Eurodiputados españoles lamentan la decisión de CE sobre las ayudas al naval

Bruselas, 17 jul.- Los eurodiputados españoles lamentaron hoy la decisión de la Comisión Europea (CE) de obligar a España a recuperar las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, ante el temor de un posible quiebra del sector.

El Ejecutivo comunitario informó hoy que exigirá la devolución del llamado "tax lease", aunque solo afectará a los grupos de interés económico e inversores pero no a los astilleros, según aseguró hoy el vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia.

"La bondad o la maldad de esta decisión la comprobará el propio Almunia, viendo si los astilleros españoles continúan abiertos o entran en concurso de acreedores dentro de unos meses", dijo a Efe el diputado del PP Salvador Garriga.

Por su parte, el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo aseguró en un comunicado que la sentencia no responde a sus "peticiones ni preocupaciones", aunque cargó la responsabilidad sobre Gobierno español, por no haber informado sobre las ayudas.

"Esta situación se hubiera podido evitar si las autoridades españolas hubieran notificado el sistema de ayudas en 2002 y se hubieran tomado en serio un expediente que, desgraciadamente, parecen haber descubierto hace quince días", sentenció.

El eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer alertó de que la decisión "supondrá el cierre del sector" y "producirá inseguridad jurídica entre los inversores, de tal manera que éstos preferirán construir en países donde no puedan ser multados".

"Con esta decisión, la Comisión, en aras de la competencia, provoca la desindustrialización y el incremento del paro, no solo para el sector español, sino para todo el sector europeo", advirtió el eurodiputado de IU en un comunicado.

Aun así, el diputado popular Salvador Garriga consideró que el anuncio de hoy supone una "mejoría" respecto a la propuesta original del Ejecutivo comunitario, pero criticó que la fecha de inicio, fijada en 2007, es "arbitraria", ya que el Gobierno defendía 2011 o, en su defecto, 2009.

Por otra parte, anticipó que el método de cálculo para la devolución de las ayudas supondrá un "problema", puesto que "podría estar sujeto a una "interpretación" que, en el caso del Ejecutivo español, iría destinada a que los inversores "solo pagaran la ventaja final que les corresponde".

Por su parte, el socialista Sánchez Presedo presionó a las autoridades españolas para que actúen "urgentemente", con el objetivo de que "no se frustre la indemnidad de astilleros y navieras (...) y evitar consecuencias indeseadas".