España estrecha el cerco a los paraísos fiscales

El pistoletazo de salida lo dio la Cumbre del G-20 celebrada en Londres en abril de 2009. En aquella reunión, Estados Unidos pidió acabar con la opacidad de los paraísos fiscales, que permitían la financiación de redes terroristas como Al Qaeda, y dio el motivo perfecto a la conservadora Europa para decidirse a combatir esta lacra.

Hasta entonces, las críticas lanzadas por líderes como el presidente francés, Nicolás Sarkozy, o la canciller alemana, Ángela Merkel, habían quedado en meras declaraciones de intenciones.

"Ningún país se atreve a tomar una decisión radical en solitario, porque sabe que, inmediatamente, el dinero se va al país vecino", explica el Secretario General de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.

Por eso, la llamada de atención de la Cumbre del G-20 fue tan importante, ya que permitió un movimiento generalizado contra estos agujeros negros y contra los estados, como Luxemburgo o Suiza, que se escudan en secreto bancario para robar capitales a otros países.

Desde entonces, todos los países de la OCDE han multiplicado los convenios y acuerdos firmados con estos paraísos, en un movimiento dirigido a evitar que sus grandes fortunas tengan dinero oculto.

En el caso de España, el Gobierno ha conseguido sellar una docena de pactos con paraísos fiscales. Éstos se reparten entre convenios de doble imposición, que regulan cómo se tributa cuando una empresa española tiene actividad en otro país; y acuerdos de intercambio de información, que permiten a nuestro país solicitar datos de fortunas que, presuntamente, tienen cuentas secretas.

En concreto, Andorra, Antillas, Aruba, Bahamas y San Marino han acordado abrir sus archivos a los requerimientos de España; mientras que Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, Luxemburgo, Malta, Panamá y Trinidad y Tobago han sellado convenios de doble imposición.

Además, el Ejecutivo ha renegociado el pacto que había con Suiza -un paraíso fiscal de facto que, sin embargo, nuestro país no tiene tipificado bajo ese calificativo-  para introducir medidas de intercambio de información y endurecer los aspectos fiscales recogidos en el convenio de doble imposición.

Pequeños avances

Aunque estos pactos han conseguido estrechar el cerco sobre las grandes fortunas y han llevado a muchas de ellas a replantearse volver a España, como hizo recientemente el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso.

Sin embargo, como señala el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, Alfonso García-Morcó, "aunque estos convenios son un avance, la lucha contra la evasión fiscal es mucho más compleja".

Empezando porque estos acuerdos tampoco garantizan el final del fraude. Como explica Mollinedo, "el principal problema de los acuerdos de intercambio de información es que el país interesado en obtener los datos debe aportar pruebas de que una persona en concreto está evadiendo impuestos y tiene dinero oculto en cuentas de ese paraíso. Si no, las autoridades del otro país no van a pasar, de manera voluntaria, la información".

El reciente escándalo de las cuentas secretas que varias fortunas españolas tienen en Suiza, en una sucursal del HSBC, es el paradigma de la cantidad de grandes capitales que han aprovechado estos paraísos para evadir impuesto.

Un delito que el Ministerio de Economía y la Agencia Tributaria se han puesto como prioridad combatir, sobre todo, ante la agónica situación que viven las arcas públicas y, por tanto, ante la imperiosa necesidad de recuperar los impuestos de las mayores fortunas.

Estos acuerdos son un primer paso. Pero, como recuerda Mollinedo, todavía queda mucho hacer: "sólo en Gibraltar, hay 50.000 empresas domiciliadas". Un claro ejemplo de lo cerca que tenemos la posibilidad de evadir impuesto.