El Gobierno de España anda en cuitas con Bruselas a cuenta de la compensación que recibe el operador postal público, Correos, del erario estatal por la prestación del Servicio Público Universal, que garantiza que no haya una sola localidad de la península, por pequeña y remota que sea, que quede desabastecida del servicio de correos. La Comisión Europea sospecha que la compensación que abona el Estado es mayor que el coste real del servicio y que encubre una ayuda a un operador que compite en un mercado libre y abierto a la competencia. Bruselas arrancó hace ya años una cruzada para aflorar las 'ayudas de Estado' en las transferencias que los diferentes gobiernos realizan a sus empresas y a sus sectores más regulados amparada en el principio de que el erario público no tiene por qué financiar la actividad de empresas en un mercado de libre competencia... aunque sean públicas.
El celo de la Comisión Europea no ha impedido que en 2018 las arcas del Estado hayan empleado 1.920 millones de euros en sostener las cuentas de su red de empresas, tanto las adscritas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como las que están fuera de su perímetro y dependen orgánicamente de alguno de los ministerios, según la última información que ha publicado la Intervención General de la Administración del Estado, el organismo encargado de supervisar la adecuada llevanza de los presupuestos públicos.
La cuenta agrega las aportaciones de capital del Estado a las sociedades públicas para sufragar el servicio de interés general que prestan, las inyecciones de capital para afrontar determinados proyectos de inversión que no pueden sufragar por sí mismas y también la cobertura de las pérdidas en que incurren. No hay que olvidar que en 2017, por ejemplo, 10 de las 15 empresas del entorno SEPI cerraron con pérdidas, sumando unos números rojos de más de 350 millones de euros. En 2017, el reajuste obligado por estas pérdidas abrió un déficit extra de 329 millones de euros en las cuentas del Estado; en 2018, este descubierto se ensanchó hasta los 342 millones, según los datos que acaba de hacer públicos la Intervención del Estado.
Si se amplía el foco, la fotografía que se encuentra es todavía más inquietante. La información sobre el cierre contable del ejercicio de 2018 que el Ministerio de Hacienda acaba de remitir a Bruselas desvela que el conjunto de las Administraciones Públicas se vio obligado a inyectar el año pasado 3.408 millones de euros en las empresas públicas de su titularidad para impedir su quiebra inminente.
La parte del león del respaldo estatal al tejido empresarial dependiente del Estado son las aportaciones de capital a las cuentas de las empresas públicas, que se justifican bien por compensar el servicio de interés general que prestan o para garantizar la supervivencia financiera de sociedades cuya actividad no resulta rentable para el Estado. Ahí asoman empresas como Hunosa o la antigua Izar, sin capacidad para generar los ingresos suficientes para compensar los costes generados por los compromisos de gasto -principalmente hacia los trabajadores- que tienen contraídos de aquí a los próximos años.
En 2018, esas aportaciones ascendieron a 1.578 millones de euros, que sumados a los 342 millones en reasignaciones por las operaciones de SEPI alcanzan los cerca de 2.000 millones de euros que, más o menos, el Estado pone todos los años sobre la mesa para mantener en funcionamiento los Renfe, Agencia EFE, RTVE, Hipódromo de la Zarzuela y demás sociedades dependientes del Estado. Según los datos del Ministerio de Hacienda, en 2017 la aportación que el Estado inyectó en su tejido empresarial también rondó esa cantidad (ver gráfico).
Los datos de la Intervención General señalan a Renfe-Viajeros como la compañía estatal que más recursos recibió de las arcas del Estado durante 2018. En vísperas de la liberalización del segmento de transporte de viajeros por ferrocarril, que será efectiva el 14 de diciembre de 2020, la compensación por sus obligaciones de servicio público ascendió a 921 millones de euros, cuando hace apenas tres ejercicios era de 696 millones. En segundo lugar aparecen los 385 millones de euros transferidos a la Corporación Radio Televisión Española para financiar su funcionamiento como medio de comunicación público de referencia. Ya en tercer lugar aparece Adif, que recibió 312 millones de euros para inversiones y mantenimiento de la red convencional. Una aportación que, al contrario de lo que sucede con Renfe, ha ido a la baja.
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