El exalcalde de Cómpeta dice que no leía los informes para dar licencias urbanísticas

EUROPA PRESS

El exalcalde de Cómpeta (Málaga) Leovigildo López ha declarado este martes que "no leía los informes" que se emitían antes de conceder las licencias de obra en el municipio y ha asegurado que se fiaba de los técnicos y de la secretaria municipal, que sí los leía; y confiaba en que cuando ellos remitían los expedientes urbanísticos al pleno para su aprobación era porque cumplían "todos los requisitos oportunos".

El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga ha acogido una primera sesión del juicio --que seguirá el 27 de abril con las periciales y las conclusiones finales-- en el que está acusados, además del exregidor del PP, tres exediles, dos arquitectos, uno el que estaba entonces en Ayuntamiento; y un promotor por la construcción de cinco viviendas en suelo no urbanizable y sin vinculación, según la Fiscalía, a explotación agrícola.

Según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados quisieron eludir las restricciones que contemplaba la legislación urbanística en cuanto a que las viviendas en suelo no urbanizable deben estar vinculadas a una explotación agrícola, de forma que concedieron las licencias, dando así respuesta a "la voluntad especulativa" del promotor. De hecho, tres compradores de estas casas han declarado que simplemente se las vendieron sin pedirles más requisitos.

El exregidor, que está en prisión por otras condenas relacionadas con la concesión de licencias y que en esta causa se enfrenta a una petición de dos años de prisión por un delito continuado de prevaricación urbanística, ha explicado que él dijo tanto al técnico como a la secretaria municipal que "cuando subieran las cosas al pleno fuera porque estuviera para aprobar", insistiendo en que siempre se basaba en los informes de éstos.

"No creo que ni el técnico ni la secretaria me engañaran, si me han engañado mala suerte", ha declarado el exalcalde, quien ha incidido en que "nadie" le advirtió de ilegalidad alguna, aunque ha admitido que "una vez la secretaria me regañó" en relación con temas urbanísticos. Ha dicho que en los pueblos "antes con un recibillo de 20 duros se hacían las obras" y que cuando fue alcalde, las cosas empezaban a cambiar.

Ha negado que se concertara con los otros acusados para conceder estas cinco licencias y ha explicado que la secretaria le pidió que contratara a alguien porque "estaba apartadilla de estos temas". Se contrató a un asesor jurídico, que estaba acusado, aunque ha sido absuelto tras anunciar el fiscal que retira la acusación. En su declaración ha dicho que se limitó a hacer informes sobre si los expedientes seguían los procedimientos administrativos adecuados.

Los tres exediles, acusados por el mismo delito y para los que el fiscal solicita inicialmente 15 meses de prisión y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, han coincidido en que no tenían conocimientos técnicos, en que no se pusieron de acuerdo para votar a favor de estas cinco licencias y en que entendían que cuando llegaban los expedientes al pleno o a la comisión de gobierno era porque "estaba todo correcto".

Según la acusación pública, el promotor supuestamente aprovechó para construir cinco viviendas, con la ayuda de otro procesado, un arquitecto, que emitió los proyectos de actuación en los que "de manera mendaz intentaba justificar la aprobación de los mismos", vinculando las casas colindantes a explotaciones agrícolas que "no existían" y señalando la necesidad de cada una como alojamiento del promotor para mantener la explotación.

El constructor ha admitido que el fin era vender las casas y ha dicho que no sabía el procedimiento para que se le aprobaran la construcción, sino que se limitó a pagar y presentar en el Ayuntamiento solicitud con los proyectos de actuación, realizados por el arquitecto, quien ha indicado que los datos de las parcelas se los dio el promotor y él sólo redactó, pero no tramitó. Ambos han negado un acuerdo con los demás para que se le concedieran las licencias.

El arquitecto municipal ha indicado que en sus informes no se muestra a favor o en contra, sino que es "objetivo", apuntando que "el que el promotor no vaya a vivir en las cinco viviendas no prejuzga que el que vaya a vivir allí no se vaya a dedicar a la agricultura". "Cuando emito esos documentos no sé el destinatario final de la edificación ni si se va a dedicar a la agricultura, pero en el proyecto de actuación se me dice que es así", ha manifestado.

Ha afirmado que se dieron más de 200 licencias en suelo no urbanizable no protegido y que antes de él llegar como técnico "se había seguido un trámite absolutamente irregular" en este sentido. Asimismo, ha asegurado que la normativa sobre la construcción de viviendas agrícola en suelo no urbanizable "está incompleta y los arquitectos estamos desarmados en este sentido".

No obstante uno de los testigos, técnico de Urbanismo de la Junta, organismo que sí emitió informes desfavorables, ha señalado que la normativa aplicable sí expresa "la necesidad para construir en suelo no urbanizable de justificar la vinculación a una explotación agrícola" y la necesidad de la vivienda, apuntando que en este caso son "parcelas pequeñas y parece que no es necesaria una vivienda en cada una".

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