España lleva dos años de retraso (696 días) en la transposición de la directiva sobre crédito inmobiliario. Incumple, y por tanto se expone a una multa europea de 106.000 euros diarios por cada día que el Congreso demore la aprobación del proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, aprobado en Consejo de Ministros el 3 de noviembre pasado.
Pese a que tanto el Gobierno como PSOE y Ciudadanos confían en que la norma supere todos los trámites para ser aprobada antes de verano, lo cierto es que los mensajes cruzados este martes en el Congreso auguran un proceso largo y colmado de enmiendas parciales.
Desde Unidos Podemos, el diputado Rafael Mayoral, ha defendido la alternativa presentad por su grupo parlamentario y ha acusado al Gobierno de atentar contra los Derechos Humanos en la redacción de un texto que prima a las entidades bancarias en detrimento de los ciudadanos, incrementando así la desigualdad.
España tiene abierto un procedimiento de infracción, aunque el Gobierno confía en poder aprobar la norma antes de que finalice el proceso este verano a fin de evitar una posible multa que, además, podría implicar lucro cesante.
Paso adelante. Unidos Podemos ha perdido el primer combate. Con solo el apoyo comprometido de Esquerra Republicana, Compromís y Bildu, no logra tumbar la ley Guindos, sometido este jueves a debate de totalidad.
Para superar el debate de totalidad y rechazar la enmienda de la coalición de izquierdas, el Gobierno ha contado con el respaldo de PP, Ciudadanos, PDeCAT PNV, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias, mientras que PSOE y Nueva Canarias han optado por abstenerse. La propuesta de Unidos Podemos únicamente ha contado con el respaldo de Esquerra Republicana, Compromís y EH Bildu.
El Congreso decidirá
Sin embargo, la oposición ha forzado que la tramitación parlamentaria de la norma tenga que acabar en el Pleno del Congreso antes de ser remitida al Senado, y no en la Comisión de Economía, como querían PP, Ciudadanos y CC. Ello exigirá al PP buscar más apoyos dada la diferente aritmética parlamentaria de las dos instancias.
La nueva norma, una revisión vaga que solo modifica 15 apartados de la anterior legislación, tiene por delante una tramitación prolongada, por las múltiples enmiendas parciales que habrán de debatirse sobre contenido, según han ido avanzando los distintos grupos parlamentarios en la oposición.
Carne de tribunales
Los puntos oscuros de la ley, denunciados por distintas organizaciones de consumidores y usuarios como Adicae y OCU, la llevarán de cabeza a los tribunales, según ha criticado a su turno los parlamentarios de la oposición que han intervenido en el debate.
Una de esas claúsulas a los que la organización Adicae califica de “trampas”, se refiere a los intereses que el hipotecado debe abonar por impago de sus cuotas. La jurisprudencia del Supremo, según sus últimas sentencias, contempla como abusivo cualquier interés de demora que supere el resultante de aplicar dos puntos al tipo pactado en contrato.
Dación en pago
La dación en pago queda fuera de la tramitación legislativa. Ni el proyecto de ley elaborado por el Gobierno ni el texto alternativo de Unidos Podemos, tumbado este martes en el Congreso, la contemplan.
Este ha sido el principal motivo esgrimido por Pedro Saura, portavoz económico del PSOE en el Congreso para votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el partido morado.
Pedro Saura ha criticado que el texto de Unidos Podemos no resuelva las carencias del proyecto de ley del Gobierno e incluso desproteja más al consumidor, y ha dicho que tampoco menciona la dación en pago, por lo que ha pedido que la norma incluya una autoridad independiente de defensa del consumidor financiero para poner sanciones.
La nueva ley hipotecaria haría de este modo caso omiso a los pronunciamientos del Supremo en varias sentencias y empeoraría la ley actual. La norma hipotecaria que ahora se quiere mejorar, en su art. 114, habla de que el interés de demora "no podrá ser superior" a tres veces el tipo legal. Es decir, es un máximo. Con la nueva ley que propone Guindos, se establece este límite máximo como el aplicable en todos los casos de impago.
Actualmente, los bancos pueden decretar el vencimiento anticipado de un préstamo y ejecutar la hipoteca a partir del tercer mes de impago, un umbral que el Gobierno eleva hasta el 2% del préstamo, intereses incluidos, o nueve cuotas durante la primera mitad del contrato, y el 4% o doce mensualidades en la segunda.
Incentivo al interés fijo
Para cambiar un préstamo hipotecario con interés variable a uno fijo, la comisión máxima de reembolso anticipado para una renovación o cambio de entidad en la que se pacte un tipo fijo será del 0,25% en los tres primeros años, y a partir de entonces desaparecerá.
Adicae también critica que el incentivo de las hipotecas a tipo fijo “va en detrimento de los consumidores almondándose al intento de la banca de reconducir todas las hipotecas posibles a tipos fijos, mediante tópicos engañosos cuando no engaños como los tipos mixtos”.
La organización también considera que ayuda al sector a evitar el cumplimiento de la jurisprudencia, española y europea, que ha reconocido y clarificado el abuso sistemático en materias como cláusulas suelo, intereses de demora, vencimiento anticipado o gastos de formalización de hipotecas
Asimismo entiende que protege a la banca de las reclamaciones extrajudiciales y judiciales mediante la intervención de los notarios para legitimar los fraudes hipotecarios a los consumidores mediante unas supuestas acta firmadas por el usuario que sólo servirían a los intereses de las entidades.
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