Europa se ha puesto el despertador y le sonará en poco más de tres meses. O eso es lo que pretende. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN) se mostraron hoy dispuestos a acordar este año un impuesto a las grandes empresas de Internet. Eso sí, pese a las prisas que quieren imprimirle a la confección, lo cierto es que a día de hoy la propuesta sobre la mesa está lejos de alcanzar la necesaria unanimidad por las dudas de varios países, incluida Alemania.
España apoya sin ambages la iniciativa, según informa Efe. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, informó a sus socios de que el Gobierno prevé introducir esta tasa sobre la base de la propuesta de la Comisión aún cuando no exista consenso europeo. "La intención del Gobierno no es esperar a que haya un acuerdo europeo o supranacional para adoptar las decisiones oportunas", dijo Calviño en rueda de prensa tras el encuentro, sin avanzar cuánto esperan recaudar con el impuesto dado que dependerá del diseño del mismo.
"Lo que hemos logrado hoy es el reconocimiento común de trabajar en una solución de corta duración hasta final de año basada en la propuesta de la Comisión Europea (CE)", dijo el ministro de Finanzas austríaco, Hartwig Löger, cuyo país ostenta la Presidencia de la Unión Europea (UE), y que acogió en Viena el Consejo informal de ministros este viernes y sábado. Los Veintiocho buscan el modo de gravar la actividad de las grandes empresas digitales, para paliar la disparidad que existe actualmente entre lo que pagan en impuesto de sociedades estas plataformas (9,5%) y las empresas tradicionales (23,2%).
Pero no está siendo una negociación sencilla. El punto de partida para la discusión es una propuesta del Ejecutivo comunitario, que plantea introducir un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas de Internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo, y más de 50 millones en la UE, que se aplicaría de forma temporal hasta adaptar la fiscalidad europea a estos nuevos modelos.
Los Estados coinciden en que debe darse respuesta a un problema que perciben los ciudadanos, tanto más de cara a las elecciones europeas de 2019, pero discrepan sobre el modo de hacerlo y, en particular, varios prefieren que la solución se pacte de forma global en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para intentar salvar este escollo, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, propuso hoy a sus socios introducir una "cláusula de extinción" que garantice que el impuesto europeo será reemplazado "tan pronto como haya una solución en la OCDE", una idea que ha generado consenso según la presidencia.
"La vincularemos a una cláusula de extinción, para destacar que será una solución de transición a nivel europeo, y de forma paralela trabajaremos en una solución de larga duración (...) pero estamos dispuestos a desarrollar una solución de corta duración", afirmó Löger.
Pero esta posible cláusula no es suficiente para convencer a todos en un informe que necesita el apoyo de los Veintiocho para salir adelante. Irlanda encabeza la oposición al impuesto, junto con Finlandia, Suecia y Dinamarca, mientras que Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido mantienen reservas, pero se mostraron en esta reunión más abiertos que en las precedentes.
"Irlanda tiene gran preocupación por que la UE avance con la tasa digital de forma unilateral", dijo el ministro de Finanzas irlandés, Peter Donohoe, en un encuentro con algunos medios durante la reunión, admitiendo que algunos países "ven el riesgo de cambios en su recaudación". Donohoe explicó que su país prefiere una solución global pero "evaluará cualquier propuesta de cualquier colega y trabajará constructivamente".
Por su parte, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, dijo que su país "comparte la ambición de llegar a acuerdos antes de fin de año", aunque hay temas sobre los que trabajar. Alemania, que inicialmente respaldó el impulso francés a la medida, había dejado traslucir esta semana sus dudas al respecto.
Al término de la reunión, su homólogo galo había admitido que Berlín tiene "interrogantes", en particular sobre cómo evitar que las empresas reduzcan su base imponible, garantizar que pagan allí dónde generan valor y sobre el coste de recaudar la tasa, pero aseguró que darán respuesta a los mismos. "En tiempos en que el populismo asciende en Europa tenemos que aportar respuestas y éstas son decisiones políticas", advirtió Le Maire.
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