A Antonia, de 43 años, divorciada, con un hijo y un sueldo de 950 euros al mes, el gobierno del Principado de Asturias le exigía 100.000 euros por una casa, un piso y unas tierras que le habían dejado en herencia sus padres. Para recibir en propiedad el piso en el que se crió y la casa en la que pasaba sus vacaciones y nació su padre debía de empeñarse de por vida. "Con todo el dolor de mi corazón tuve que renunciar a recibir un patrimonio que era mío y de mi familia y, con el sentimiento además, de que la administración me ha robado algo que era mío. Ya no lo es".
Mientras, a Leonardo Muñoz, que recibió junto a su hermano una casa y un terreno de un tío suyo que no tenía descendencia, valorados en 300.000 euros, la Junta de Andalucía le exige 80.000 euros, el 25% de la herencia. Leonardo tiene un trabajo temporal y durante gran parte del año cobra el subsidio de desempleo, que incluso ya le han embargado. Quiso pagar en especie con el terreno que le dejaron en herencia, pero la Junta de Andalucía que presidía entonces Susana Díaz no lo aceptó y le exigía pagar la deuda mediante cuotas de 3.000 euros mensuales, más de cinco veces lo que gana al mes. "No quiero deshacerme del patrimonio que ganaron mis antepasados con esfuerzo y por el que ya pagaron impuestos, pero la herencia de mi tío me ha llevado a la ruina, aunque la defenderé por encima de mi cadáver".
En España hay 400.000 herencias al año. Casi 43.000 personas renunciaron a una de ellas en España en 2017, una cifra que será similar en 2018. En la mayoría de los casos se hace por no poder hacer frente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones que exigen las administraciones para hacerse cargo de la herencia recibida. En los últimos años, particularmente desde la crisis económica, se ha renunciado en España a 200.000 herencias y otras muchas personas no han podido pagar y se encuentran con expedientes de deuda abiertos en la Administración o se han empeñado, "de por vida", para pagar y recuperar el patrimonio de sus padres o familiares.
"Es el impuesto a la muerte que arruina a buena parte de los españoles que heredan y la última oportunidad que tiene el Estado para sangrar el patrimonio del que fallece", explica Eligio Taboada, presidente y fundador de Stop Sucesiones, una plataforma que aboga por la supresión en nuestra país de este impuesto, que no existe en la mayoría de países de la Unión Europea, y que en España gestionan las comunidades autónomas, de manera muy diferente entre ellas, "creando desigualdades tremendas entre ciudadanos. Las hay en lax que el impuesto es prácticamente cero, como Madrid, Murcia, País Vasco, Navarra, Extremadura, desde hace poco, y ahora, tras la entrada del nuevo gobierno de PP y Ciudadanos, Andalucía. En otras, el porcentaje a tributar es "altísimo", como Asturias, Castilla y León, Castilla.-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Aragón.
Eso sí, en las bonificaciones sobre este impuesto en las autonomías que menos 'exprimen' a los herederos, la Andalucía de Moreno Bonilla lo bonificará al 99%, sólo se refieren a los grupos 1 y 2 -descendientes y adoptados menores de 21 años, descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes- y no a los grupos 3 y 4 -colaterales de segundo grado (hermanos) y tercer grado (sobrinos, tíos), y ascendientes y descendientes por afinidad y colaterales de cuarto grado (primos), grados más distantes y extraños-, que deben de tributar sin excepción en todas las comunidades españolas.
"Quién hereda, realmente, es la Administración, que te da seis meses para que recompres un patrimonio que es tuyo por un 'módico precio'". Recibir una herencia en algunas regiones de España es "una auténtica ruina" y más en un país como éste en el que se ahorra comprando vivienda y en el que por ello la mayoría de las herencias se reciben 'en especie' y se componen de casas, parcelas o tierras de labor. Y es que las administraciones "secuestran" las herencias, valoran los bienes a recibir y exigen el pago, para lo que dan un plazo de seis meses desde el momento del fallecimiento, en 'cash', no se acepta en especies, para "devolvérselas a sus legítimos dueños". "Si no pagas llegan las multas, los embargos y la ruina porque Hacienda en eso es implacable".
José Antonio Bejarano Flores reside en un pueblo de Badajoz, San Pedro de Mérida, y fue criado por sus tíos después de que sus padres fallecieran cuando era muy pequeño, "cuando yo tenía siete años". Cuando sus tíos fallecieron en 2014, "lo poquito que tenían me lo dejaron a mí". "Era un parentesco de cuarto grado y entonces nadie sabía de estas cosas", explica José Antonio, "acepté la herencia y veo cómo, por una masa hereditaria bruta de 310.000, según la valoración sobredimensionada de la Junta de Extremadura, me piden 250.000 euros, más del 80% de la valoración que habían hecho ellos por el patrimonio recibido", 4 parcelas pequeñas y dos casas.
"Yo no tenía ese dinero e incluso, si yo hubiera querido vender ese patrimonio, con su venta, yo no hubiera podido pagar esos impuestos". Merced a sucesivos recursos, José Antonio ha conseguido que la exigencia se quede, por ahora, en "algo menos de 150.000 euros", pero sigue pleiteando y ahora lo hará "en forma de recurso contencioso administrativo", pero "por mucho que rebajen, si rebajan 15, 20 o 30.000 euros nada se soluciona". Además, esas casas tienen un valor real "de unos 40.000 euros si las quieres vender", o sea que "aunque venda el patrimonio yo no podría pagar los impuestos". Eso "se llama robo", sentencia José Antonio.
Stop Sucesiones exige, además de que se derogue en toda España el impuesto de sucesiones, que tenga carácter retroactivo y se paralicen todos los expedientes que por el pago de tributos por herencias se mantienen en nuestro país. Entre ellos el de Paloma Alonso, la mayor deudora de España por una herencia, por la que la Junta de Castilla y León le reclama, entre el principal, los intereses y la multa, cerca de 1,8 millones de euros y a Paloma, 43 años y un hijo, le han llegado a embargar hasta los 39 céntimos que le devolvía Hacienda en una de sus declaraciones de renta. Su padre murió en 2004 y la herencia era importante, pisos, terrenos, un bloque de viviendas, en total unos 2 millones de euros.
Paloma, asesorada por profesionales, pagó 50.000 euros en tributos para hacerse cargo de la herencia, pero dos años después, en 2007, la Junta de Castilla y León le pidió 600.000 euros porque el impuesto de sucesiones en la región estaba entonces fijado en el 32%. Paloma está casi resignada a que el patrimonio que creo su padre "con mucho sacrificio" se lo quedará finalmente la Junta de Castilla y León.
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