El estacazo fiscal a las empresas es de todos: Rajoy, Sánchez y Govern

El Consejo de Ministros ha aprobado el anunciado aumento de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades para empresas que facturen más de 10 millones de euros, para este año y el siguiente, como mínimo. 

Se trata de una medida que en julio había anunciado ya el ministro De Guindos, a fin de ofrecer argumentos a la Unión Europea sobre la firma en que pensaba España cumplir el objetivo de déficit.

Este año, Bruselas espera de España que el déficit público no supere el 4,6%. Sin embargo, la medida anunciada en julio se ha modificado hasta la aprobación de este viernes.Umbral de facturación

En concreto, se ha rebajado el umbral de facturación, para que esta modificación del impuesto afecte a más empresas (se calcula que son 9.000), pues el gobierno desea recaudar 8.000 millones de euros.

El ministerio encargado es Hacienda, que primero había pensado retener el 20% del resultado contable de las empresas que facturasen más de 20 millones (en torno a 4.400), con la previsión de obtener 6.000 millones. En menos de tres meses el plan ha cambiado de manera notable, desde el anuncio de De Guindos hasta el Real Decreto-ley que firma el ministro Montoro.

La medida no cambia los tipos impositivos, sino que modifica el mecanismo de recaudación, al exigir que las compañías adelanten el 23% del resultado contable, desde el 12 por ciento actual

En el caso de bancos y empresas de hidrocarburos, como Repsol o Cepsa, la tasa se sitúa en el 25%. La CEOE ha intentado, sin éxito, que el porcentaje de pago adelantado a cuenta se quedara en el 12%.

El gobierno necesita de manera urgente contar con más liquidez en las arcas públicas, pues la recaudación por el Impuesto de Sociedades ha descendido en los últimos meses (hasta un 20%), en parte debido a la rebaja del 30% al 25% en el tipo impositivo, tal como lleva funcionando desde 2015.

Con esta modificación de los tipos recaudatorios en las retenciones, muy criticados por la CEOE, el gobierno en funciones consigue liquidez cara a Bruselas, aunque a costa de las empresas, que tendrán que intentar paliar los efectos negativos.Críticas a la decisión

Muy probablemente las empresas ralentizarán la creación de empleo. En general, los especialistas en economía y los representantes de empresas critican la medida, en parte porque no se ataja la necesidad de recorte de gasto público.

Según un comunicado de la patronal de las empresarios (CEOE), “reducir el déficit es una prioridad”, pero debe lograrse no aumentando los ingresos, sino "reduciendo el gasto no productivo" en lugar de aumentar la recaudación tributaria. La decisión de hoy, a su juicio, es ”desproporcionada y excesiva”. CEOE considera que entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre las empresas tendrá que ingresar unos 24.000 millones de euros, la mayor parte en un plazo de apenas 20 días.

“En la práctica, las empresas financiarán al Estado a tipo cero, soportando la mayor carga del esfuerzo para la reducción del déficit”. Así lo hacen ya los ciudadanos en el IRPF desde hace muchos años, con las retenciones en sus nóminas y en las facturas de los profesionales.

Como se informa en esta misma web, el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que esta reforma del Impuesto sobre Sociedades supone un "nuevo vaivén" de la política fiscal del Gobierno y una "patada hacia adelante" en materia fiscal, ya que apenas a un año de suprimirse, se recupera el pago mínimo adelantado.

Para el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, está bien que la política fiscal sea flexible y cambie para adaptarse a los tiempos, pero no "de forma improvisada", pues no tiene sentido adelantar los pagos si no se incrementa la carga impositiva, "ya que lo que recauda de más este año, se perderá después".Responsables: cada uno lo suyo

Con un gobierno en funciones, la capacidad de maniobra del Ejecutivo para adoptar otras medidas que no sean este tipo de aumentos fiscales es escasa, aunque no es cero. En su momento, se habló de la posibilidad de sacar a bolsa un paquete de acciones de Aena e incluso de Loterías, pero la coyuntura está comenzando a ser más complicada, como ha mostrado Telefónica al suspender la salida a bolsa de su filial Telxius.

En este sentido, varios políticos echan la culpa a Pedro Sánchez por su actitud obstruccionista ante un gobierno de coalición. Sin embargo, el gobierno podía haberrpensado en otras soluciones, en la línea de recortes del gasto.

Fuentes de la Administración critican con dureza las declaraciones de hoy de Francesc Homs, del Partido Demócrata Catalá, la antigua Convergencia, que ha llamado a la oposición a tumbar en el Congreso la medida, porque “carga sobre las comunidades autónomas y las empresas” su “mala gestión fiscal”. Cataluña lleva seis años sin aprobar un presupuesto, con prórrogas, y el Estado es el principal acreedor del gobierno catalán, con un 60 por ciento de su deuda. Además, agencias de rating han calificado la deuda de Cataluña como 'bono basura'.Lo adelantaron expertos

José Carlos Díez, economista y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, señaló a lainformacion.com que “el problema viene de hace un año, cuando Rajoy decidió bajar el IRPF; aquella fue una decisión que ha complicado todo”. Miguel Ángel Bernal, director del departamento de investigación del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles), coincidía con esta valoración sobre la reforma fiscal “que ha deprimido la recaudación, especialmente, en el Impuesto de Sociedades”.

Por otro lado, según Bernal, las Comunidades Autónomas se han desviado del gasto: “es la principal administración donde recortar”, sostiene.

Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de economía en ICADE, asegura que “se echa de menos un mínimo de coherencia en materia económica y fiscal, porque el Gobierno hablaba antes de recortes, ahora de subidas (aunque sea de pagos a cuenta) y estos vaivenes transmiten señales equívocas para la inversión”. Más crítica era en este punto Nieves Carmona, profesora de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, al asumir que este plan del Gobierno “no parece razonable, ya que sería repercutir sobre el sector privado la mala administración del sector público”.

En el contexto actual, con un gobierno en funciones, el margen de maniobra es escaso: no se puede elaborar una nueva ley de presupuestos, y la función legislativa de las Cortes queda también a la expectativa.Negociación entre los partidos

Como el decreto ha de ser refrendado por una mayoría parlamentaria, desde la Moncloa se afirma que se está negociando con los grupos políticos, a fin de que cuente con el máximo consenso posible.

De esta manera, se transmitirán a Bruselas garantías suficientes sobre el cumplimiento del déficit, dado que esta medida de adelanto del pago de impuestos se prolongará hasta que el déficit quede en el 3%.

De cualquier forma, el “cisma” desencadenado este miércoles en Ferraz aumenta la incertidumbre dentro de un ambiente de “guerra fría” entre PP y PSOE, como dice Albert Rivera.

Podría preguntarse si el impasse político en que vive España pasa facturas de este tipo. Es decir: ¿con un gobierno y unas Cortes en plenas funciones, se podrían haber adoptado otras medidas? La respuesta es sí.