Viernes, 24.05.2019 - 01:35 h
El coste se acercará a lo estimado por los acreedores

La factura del rescate de las radiales será el doble de lo reconocido por el Gobierno

La Autoridad Fiscal afea al Gobierno por minimizar los riesgos del proceso y estima que el gasto para las arcas públicas se irá a los 3.400 millones.

Fotografía del peaje de la R2 / EFE
La autopista de peaje R2 / EFE

Los 1.800 millones de euros reconocidos como Responsabilidad Patrimonial del Estado por la reversión hacia la Administración de la gestión de las radiales y de otras autopistas de peaje entregadas en su día a concesionarios privados y caídas en quiebra solo cubrirán una parte de la factura que los fondos públicos deberán afrontar como consecuencia de este proceso. La revisión crítica del plan presupuestario presentado por el Gobierno que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo independiente impuesto a España por Bruselas después de la crisis para fiscalizar las cuentas públicas, concluye que el Gobierno ha minimizado los riesgos para las arcas públicas de este proceso y estima que su coste real se disparará al doble de lo reconocido por el Ejecutivo, al entorno de los 3.400 millones.

La cifra se aleja de forma significativa de las que han manejado tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como en su día el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que siempre situaron el coste para las arcas públicas de revertir la gestión privadas de la autopistas de peaje en quiebra en una horquilla de entre 1.800 y 2.000 millones de euros. Por el contrario, se aproxima más a los cálculos realizados por los fondos de inversión acreedores de las empresas concesionarias, que siempre han situado la pella para el Estado en las inmediaciones de los 4.000 millones de euros. 

El argumento de la Autoridad Fiscal para ensanchar la factura derivada del rescate de la autopistas de peaje es, en primer lugar, que la determinación de la Responsabilidad Patrimonial del Estado -aún en proceso, pese a que el Gobierno cargara 1.800 millones de euros al ejercicio presupuestario de 2018- "podría suponer un riesgo fiscal para los próximos ejercicios" y, además, que hay procesos judiciales ya en curso o que podrían abrirse en el futuro "que podrían alcanzar importes relevantes en los próximos ejercicios". Las proyecciones realizadas por la Autoridad Fiscal estiman este potencial coste extra en cerca de 1.600 millones de euros, casi el doble de los reconocidos por el Gobierno.

El Gobierno aprobó hace solo un par de semanas en Consejo de Ministros el acuerdo de interpretación del método de cálculo de la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) a partir del cual se debe cerrar la cifra con la que las arcas públicas deberán compensar a las empresas concesionarias -o, más bien, a sus acreedores- por la reversión anticipada de los contratos de explotación que tenían sobre las vías rescatadas. En realidad, los 1.800 millones de euros consignados por el Gobierno con cargo a los Presupuestos de 2018 no reflejaban ningún pago ya realizado sino más bien una suerte de provisión sobre los costes que podría generar el cálculo de la RPA. 

El cálculo de la RPA forma parte del proceso de liquidación de los contratos concesionales que se resolvieron antes de tiempo tras entrar en concurso las concesionarias de las autopistas afectadas: Radial 3, Radial 5, Radial 2, Radial 4, M-12, AP-7 (Circunvalación de Alicante), AP-7 Cartagena-Vera, AP-36 (Ocaña-La Roda) y Madrid-Toledo (AP-41)-, a día de hoy gestionadas por la estatal Seittsa.

Maniobras para abaratar la factura del rescate para el Estado

Los fondos de inversión tenedores de las deudas acumuladas por las autopistas de peaje rescatadas sospechan que ese 'acuerdo de interpretación' no es más que una maniobra del Gobierno para abaratar la factura del rescate, según publicó El Independiente. De hecho, el Ejecutivo ya ha empezado a maniobrar en ese sentido y en una resolución emitida el pasado mes de diciembre por la Secretaría General de Infraestructuras estimaba en más de 317 millones de euros las inversiones que le tocaría asumir al Estado para 'poner a cero' las infraestructuras o, en otras palabras, "para restablecer las características iniciales de la infraestructura según los contratos concesionales precedentes". Parece obvio que esa factura se detraerá de la RPA.

El Ejecutivo también ha puesto en marcha a través de Seittsa un nuevo modelo de gestión de las autopistas rescatadas, que se ha traducido en una reducción generalizada del 30% de los precios de los peajes que ha servido -junto con el contexto económico- para disparar el tráfico de las autopistas. En los próximos dos años, el Ministerio de Fomento espera ganar 115 millones de euros con la gestión de las nueve autopistas rescatadas y, tal vez, demostrar que la gestión de las empresas concesionarias también pudo tener algo que ver en que el Estado tuviera que salir finalmente al rescate.

No obstante, no parece que estos movimientos del Estado vayan a evitar que finalmente la RPA se resuelva en los Tribunales. La diferencia entre lo que pretende pagar el Estado y lo que exigen los acreedores es lo suficientemente grande como para justificar dar ese paso, que en cualquier escenario se daría en el momento en que el Ejecutivo revela de forma definitiva la factura de su responsabilidad patrimonial.

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