La prestigiosa consultora CBRE Ellis estimó recientemente en 18.750 millones de euros -una cifra que equivale a un 1,6% del PIB aproximadamente- el volumen de inversión que había atraído el sector inmobiliario español en 2018, una cifra que recuerda a los tiempos de la burbuja y que explica casi el 40% de la inversión extranjera directa atraída por España en el ejercicio. En un año en que se cerraron operaciones de peso como la colocación de la cartera de activos tóxicos de BBVA a Cerberus, la Administración General del Estado también jugó sus bazas y sacó un rendimiento récord a la cartera de activos inmobiliarios en venta que lleva 'moviendo' con suerte dispar desde que, en 2012, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, identificara la venta de inmuebles como un posible cauce de consecución de ingresos para las castigadas arcas públicas.
Los más de 112 millones de euros ingresados a golpe de enajenaciones de activos inmobiliarios por parte del Estado en 2018 suponen la mayor cifra desde que Montoro activara el llamado 'Programa para la puesta en valor de los Activos Inmobiliarios del Estado', con el que pretendía colocar en el mercado más de 15.000 activos improductivos para el Estado o especialmente atractivos para el mercado, entre los que se contaban fincas rústicas, solares, locales comerciales, plantas industriales, garajes, cerca de 1.000 inmuebles y hasta un centenar de edificios singulares.
Uno de ellos, la antigua sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ubicada en el número 19 del madrileño Paseo de la Castellana, protagonizó la venta más importante del Estado en 2018. La adquisición de este inmueble histórico por el Consorcio de Compensación de Seguros por algo más de 40 millones de euros constituyó la operación inmobiliaria más importante del sector público desde la venta por 136 millones a El Corte Inglés del solar del aparcamiento de Azca por parte de ADIF en 2015 y sustentó el récord de ingresos de 2018, en que casi se triplicaron los ingresos logrados en 2017.
El balance que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda da testimonio de la hiperactividad del Estado en el ejercicio de 2018. La Administración puso en el mercado nada menos que 2.396 inmuebles en 93 subastas a lo largo del ejercicio con un precio de salida que en conjunto superaba los 63 millones de euros, y otros 204 en procedimientos de adjudicación directa, sin concurso público. El resultado de toda esa operativa fue la venta de 1.428 inmuebles propiedad del Estado: las ventas de inmuebles urbanos proporcionaron 109,9 millones de euros a las arcas públicas y las de fincas rústicas, cerca de tres millones de euros.
Un mejor contexto de mercado
El flujo de operaciones no fue mucho mayor que otros años. Los 1.428 inmuebles colocados en el mercado suponen una cifra inferior a la registrada en 2017, 2016, 2015 y 2014, así que el éxito se explica por la entidad de las operaciones. Fuentes de Patrimonio consultadas por La Información aseguran que en el pasado hubo operaciones que no se cerraron no tanto por la ausencia de ofertas sino porque éstas no cubrían las expectativas marcadas y que la actual situación de mercado permite colocar los activos más atractivos de la cartera del Estado a precios adecuados. Es decir, que permite no malvender la joyas de la corona.
Una de ellas, la antigua sede de la CNMV, ya ha salido del balance del Estado, aunque sea para alojarse en un organismo que depende orgánicamente del Ministerio de Economía y Empresa, y otra -el edificio de María de Molina, 50, que hasta ahora ha alojado dependencias de la Agencia Tributaria y de otros organismos del Estado- está también en la parrilla de salida a la espera de comprador. El Gobierno intentó sin éxito 'colocarlo' el pasado mes de junio en una puja al alza con un precio de salida de 196 millones de euros, pero no encontró comprador.
Lejos de los objetivos marcados en 2012
Desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy diera el pistoletazo de salida al plan de ventas de activos inmobiliarios del Estado la Administración ha conseguido unos ingresos de 336,32 millones de euros después de desprenderse de 10.551 inmuebles, de los más de 15.000 que en su día se identificaron como 'disponibles para la venta'.
Según la información proporcionada por la Dirección General de Patrimonio, el Ministerio de Hacienda ha decidido dar una vuelta de tuerca a su estrategia inmobiliaria y además de continuar colgando el cartel de 'Se Vende' a los activos identificados en su día por el Gobierno del Partido Popular ahora ha abierto una nueva veta: ofrecer a los 'inquilinos' que mantienen contratos de arrendamiento con el Estado la posibilidad de adquirir en propiedad los inmuebles en que se alojan.
El Gobierno entiende que su estrategia inicial de optimizar el parque de oficinas del Estado para reducir al máximo los gastos en arrendamientos con terceros ha dado de sí todo lo que podía después de reducir en 47 millones de euros la factura existente en el año 2012. Sin más actores públicos que alojar, el siguiente paso es optimizar el rendimiento de los edificios públicos en explotación que aglutinan 42 contratos de arrendamiento.
Desde el año 2004 la sociedad estatal Segipsa, dependiente de Patrimonio, se ocupa de la gestión de los inmuebles de titularidad estatal con contratos de arrendamiento a favor de terceros. El Gobierno ha entendido que más operativo que tener que encargarse de la gestión de esos inmuebles es ofrecer su adquisición a precio de mercado a los actuales inquilinos y se ha puesto manos a la obra, de modo que en 2018 se cerraron 14 operaciones de venta mediante este sistema. Al cierre de ese ejercicio ya solo quedaban 42 contratos de arrendamiento en la cartera que gestiona Segipsa.
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