Tal vez esta vez no haya 'hombres de negro' que aterricen cada seis meses en Barajas para chequear de primera mano el cumplimiento de las condiciones acordadas con Bruselas, como sucedió tras el rescate financiero de 2012, en lo que muchos calificaron como una intervención 'de facto' de la política económica de España, pero con otras herramientas la Comisión Europea ha dejado claro en el contrato operativo rubricado con el Gobierno que ejercerá un control estricto sobre los compromisos allí firmados para garantizar que se cumplen y que el dinero de Europa se emplea en lo que se ha acordado.
En juego los más de 50.000 millones de euros que España aún tendrá pendientes de recibir después de que Bruselas desbloquee en los próximos días el segundo tramo de 10.000 millones de euros de las ayudas vinculadas al Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La voluntad de Bruselas queda patente en los elementos más críticos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, es decir, en todo lo que tiene que ver con la reforma laboral y la de las pensiones, sobre las que la Comisión no sólo va a exigir información detallada al Ejecutivo sino que incluso va a imponer un control previo sobre sus aspectos fundamentales.
Es el caso de los futuros ERTE permanentes, en cuya definición Trabajo y Seguridad Social llevan meses trabajando con los agentes sociales, pero que Bruselas no tiene intención de avalar mientras el Gobierno no le demuestre que no se traducirán en mayor déficit público. El contrato operativo entre la Comisión Europea y el Reino de España, que ambos hicieron público este miércoles, especifica que "la reforma deberá ir acompañada de un informe 'ex-ante' del acuerdo tripartito de financiación incluido en la reforma que acredite su sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo". En otras palabras, que la Comisión analizará antes de su aprobación el mecanismo de flexibilidad laboral que el Gobierno pretende implantar para evitar que cada crisis económica y sectorial se traduzca en miles de despidos de trabajadores para chequear que no tendrá un impacto negativo sobre las cuentas públicas.
Sorprendentemente el documento rubricado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recoge que dicho informe sobre los ERTE fue remitido por el Gobierno de España a finales del pasado mes de octubre antes de que Trabajo y Seguridad Social plantearan su primera propuesta de regulación del mecanismo en el diálogo social y coincidiendo con el enganchón entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño a cuenta de las supuestas injerencias de la vicepresidenta económica en las negociaciones sobre la reforma laboral. El dato revela que el Gobierno estaría tratando el asunto con Bruselas antes incluso de empezar a negociarlo con los sindicatos y organizaciones empresariales.
No es el único aspecto de la reforma laboral en el que Bruselas ha pedido la palabra. La Comisión ha pedido un informe preliminar sobre los cambios previstos en el esquema de negociación colectiva, respecto al que Trabajo pretende recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y reinstaurar la ultraactividad derogada en 2012, así como revertir la posibilidad de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por parte del empresario. Bruselas lleva tiempo exigiendo a España un estudio sobre las "deficiencias de la legislación actual sobre la negociación colectiva" y ahora también exige a España un informe con alternativas para que esa reforma garantice un equilibrio entre la necesaria flexibilidad de las empresas y la seguridad de los trabajadores.
La reforma de pensiones, también en el punto de mira
Las cautelas de Bruselas sobre la reforma laboral alcanzan también a la otra gran reforma estructural que los funcionarios de la Comisión esperan de España: la del sistema público de pensiones. La Comisión Europea ha tenido que tragar con la reimplantación de la actualización de las pensiones conforme al IPC, de cuyos efectos perniciosos sobre la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones ha advertido en más de una ocasión, pero a cambio va a exigir que el resto de dispositivos de la reforma tengan el efecto compensatorio sobre ese sobrecoste que asegura el Ministerio de Inclusión y Seguridd Social.
En esa labor de vigilancia, la Comisión ha puesto en su punto de mira el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que José Luis Escrivá plantea como alternativa al ya derogado Factor de Sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013. Bruselas exige al Gobierno que acredite en un informe de qué modo ese mecanismo va a garantizar la equidad intergeneracional y también de qué forma se adaptará a la presión de la demografía sin reventar las costuras del marco presupuestario.
El Gobierno de España se ha comprometido con Bruselas por escrito a revisar la legislación vigente para habilitar la posibilidad de ampliar el número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión de jubilación, tal y como ya figuraba en la evaluación del Plan de Recuperación del pasado mes de junio, y a publicar un informe antes de que acabe el año 2022 sobre el impacto que las medidas de reforma del sistema aprobadas en los últimos meses van a contribuir a mejorar la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones. Esta será la verdadera prueba del nueve que tendrá que superar la reforma Escrivá para convencer a Bruselas y abrir el acceso de España a los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación.
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