Una ex de Hacienda lidera desde Iberdrola la 'carga' del Ibex contra la reforma fiscal

  • Las grandes empresas del país maniobran para eliminar en el Congreso la 'trampa fiscal' escondida por el Gobierno en la modificación de Sociedades.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Las mayores empresas del país han decidido unir sus fuerzas para detener en la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 un aspecto de la reforma del Impuesto de Sociedades que consideran particularmente lesivo para sus intereses y que, además, augura una intensa conflictividad fiscal de trasladarse a la normativa del modo en que está recogido en la propuesta gubernamental.

Un grupo de empresas del Ibex 35 - entre las que se encuentran Naturgy, Iberdrola, Endesa o Telefónica - trabajan desde hace días, según confirman varias fuentes del ámbito fiscal, en la redacción de una enmienda que busca modificar parcialmente la disposición en virtud de la cual el Gobierno pretende rebajar del 100% al 95% la exención en el Impuesto de Sociedades sobre los dividendos transferidos hacia la matriz por las filiales ubicadas tanto en España como en el extranjero.

En torno a la mesa de trabajo, los responsables del Área Fiscal de las más reconocidas sociedades del país y entre ellos (y ellas) Begoña García-Rozada, directora Global Fiscal de Iberdrola y hasta hace apenas un par de años subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos, es decir, la alta funcionaria del Ministerio de Hacienda que se ha encargado de plantear y desarrollar las modificaciones normativas introducidas por el Gobierno en la Ley del Impuesto de Sociedades entre 2012 y 2017.

"Es muy probable que sea una de las personas que mejor conoce las claves del Impuesto de Sociedades en España", asegura el socio de Fiscal de una de las principales firmas de asesoría tributaria que operan en España. Su tarea y la del grupo de asesores fiscales de élite que están trabajando en el asunto es tratar de revertir un efecto indeseado -al menos para las grandes multinacionales- de la reforma del artículo 21 del Impuesto de Sociedades planteada por el Gobierno.

El asunto es que el establecimiento del gravamen del 5% sobre los dividendos inyectados por las filiales de las grandes multinacionales en la sociedad matriz no solo ha comenzado a gravar un canal de ingresos hasta ahora exento para las grandes compañías -y que ha constituido uno de sus principalmente mecanismos de financiación durante la crisis financiera- sino que también ha desactivado el mecanismo natural de ajuste que impedía que esos ingresos se gravaran en cascada desde que salen de la filial que los obtiene hasta que aterrizan en la matriz.

La arquitectura corporativa de las grandes multinacionales es compleja y se ordena en torno a un buen número de empresas vinculadas, creadas por criterios organizativos, regulatorios, de lógica económica y también en algunos caso de ahorro fiscal. El caso es que entre la filial que obtiene el beneficio que se quiere revertir en forma de dividendo y la matriz pueden existir varios pasos intermedios.

El esquema no suponía un problema cuando esos movimiento estaban exentos al 100%, pero en el modelo propuesto por el Gobierno supone una sangría de recursos ya que la tributación les afecta en cascada: el dividendo en origen debe dejar en las arcas públicas un 5% en cada paso que dé hacia la matriz lo que implica una factura fiscal que las empresas consideran no solo inasumible sino posiblemente ilegal.

Las empresas no se oponen frontalmente a que la exención se sitúe en el 95% -algo que ha estudiado la Comisión Europea y que ya se ha hecho en otros grandes países de la UE- pero se resisten a tener que pagar varias veces por el mismo dividendo. Según las fuentes consultadas, la solución que están estudiando las grandes empresas es que la redacción explicite que ese gravamen del 5% no se aplicará sobre las entidades -como dispone ahora- sino sobre el grupo empresarial. El objetivo es evitar una situación de doble imposición que no solo les supone un coste muy gravoso, sino que desencadenaría una litigiosidad imparable.

Para el siguiente paso, la introducción de la enmienda en el trámite parlamentario, el camino también está más o menos trazado. CEOE ha enviado a su 'cónsul en Cortes', Josep Sánchez Llibre, para trabajarse el apoyo de formaciones como el PDeCAT y el PNV de cara a una eventual tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos, que a día de hoy está en el aire tras la decisión de la dirección de ERC de presentar enmienda a la totalidad.

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