El Gobierno prepara una revolución en el segundo mayor contrato de servicios que licita la Administración del Estado: el de suministro de combustible de los vehículos del Parque Móvil. Su intención es dar otro paso adelante en el vector de la transición ecológica e incluir por primera vez en ese macrocontrato -cuya cuantía se estima en más de 400 millones de euros y que garantiza el repostaje no solo de los vehículos vinculados a órganos del Estado sino a los de todas aquellas AAPP que quieran adherirse al mismo- la provisión de combustibles alternativos, tanto los relacionados con fuentes limpias como el hidrógeno o el gas como los puntos de recarga para vehículos eléctricos.
El Ministerio de Hacienda -que gestiona la contratación centralizada de bienes y servicios de la Administración del Estado- ya ha movido ficha en este sentido y, según ha podido saber La Información, el pasado mes de octubre realizó una consulta a los principales operadores de estaciones de servicio del país con la intención de conocer el número de 'gasineras' -estaciones de repostaje para vehículos de gas- disponibles dentro de su red comercial y también su mayor o menor vinculación con el mercado de la explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, las conocidas como 'electrolineras' en el lenguaje coloquial.
El movimiento se sustanció a través de lo que se denomina una 'consulta preliminar de mercado', una posibilidad prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para que los órganos de contratación puedan "recabar información de los operadores económicos" y así "mejorar el proceso de planificación y elaboración de los pliegos de contratación" futuros.
Según la ley, el mecanismo puede cumplir una doble función. Por un lado, preparar correctamente la licitación del servicio público en cuestión; pero también "informar a los citados operadores económicos acerca de los planes de la Administración y los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento".
En la consulta, el Ministerio de Hacienda cuestiona de forma directa a los operadores sobre la disponibilidad de biocombustibles, combustibles sintéticos o parafínicos, hidrógeno, gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado de petróleo (GLP) en su red de estaciones de servicio, sobre su posicionamiento en este mercado y sobre su política a futuro respecto a la provisión de estos 'combustibles alternativos'. "¿Estarían dichos productos disponibles en las estaciones de servicio?", inquieren a los actuales proveedores del Estado.
El último macrocontrato de suministro de combustible del Estado fue adjudicado en cinco lotes -definidos por criterios territoriales- en mayo de 2014, su ejecución arrancó en 2016 y su vigencia está prevista hasta el próximo 16 de diciembre (para Península y Baleares) y hasta el 31 de mayo de 2020 (para los lotes del archipiélago canario, Ceuta y Melilla). En el mismo, el Estado exigía a los adjudicatarios, Cepsa, Solred (red de gasolineras de Repsol) y Disa (gasolineras Shell), la provisión de gasolinas, gasóleo A, gasóleo B y biocombustible.
El cambio de planteamiento promovido desde el Gobierno abrirá el 'tablero de juego' del suministro de combustible a nuevos operadores como Endesa, Iberdrola y Naturgy
Impulso a las 'gasineras' y a las 'electrolineras'
Según las fuentes del Gobierno consultadas, la intención es que el futuro contrato incluya también la obligación de disponer en la red -sino en toda, en parte de ella- de puntos de repostaje para vehículos eléctricos y vehículos de gas. El debate está entre si mantener la actual estructura de 'lotes territoriales' o incluir nuevos 'lotes por producto' para garantizar el eventual suministro de los vehículos movidos por gas, hidrógeno o electricidad que se incorporen al Parque Móvil del Estado y del resto de las Administraciones Públicas en el marco de la nueva movilidad impulsada desde el Ministerio de Transición Ecológica, de Teresa Ribera.
No hay que olvidar que el próximo macrocontrato de suministro de combustible cubrirá como pronto hasta el año 2023, si se siguen las mismas pautas del último.
Pulso entre petroleras y eléctricas
El cambio que el Gobierno prevé introducir en el contrato público de suministro de combustible tiene una importancia más que relevante en el mercado de las estaciones de servicio. Para empezar abrirá ese 'campo de juego' a operadores de la talla de Endesa, Iberdrola o Naturgy, que en los últimos meses han redoblado su apuesta por el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos y movidos a través de gas, y también alentará el pulso de estas compañías energéticas con las petroleras tradicionales como Repsol y Cepsa, volcadas en favorecer el despliegue del llamado autogás (Gas Licuado de Petróleo).
Para las petroleras, 'colocar' el gas natural, principalmente el licuado derivado del petróleo (GLP), es muy importante para consolidar este 'combustible alternativo' por delante de los puntos de recarga eléctrica. La petrolera Repsol maneja datos que demuestran que el gas ha tomado la delantera a los vehículos eléctricos puros aprovechando que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha adjudicado la etiqueta ECO a los vehículos a gas, por lo que están libres de las restricciones de tráfico en las grandes ciudades.
La apuesta de Naturgy es por el gas natural comprimido (GNC) que no se destila del petróleo sino que se saca directamente de los yacimientos y que también ha sido 'bendecida' con la etiqueta ECO de la DGT por lo que presenta la ventaja competitiva de poder circular sin restricciones por los núcleos urbanos de las grandes ciudades.
Endesa e Iberdrola encabezan por su parte la pugna por el mercado, aún pequeño, de los puntos de suministro de energía eléctrica par vehículos, que a su vez pugna por el mercado del repostaje de 'combustible limpio'. Endesa tiene proyectos para instalar en tres años más de 600 puntos de recarga eléctricos de acceso público en el país e Iberdrola ha anunciado que desplegará 200 nuevas electrolineras en autovías con una inversión de 10 millones de euros.
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