La posibilidad de plantear una quita general sobre la deuda que las comunidades autónomas mantienen con el Estado se ha convertido en el punto más controvertido de las deliberaciones de los 14 sabios reunidos por el Gobierno para trazar la hoja de ruta del futuro sistema de financiación autonómica.
El Ministerio de Hacienda incluyó deliberadamente este punto en el guión de materias a tratar en busca de aval académico a una posibilidad que Cristóbal Montoro ya ha barajado en público y que incluso se planteó en el arco parlamentario con un cierto respaldo del PSOE y el rechazo de Ciudadanos, que acepta una posible refinanciación pero no una quita.
El Comité de Expertos ha rehusado dar este aval, al menos de una forma explícita. Según fuentes conocedoras de las deliberaciones del Comité, la división en este punto hará que el informe plantee dos recomendaciones, apoyadas cada una de ellas por un grupo de expertos.
El grupo mayoritario aboga por resolver el problema real de sobreendeudamiento de las comunidades autónomas -según el último informe del Banco de España adeudan 173.460 millones de euros al Estado a cuenta de las diferentes herramientas de liquidez instrumentadas por el Estado desde 2012 para compensar la dificultad, cuando no imposibilidad, autonómica de salir a los mercados de deuda- ampliando los plazos de devolución de estas cantidades y estableciendo tipos de interés 'blandos', sin llegar en ningún caso a tipos cero o en un tipo de interés inferior al de financiación del Tesoro, es decir, sin aumentar la carga de deuda del Estado.
El otro grupo sí defiende la realización una quita de deuda como complemento a esa mejora de las condiciones de devolución de los préstamos, que compensaría en mayor medida a las comunidades autónomas más perjudicadas por el sistema de financiación autonómica: Comunidad de Madrid, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, ésta última una de las que más problemas de endeudamiento presenta.
La división en el seno del Comité de Expertos, cuyos miembros han sido designados al final por las diferentes comunidades autónomas, reproduce de alguna forma las diferencias de parecer que la medida suscita entre los gobiernos autonómicos.
Las autonomías que, en su día, con los mercados de deuda completamente cerrados para las comunidades autonómicas y la obligación de afrontar ajustes millonarios para contener su déficit, decidieron no acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, como Galicia o la Comunidad de Madrid, rechazan de plano la posibilidad de una quita de deuda, incluso en el caso de que les pudiera beneficiar.
Por otra parte, las que acumulan más ayudas estatales en términos relativos: la Comunidad Valenciana, Cataluña o Región de Murcia, defienden la necesidad de una quita para normalizar su situación financiera.
Según un informe publicado por Hacienda hace aproximadamente un año, los instrumentos de liquidez ofrecidos por el Gobierno a las comunidades autónomas, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Fondo de Pago a Proveedores, han ahorrado cerca de 45.000 millones de euros en intereses a las comunidades autónomas.
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