La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias (Seopan) ha advertido este miércoles de que España deberá invertir 103.000 millones de euros en infraestructuras medioambientales hasta 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas.
Esta inversión tendrá que ir destinada a diversas áreas prioritarias "de mejora de la movilidad, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible", apunta Seopan, que alerta de que España "sigue en mínimos históricos" de inversión pública, con el menor ratio de la Unión Europea (UE). El presidente de esta asociación de constructoras, Julián Núñez, ha opinado este miércoles en una conferencia de prensa que "la única opción viable es recuperar" el modelo concesional y ha apuntado que este modelo "está en desuso desde 2012".
Otra solución, a su juicio, es "poner en valor" los activos públicos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en concreto la red de carreteras "al igual que hacen el resto de países de la UE". Núñez ha dicho que la coyuntura de gasto y previsiones de la agenda social (pensiones, salud y educación) "no permite incrementar un 40% la inversión pública para cumplir los objetivos marcados" por la ONU para 2030.
La patronal equipara en términos de PIB la inversión pública española a la de 1980, con una volumen contratado por las administraciones públicas en 2019 de 9.890 millones, un 42% menos que en el inicio de la consolidación fiscal en 2010.
Según los cálculos de Seopan, para alcanzar los citados objetivos 2030 será "necesario" invertir en seguridad vial 2.200 millones; en agua y saneamientos 1.147 millones; en calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua 2.898 millones; en conservación de carreteras 7.000 millones y 7.650 millones más en infraestructuras de transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística.
Con respecto a la sostenibilidad de las ciudades, Seopan estima que se deberían destinar 30.776 millones a ampliar la infraestructura de transporte público; 27.034 millones a mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas; 6.000 millones a crear infraestructura verde; 6.521 millones a reducir el impacto de los residuos municipales; y 4.453 millones en servicios de alcantarillado, depuración y mejora de las vías interurbanas. Para hacer frente a los retos de desertización, se requieren, según la asociación, invertir 2.910 millones en infraestructuras y otros 938 millones para prevenir inundaciones.
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