Las comercializadoras de electricidad independientes sufren una alta presión financiera como consecuencia de los altos precios del mercado y así lo demuestra el reguero de expedientes que incoó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el año pasado. Según datos ofrecidos por la propia presidenta del organismo, Cani Fernández, las investigaciones en el campo de la energía se dispararon un 66% en 2022 en comparación con el ejercicio precedente, pasando de 46 a 76 expedientes, la mayoría por incumplimiento de reglas del mercado o procedimientos de operación, lo que se traduce en impagos.
Así lo avanzó este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados y pocos días antes de que se publique la memoria anual de Competencia. Fernández resaltó que el regulador viene trabajando para "aliviar" la carga financiera que están sufriendo este tipo de compañías por no poder hacer frente a las garantías que se le exige para comprar electricidad en el mercado mayorista ('pool' en la jerga). "Queremos reducir la desaparición de las comercializadoras independientes que nos lleven después a tener estructuras de mercado más concentradas", subrayó.
"Empezamos reduciendo la extensión de sus garantías, pero sin poner el riesgo la solvencia del sistema y adoptando las mejores precauciones ante el fraude. También preservando la competencia todo lo que hemos podido en relación con estas comercializadoras. En todo caso, además de alertar y dar más transparencia para forzar cierta autodisciplina por parte de los operadores, hemos seguido sancionando", indicó Fernández.
Los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista son los culpables de que muchas comercializadoras independientes hayan quebrado tras no poder hacer frente a los pagos. Algunas de las compañías que fueron inhabilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica el año pasado fueron Elektron Comercializadora de Energía, Kipin Energy, Relax Energía y Simples Energía de España. Una vez estas empresas dejan de operar por el impago de garantías y de peajes a distribuidores se inicia el traspaso de clientes a un comercializador de referencia (mercado regulado), controlado por los grandes grupos (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y TotalEnergies).
La CNMC alivia las cargas
De este modo, estas firmas no pudieron transferir sus clientes a cualquier otra empresa del mismo grupo o que estuviera vinculada. Bajo este escenario, en noviembre de 2021, la CNMC adoptó una resolución por la que modificaba las reglas de los mercados diario e intradiarios e incorporaba un mecanismo de pago anticipado, previo a la emisión de las liquidaciones semanales, el cual permitió a las comercializadoras que compran la energía en el mercado liberar sus obligaciones de pago antes de la fecha de vencimiento de las facturas. Además, hizo cambios en los procedimientos de operación del operador del sistema eléctrico para evitar poner en riesgo la solvencia del mercado y facilitar la detección temprana de problemas.
Con ello, redujeron el importe de las garantías que necesitan depositar para operar en el mercado. El volumen de garantías que aportan ante el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) debe cubrir las obligaciones de pago resultantes de la actividad semanal. No obstante, con la aplicación de la 'excepción ibérica', que limita el precio del gas que se usa para la generación eléctrica, las comercializadoras sufrieron otro golpe (al que hay que sumar una mayor dificultad para acceder a avales bancarios).
Con el mecanismo puesto en marcha (desde el 15 de junio), tienen que presentar un mayor respaldo económico para poder participar en el 'pool'. Feníe Energía fue una de las que denunció que la exención de parte del pago al gas no se haría sobre la electricidad finalmente consumida y pagada por los clientes, sino por la cantidad de energía previamente comprada por las comercializadoras. Así, Competencia volvió a actuar y en septiembre aprobó nuevas medidas, con las que se les dejó de solicitar a las comercializadoras algunas garantías de seguimiento diario si ya atendían al requerimiento mensual. También eliminó la garantía operación adicional intramensual y modificó el cálculo de la energía mensual a los efectos del cálculo de las garantías, de modo que se utilice en ambos casos la información de consumo más actualizada disponible en cada momento.
Por otro lado, el sector lleva casi año y medio esperando la subasta de energía eléctrica inframarginal que prometió el Gobierno. El mecanismo planteado por el departamento de Teresa Ribera consistía en obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales. Se incluyó en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, con medidas urgentes para mitigar el impacto de la subida de los precios de la electricidad en el mercado mayorista sobre la factura de la luz.
El texto recoge que la primera subasta se celebraría antes del 31 de diciembre de 2021, pero las grandes eléctricas se lanzaron contra el Ejecutivo alegando que consistía en "quitar energía a unos para vendérsela a otros". En concreto, estaban obligadas a vender un total de 15.830 gigavatios hora (GWh), que equivalen al 6,3% de la demanda eléctrica nacional de 2020. El reparto por empresas se estableció así: Endesa 6.737,26 GWh; Iberdrola 7.323,63 GWh; Naturgy 1.405,48 GWh; y EDP 363,72 GWh.
El Ejecutivo justificó en el texto que, desde el punto de vista de la demanda, "las comercializadoras independientes y los grandes consumidores, incluidos los industriales electrointensivos, tienen menos opciones para adquirir un volumen de energía significativo a plazos superiores al trimestre sin pagar una prima elevada, condicionando negativamente sus decisiones de inversión y sus planes de negocio ante el riesgo de que sus costes energéticos se vean incrementados sin una cobertura adecuada". Pues bien, Feníe Energía ha vuelto a salir a la palestra y ha acusado al Gobierno de incumplir la normativa.
La compañía defiende que este retraso acumulado de catorce meses "deja desprotegidos a los consumidores por segundo invierno consecutivo" y también perjudica a los operadores, ya que con dicha subasta podrían acceder a energía más económica y ofrecer así precios más competitivos. Feníe Energía, de forma individual y a través de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), ha denunciado el incumplimiento ante diferentes organismos como la Secretaría de Estado de Energía, la CNMC, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
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