Experto en derecho pide introducir racionalidad en procedimiento hipotecario

Madrid, 4 abr.- El catedrático de Derecho Civil Lorenzo Prats Albentosa considera que la reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria debe introducir racionalidad en un proceso "que es pura fuerza" y, al mismo tiempo, ser prudente para evitar hundir el mercado de cédulas hipotecarias.

Según ha explicado en una jornada sobre normativa hipotecaria organizada por el Consejo General de la Abogacía, la normativa vigente aplica un procedimiento de ejecución concebido para promotores e inversores, pero la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE obliga a diferenciar entre profesionales y consumidores.

A la hora de trasladar la sentencia a la legislación española, Prats hizo un llamamiento a la cautela y la moderación para no inclinar la balanza en sentido opuesto y, al intentar proteger al consumidor, se de una situación que haga inservible el sistema de garantía hipotecaria.

Hay que elaborar un nuevo procedimiento "no para el deudor, pero que tampoco sirva para masacrar al deudor" y que aplique "fuerza racionalizada, no brutalidad", que es lo que ocurre en la actualidad, señala.

No obstante, "ser prudente no significa ser protector de la banca", ha concluido.

A su juicio, las enmiendas del PP a la proposición de ley derivada de iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago recogen las exigencias del Tribunal de Luxemburgo, aunque algunos aspectos esenciales, como la posibilidad de realizar quitas a la deuda, serán de difícil aplicación dada la situación de los juzgados.

El volumen total de títulos hipotecarios admitidos a cotización -cédulas hipotecarias y activos hipotecarios titulizados- en España durante 2012 creció el 16,6 % en 2012, hasta alcanzar los 107.363 millones de euros, según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

En el transcurso de la jornada, la coordinadora del centro de mediación del Colegio de Abogados de Valencia, Anna Vall, apostó implementar "cambios profundos que incidan en las causas (del problema) y no en paliar los efectos", como hacen los reales decretos aprobados por el Ejecutivo en 2012 -el del código de buenas prácticas y el de paralización de desahucios-.

Prats también reclamó medidas que favorezcan que todas las partes soporten las incidencias que surjan en la vida del crédito y no solo el deudor, como ocurre ahora, así como aplicar mecanismos de liberación de deuda o segunda oportunidad que eviten que las personas queden endeudadas de por vida.