercados de la reacción negativa de los españoles,

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró el primer Estado de alarma de la democracia para acabar con la protesta. Pero la militarización de las torres de control será un motivo de apuro para Zapatero de cara al exterior, en plena crisis económica.

Los mercados internacionales se asustan fácilmente ante cualquier incertidumbre y preferirían ver una reacción tranquila a medidas como la privatización parcial de Aena, con la que el Gobierno pretende ingresar 9.000 millones de euros.

Zapatero no ha aparecido en televisión durante la huelga, dejando las explicaciones públicas a Rubalcaba. El ministro mejor valorado del Gobierno prometió que la situación no volverá a repetirse, tampoco en las cercanas vacaciones de Navidad. Los controladores estarán bajo jurisdicción militar durante los 15 días del Estado de alarma, pero el Gobierno ha dicho que podría acudir al Congreso de los Diputados para pedir una extensión.

"Es un suceso de una enorme gravedad y consecuencias muy dañinas, empezando por los ciudadanos que no han podido volar, siguiendo por los intereses de las compañías y hoteleros, y la imagen de nuestro país", dijo Rubalcaba, que añadió que "se van a exigir responsabilidades".

"(El mundo tiene que entender que) Esto no va a volver a pasar, y tenemos mecanismos legales y lo hemos demostrado, para que no vuelva a pasar", agregó.

Grandes salarios en medio de la crisis

La mano dura del Gobierno fue aplaudida por toda la prensa. Los controladores son un objetivo fácil, un colectivo que gana alrededor de diez veces el salario medio, en medio de una fuerte crisis en la que uno de cada cinco trabajadores españoles está en paro, el nivel más alto de la Unión Europea.

Aunque la oposición también criticó duramente a los controladores y desde el Partido Popular se ha dicho que apoyan al Gobierno en estas medidas, también han criticado por qué no se anticiparon al desplante si preveían que iba a ocurrir, y la percepción general sigue siendo la de un Ejecutivo débil que solo actúa cuando está contra la pared.

Un despacho de abogados que dijo representar a más de 2.000 perjudicados en la plataforma de afectados por el cierre del espacio aéreo dijo el domingo que estaba estudiando demandar a los controladores pidiendo 10.000 euros por pasajero, en concepto de daños morales.

Aunque los mercados dieron a España un respiro esta semana, las subidas de impuestos, los recortes de gastos y las promesas de reforma han hundido las expectativas de voto de los socialistas, que según un sondeo publicado el domingo se situaban en el punto más bajo de la democracia.