Los agentes sociales decidieron conservar el contrato fijo discontinuo en la reforma laboral de 2021 como vía para reducir la temporalidad del mercado de trabajo español, a la vez que se daba una alternativa a las empresas, ante la restricción de la contratación temporal. Patronal y sindicatos acordaron cinco tipos de acuerdos fijos discontinuos, uno de ellos destinados a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para formalizar la contratación de trabajadores que después cederán a una segunda empresa. Hasta la aprobación de esta ley, una sentencia del Tribunal Supremo impedía que estas empresas recurriesen a la figura de los fijos discontinuos, por lo que estos han crecido de forma ininterrumpida desde comienzos de 2022. En febrero de 2023, las ETT ya concentraban el 60% de los contratos fijos discontinuos.
El contrato fijo discontinuo no se ideó en esta mesa, sino que existía con anterioridad, pero, su uso era prácticamente anecdótico. En su lugar, las ETT y el resto de empresas recurrían a los contratos 'por obra o servicio', que eran la principal herramienta de contratación temporal y representaban el 43% de las firmas de cada mes. Sin embargo, el texto aprobado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social acabó con esta figura y restringió los acuerdos temporales al de 'circunstancias de la producción' para el que deben darse "situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y determinada". Además, la reforma incorporó una serie de limitaciones que trasladaron estos trabajadores a fijos discontinuos.
Este importante incremento llevó a la cartera de Yolanda Díaz a poner en marcha en el mes de marzo una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) centrada en las Empresas de Trabajo Temporal. El Ministerio quería acabar con cualquier tipo de fraude que se pudiera registrar a través de contratos temporales o de fijos discontinuos. Por un lado, el equipo de Trabajo temía que algunas de estas compañías estuviesen incurriendo en un fraude de ley por recurrir a los contratos temporales más allá del periodo de transición reconocido en la reforma laboral. Y, por otro lado, afirmaron tener "indicios" de fraude en los trabajadores fijos discontinuos, los que en algunos casos estaban activos la práctica totalidad del año, por lo que deberían ser fijos ordinarios.
La ITSS puso el foco en 45.000 relaciones laborales con cartas "informativas", casi un cuarto del total de afiliados a la Seguridad Social a través de una ETT. Por el momento, la Inspección no ha hecho público el resultado de esta actuación. Sin embargo, los datos arrojados por la última campaña de estas características no fueron nada positivos. El organismo dependiente de Trabajo llevó a cabo en 2022 una campaña de control de los contratos fijos discontinuos, esta vez ampliando el cerco al conjunto de las empresas. Para entonces, había 56.525 trabajadores con este tipo de contrato y más de 26.000 se encontraban en situación irregular, de acuerdo con la ITSS, hasta un 47% del total.
Según informó la directora de la Inspección, Carmen Collado, el principal problema detectado fue que gran parte de estos trabajadores tenían acuerdos de 10,5 meses de duración, lo que prácticamente equivale al periodo efectivo de un empleado indefinido ordinario, pero en lugar de disfrutar de vacaciones como el resto de trabajadores, eran enviados a la inactividad. Es decir, pasaban a tener derecho a recibir la prestación por desempleo con coste cero para el empresario. Este tipo de infracciones pueden conllevar sanciones de hasta 10.000 euros por cada trabajador contratado de forma fraudulenta.
Dudas sobre la reducción de la temporalidad "real"
Los cambios introducidos en la reforma laboral han conseguido reducir la temporalidad, como refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) y las afiliaciones a la Seguridad Social. La temporalidad en el sector privado ha caído desde el 25% hasta el 17%, gracias a una drástica caída de este tipo de contratación y un marcado aumento de las firmas indefinidas, en contraposición. En este año y medio se han creado 2,8 millones de empleos indefinidos -de acuerdo con los datos de Seguridad Social- de los que solo un 21% son fijos discontinuos. Para el Ministerio, este cambio dota de una mayor estabilidad a los empleados, ya que cuentan con una relación laboral afianzada a pesar de alterar periodos de inactividad. En los que, además, puede acceder a la prestación por desempleo.
No obstante, Fedea, el centro de estudios asociado a CEOE, ha puesto en cuestión que esta reducción de la temporalidad macro tenga un traslado "real" o "efectivo". Los investigadores especializados en empleo, Florentino Felgueroso y Marcel Jansen han apuntado este martes a que este paso a los contratos indefinidos no aporta mayores certezas al trabajador, dado que sigue sin saber el número de horas que trabajará y en consecuencia, qué remuneración obtendrá cada mes. En consecuencia, este cambio tampoco ha contribuido a que se dé un auge en la intensidad del trabajo y en la productividad del mercado de trabajo español, que en 2022 volvió a descender, hasta el 91,8 respecto al 100 de media de la UE.
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