El Gobierno ha aprobado este martes un crédito extraordinario de 14.000 millones de euros a la Seguridad Social a modo de compensación por los costes asumidos por el organismo encargado de gestionar el sistema público de protección social en la crisis generada por la Covid-19. La inyección de recursos procedentes del Estado no alcanzará para cubrir todo el esfuerzo financiero realizado por la Seguridad Social para garantizar una red de seguridad asistencial a las empresas y trabajadores afectados por esta crisis, que hace un mes el Gobierno estimó en unos 23.000 millones de euros en lo que hacía referencia a este organismo y que a día de hoy con la prórroga de algunas de las medidas de cobertura previstas se irá sensiblemente por encima de ese monto.
El desfase entre la inyección de recursos del Estado a la Seguridad Social y el coste real para el organismo de la red de medidas de cobertura dispuesta para hacer frente a las consecuencias del coronavirus implica que el departamento dirigido por José Luis Escrivá deberá cargar con una parte de la factura de las medidas adoptadas en este periodo, en contra de las directrices del Pacto de Toledo y del principio de separación de fuentes que reserva a la Seguridad Social únicamente el pago del tramo contributivo del sistema de protección social. En esta crisis, sin embargo, a la Seguridad Social le va a tocar también asumir una parte de la factura derivada de las exoneraciones de cotizaciones sociales a trabajadores y empresas y del resto de medidas de asistencia a los colectivos afectados por la crisis como la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
El asunto no ha sido pacífico dentro del diálogo social. Tanto empresarios como sindicatos han defendido la constitución de un 'fondo específico' con cargo a las cuentas del Estado para sufragar las medidas de contingencia decretadas para paliar las consecuencias del coronavirus para evitar, precisamente, que la Seguridad Social asumiera un coste financiero superior al que ya va a tener con la caída de las cotizaciones - que le restarán más de 9.000 millones de euros según la información proporcionada por el Gobierno a Bruselas en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España y la inercia de gasto del propio sistema de pensiones.
Cuando aún no hemos llegado al ecuador del año, el Gobierno ya ha aprobado alrededor de 44.000 millones de euros extra para la Seguridad Social. De ese monto total, solo los 14.000 millones de euros aprobados este martes suponen una transferencia real de recursos desde el Estado al organismo para compensarlo por los 'gastos impropios' asumidos; los 30.000 millones de euros restantes, procedentes del préstamo de 13.830 millones de euros previsto en los Presupuestos y que se activó el pasado 24 de abril ante el incremento de gastos derivado de la Covid-19 y los 16.000 millones de euros extra aprobados este martes por el Consejo de Ministros, se cargan a las cuentas de la Seguridad Social y concretamente a la ya millonaria cuenta de deuda de la Seguridad Social con el Estado.
Más medidas de alivio
El Gobierno ha aprobado este martes también la prórroga de alguna de las medidas de alivio para los contribuyentes aprobadas en la primera fase de la crisis y cuyo horizonte temporal se ha visto desbordado por los acontecimientos. En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha decidido ampliar en un mes el periodo de carencia exento de intereses de hasta tres meses que se había habilitado en marzo para el pago por parte de pymes y autónomos de los cargas fiscales pendientes por una cuantía de hasta 30.000 euros. Hacienda reguló en su momento que esos pagos se podían aplazar hasta seis meses y tres de ellos sin ningún coste en intereses. Ahora se ha decidido que ese periodo sin coste extra sea de cuatro meses y llegue al menos hasta julio.
La ministra del ramo y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado de que hasta este lunes se habían aplazado algo más de 3.000 millones de euros en impuestos por este mecanismo y que se habían recibido 1.016.688 solicitudes de aplazamiento de un total de 638.652 autónomos y pymes. Además, el real decreto ley permite a las empresas que no hayan podido presentar sus cuentas antes de que venza el plazo para declarar el impuesto de sociedades utilizar las cuentas que tengan disponibles en ese momento
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