FACUA considera una "trampa" el decreto contra los desahucios

  • La organización FACUA-Consumidores en Acción ha calificado de "trampa" el decreto del Gobierno contra los desahucios, "cuyo contenido es claramente discriminatorio y con visos de inconstitucionalidad", por los requisitos que exige para poder acogerse a la nueva norma.

Sevilla, 29 nov.- La organización FACUA-Consumidores en Acción ha calificado de "trampa" el decreto del Gobierno contra los desahucios, "cuyo contenido es claramente discriminatorio y con visos de inconstitucionalidad", por los requisitos que exige para poder acogerse a la nueva norma.

Según ha señalado en un comunicado FACUA, "la mano del poder financiero está claramente detrás de un real decreto ley" y el Congreso de los Diputados respaldará hoy un decreto "al que podrán acogerse un ínfimo porcentaje de familias en riesgo de desahucio para paralizarlo durante dos años y sin que la banca tenga que renegociar el pago ni las condiciones de las hipotecas".

La organización ha lamentado "la insensibilidad manifiesta con este drama social por parte el Gobierno" y ha agregado: "Nueve días después de que el ministro de Economía asegurase que 600.000 familias podrían paralizar sus desahucios durante dos años, De Guindos ha dado hoy una nueva cifra, 120.000, y una vez más sin argumentar cómo ha realizado el cálculo".

FACUA ha denunciado que "el Ejecutivo no quiere hacer nada que perjudique los intereses de los banqueros, ni tan siquiera para poner freno a las prácticas fraudulentas que han cometido con buena parte de las hipotecas, como la abusiva cláusula suelo".

La asociación ha considerado igualmente que el Gobierno, Mariano Rajoy, está "cerrado al diálogo con las organizaciones que representan los intereses de los usuarios para poner en marcha medidas que realmente solucionen el problema".

FACUA ha recomendado a los afectados que, aunque no cumplan los requisitos establecidos en el decreto, soliciten por escrito al juzgado correspondiente la paralización de su desahucio, para lo que pueden utilizar el escrito que pone a su disposición el Consejo General de la Abogacía Española.

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