Estudio revela graves disparidades en México para compras gubernamentales

  • Los 32 estados mexicanos presentan leyes deficientes y poco transparentes en materia de compras gubernamentales de bienes y servicios, en las que se gastan 60.000 millones de pesos (4.650 millones de dólares) cada año, reveló hoy un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

México, 12 sep.- Los 32 estados mexicanos presentan leyes deficientes y poco transparentes en materia de compras gubernamentales de bienes y servicios, en las que se gastan 60.000 millones de pesos (4.650 millones de dólares) cada año, reveló hoy un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En una escala de cero a cien puntos y tomando en cuenta 41 indicadores elaborados por el centro de estudios, México obtiene en promedio 46,5 puntos, con Sinaloa con la normativa más avanzada (61 puntos) y Guerrero con la menos ágil y transparente (23,2 puntos).

El Gobierno federal también obtiene buena nota, la máxima con 70,7 puntos, en cuanto a buenas prácticas en las adquisiciones públicas, una categoría a la que cada año se destina entre el 7 y el 10 % del producto interior bruto (PIB).

Una de las deficiencias persistentes es que hay "una amplia variación en la calidad de la normatividad" en el esquema de compras gubernamentales actual entre estados, con una diferencia de 37,8 puntos entre el mejor y el peor calificado.

El IMCO advierte que "una buena ley no garantiza compras eficientes, pero una mala aumenta la probabilidad de corrupción y compras caras".

Como ejemplo el dato de 2008, año en que "la colusión entre los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó el costo de algunos medicamentos entre un 13 % y un 36 %", detalla el análisis.

El IMCO considera que existe mucho margen "para reformar y mejorar las leyes de adquisiciones" de todos los estados y reducir la discrecionalidad, lo que podría "implicar ahorros importantes de forma inmediata".

Actualmente, "la corrupción y la colusión inflan los precios de los bienes y servicios que compra el Gobierno", de los cuales un 54,4 % se destinó a Petróleos Mexicanos (Pemex), el IMSS, y otras empresas públicas, un 25 % a contratos con el Gobierno federal, y un 13,2 % en obra pública a los estados, y el 7,4 % a bienes y servicios.

El IMCO recuerda que "cada estado tiene derecho a crear leyes que se adecúen a sus particularidades", algo propio de un Estado federal como el mexicano, pero cree que no "debería existir tanta variación en la calidad de las leyes de adquisiciones" de una región a otra.

Así en San Luis Potosí es lícito "por causas de fuerza mayor" contratar a un proveedor con quien se tenga parentesco, y en Campeche o Chihuahua "no procederá recurso alguno contra el fallo del procedimiento de adjudicación" de un concurso público.

En Tamaulipas, Nuevo León, Aguascalientes y Michoacán, la autoridad encargada de resolver un diferendo "es la misma que adjudicó el contrato".

Una de las autoras del estudio, Jana Palacios, dijo a Efe que más allá de los promedios de cada estado lo importante es saber si la "ley es buena o es mala".

"Salvo Sinaloa, todos tienen una calificación por debajo de 60", señaló la consultora del IMCO.

"Somos una Federación, no podemos exigir leyes estatales idénticas", pero sí pedir "que la variabilidad no sea tan grande", agregó Palacios.

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