El envejecimiento de la población, el aumento del gasto en pensiones debido a la entrada en el sistema de nuevos jubilados con prestaciones 500 euros mayores que la media y el efecto de la pandemia del coronavirus en la economía y en el empleo han dibujado un panorama de dependencia difícil de sostener, con una factura social que se ha disparado en el último año, según las estadísticas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), del Ministerio de Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Mientras el importe de las prestaciones sociales que conceden los tres organismos públicos aumentó casi el 10% con respecto al mes de febrero del año pasado, justo antes de la pandemia, el número de beneficiarios apenas crece el 2,9%, principalmente por un aumento de la nómina dedicada a pagar el paro y los subsidios de desempleo de un 50% y de la factura de las pensiones contributivas, que suponen casi ocho de cada diez euros de los desembolsos mensuales.
Al tiempo destaca el descenso de un 1,2% de las nuevas incapacidades permanentes, supeditadas a la valoración de los médicos que han estado centrados durante la mayor parte del tiempo en la pandemia. También cayeron los subsidios LISMI del Imserso, un 13%, y las pensiones asistenciales, por enfermedad y vejez, que se redujeron más de un 10% con respecto a 2020, aunque apenas son relevantes por su número, apenas 8.000, en un contexto en el que se pagan 9,8 millones de pensiones contributivas.
El gasto en prestaciones sociales supera ya los 13.128 millones mensuales y en hasta seis provincias -Ourense, Lugo, Burgos, León, Asturias y Teruel- hay un número de ocupados muy similar al de personas recibiendo pensión, una situación tiene todos los visos de agravarse tanto desde el punto de vista laboral como el de los perceptores de prestación, cada vez más y con nóminas más altas. En el caso de Asturias y León, el efecto de los trabajadores de la minería de carbón jubilados es muy importante por su efecto en las prestaciones, mucho más elevadas que las de otro regímenes.
El desembolso, que también incluye pequeñas prestaciones en cuanto a su cuantía, como las asistenciales, el subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y el subsidio por Ayuda a Tercera Persona, supone de media 277 euros por persona y mes, pero en algunas comunidades se supera con creces esa cantidad, debido al elevado gasto en protección social por el número de perceptores y/o por los elevados importes de las prestaciones. Son los casos de Asturias (409 euros), Galicia (303 euros), Castilla y León (312), Aragón (297), Cantabria (322), Baleares (314), Navarra (295), País Vasco (372) y Cataluña (304).
Mientras, cinco provincias superan claramente la dependencia de un tercio de su población de ayudas y prestaciones públicas, Ourense, Asturias, Lugo, León y Zamora. En el lado opuesto se sitúan fundamentalmente provincias con un porcentaje elevado de jóvenes y con un alto volumen de trabajadores en el sector de la hostelería y el turismo, con muy cotizaciones elevadas, y que finalmente no se jubilan en la comunidad en la que trabajan durante años. En este grupo están las Islas Baleares y, también, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias, que pese a todo tienen un nivel de desempleo algo más elevado.
También se encuentran en buena situación dos provincias costeras andaluzas -Almería y Málaga-, la Región de Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana, además de cinco provincias interiores, Albacete, Guadalajara, Madrid, Navarra o Toledo, en las que el número de ocupados más que duplica al de los pensionistas y son capaces de aguantar holgadamente las pensiones de sus mayores. En el caso de Murcia, la positiva situación se debe a un amplio porcentaje de población joven, lo mismo que sucede en Madrid, con una amplia oferta de empleo y donde un buen número de trabajadores proceden de fuera y terminan cobrando sus jubilaciones en sus lugares de origen.
Mientras en Toledo y Guadalajara, dos provincias con un porcentaje de beneficiarios de prestaciones sociales muy reducido, su cercanía a la capital de España tiene un efecto muy positivo. En el caso de Guadalajara, pese a ser un ejemplo habitual de la España vacía y envejecida, con pueblos que en muchos casos no llegan a los 70 habitantes empadronados y que en invierno están prácticamente despoblados, el desarrollo económico de determinadas áreas propiciado por su cercanía a Madrid y a que muchas localidades se han convertido en ciudades dormitorio para jóvenes han conseguido frenar el efecto envejecimiento y propiciado que sea una de las provincias más sostenibles.
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