España se compromete a dar más datos sobre sus pactos fiscales con empresas

  • El Gobierno informa a la OCDE de que condicionará sus futuros acuerdos con multinacionales a que éstas revelen los países dónde operan
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, durante su última visita a España.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, durante su última visita a España.

Las multinacionales que quieran llegar a cualquier acuerdo fiscal con Hacienda deberán dar información precisa de los países en los que operan y que pudieran resultar perjudicados por dicho acuerdo. Eso, al menos, es lo que ha transmitido el Gobierno español a la OCDE tras constatar  las críticas del organismo internacional al modo en que España ha informado de los acuerdos fiscales que firmó en el pasado y que mantiene en la actualidad con empresas multinacionales.

La OCDE ha afeado a España su renuencia a informar de las jurisdicciones fiscales que hubieran podido resultar directa o indirectamente perjudicadas por los acuerdos unilaterales firmados por la Hacienda española con empresas multinacionales.

El organismo internacional acaba de publicar los resultados país por país de un ejercicio de transparencia en virtud del cual todos los países adheridos al marco BEPS, que persigue implantar un marco fiscal común a nivel internacional para cerrar las grietas que permiten eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a las grandes empresas multinacionales, debían informar de los pactos fiscales unilaterales y confidenciales firmados con empresas multinacionales en el curso de la última década.

España reveló en el marco de este ejercicio y por primera vez la existencia de 146 acuerdos fiscales de diferente naturaleza firmados en el pasado y de otros 28 cuya vigencia aún persiste en el presente. Se trata de acuerdos previos de valoración para determinar la fiscalidad aplicable a bienes o servicios no parametrizados en la legislación española o pactos para definir el perímetro de actividad que la empresa debe declarar en España, nada de acuerdos a la carta como los que se estilan en otras jurisdicciones más flexibles, como Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo. La OCDE valoró la información transmitida por las autoridades españolas, pero afeó a España que no identificara con la diligencia debida los países que podrían resultar afectados por estos acuerdos unilaterales.

Pactos fiscales más transparentes

Los comentarios de la OCDE vienen de las quejas expresadas por alguno de los países que ha analizado la información proporcionada por España. Las quejas se referían a que en función de la información recibida por la Hacienda española resultaba complicado determinar qué jurisdicciones podrían verse afectadas por la aplicación de esos acuerdos.

España parece haber tomado nota del asunto. Y la OCDE da cuenta de ello en su informe. Asegura que las autoridades españolas trabajan en una iniciativa que obligará a cualquier empresa multinacional que quiera firmar alguno de los acuerdos antes mencionados con la Hacienda española a detallar los países en los que operan, de modo que el Gobierno disponga de la información necesaria al respecto y la pueda remitir a los países afectados, tal y como establecen los compromisos de intercambio de información alcanzados en el esquema BEPS.

Con efectos este mismo año, Hacienda se ha comprometido a remitir a los países afectados toda la información sobre los acuerdos alcanzados con regularidad semestral, como establece la Directiva Europea establecida al efecto.

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