Valencia, 27 abr.- La ex directora general del Tesoro y Política Financiera, y como tal miembro nato del Consejo de Gobierno del Banco de España, Soledad Núñez, también ha rehusado comparecer ante la comisión del parlamento de la Comunidad Valenciana que investiga la intervención de la CAM por el Banco de España.
La renuncia de la ex directora general se suma a las remitidas hace unos días por altos cargos del Banco de España, entre ellos su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que consideran que no están obligados a comparecer en un parlamento regional.
De hecho, la ronda de comparecencias ante la comisión de investigación debía haber comenzado esta semana, pero se aplazó debido a las excusas presentada, por lo que finalmente comenzarán el próximo 2 de mayo, con tres administradores provisionales del FROB en Banco CAM.
En un escrito remitido hoy a la Cámara autonómica, al que ha tenido acceso EFE, Núñez afirma que no tiene el "deber legal" de comparecer ante el parlamento regional, ya que el cargo que ocupó se encuadra en el ámbito de la Administración general del Estado, y por tanto sujeto al control de las Cortes Generales.
La ex directora general expone que su cargo dentro del extinto Ministerio de Economía y Hacienda estaba "fuera del ámbito de control político" de Las Cortes Valencianas, cuya función es ejercer el control parlamentario "sobre la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat".
Asimismo, alude al dictamen del Consejo de Estado elaborado en 2003 relativo a la comisión de investigación del Parlamento de Galicia sobre las causas de la catástrofe medioambiental del buque petrolero "Prestige" (ocurrida en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas), en el que concluyó que la fiscalización de la actuación del Gobierno está reservada a las Cortes Generales.
Los servicios jurídicos del parlamento valenciano han elaborado esta semana un informe en el que advierten de que el Código Penal sanciona a quienes no atienden los requerimientos de estos órganos parlamentarios, con independencia de su cargo, quienes podrían ser acusados de un delito de desobediencia.
La comisión de investigación sobre CAM remitirá el informe a estos comparecientes y les apercibirá de su deber de someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios, y si aún así declinaran su asistencia, pondría los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según han informado hoy a EFE fuentes parlamentarias.
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