FACUA dice que el decreto andaluz de vivienda es buen paso y pide mejoras

  • La organización FACUA-Consumidores en Acción ha expresado su apoyo al decreto-ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía y ha dicho que es "un buen paso" aunque ha pedido mejoras importantes.

Sevilla, 11 abr.- La organización FACUA-Consumidores en Acción ha expresado su apoyo al decreto-ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía y ha dicho que es "un buen paso" aunque ha pedido mejoras importantes.

En un comunicado, FACUA ha indicado que el decreto-ley "abre una línea que deberían imitar el resto de comunidades autónomas" y "no observa colisión con las competencias del gobierno de la nación ni visos de inconstitucionalidad en su contenido".

Sobre las mejoras necesarias, FACUA se ha referido a los requisitos que las familias deberán reunir para beneficiarse de la norma, como que la hipoteca represente más de un tercio de sus ingresos o que los ingresos de la unidad familiar no superen 1.597 euros brutos mensuales.

En el comunicado, FACUA ha considerado que la limitación en los ingresos es excesiva y excluirá injustamente a numerosas familias.

En este sentido la organización de consumidores ha reclamado al Gobierno andaluz que modifique ese elemento y module los límites en función del número de miembros de la unidad familiar.

Si la hipoteca impagada que ha originado el procedimiento de desahucio no fue solicitada para la compra de la vivienda, las familias no podrán acogerse al decreto-ley, lo que según FACUA, excluyen injustamente hipotecas que las familias solicitaran sobre la vivienda para hacer frente a situaciones de sobreendeudamiento o la apertura de negocios.

Además FACUA ha subrayado que las familias que reúnan los requisitos para beneficiarse de la medida podrán seguir viviendo en los inmuebles o regresar a ellos si son desahuciados después del 12 de abril de 2013 y si siguen vacíos.

Por tanto, el decreto-ley no se aplicará a procedimientos de desahucio iniciados después de su entrada en vigor o a las familias que hayan sido desahuciadas antes del 12 de abril.

Lo harán abonando a la Administración una cantidad hasta que finalicen los tres años (a contar desde la fecha del lanzamiento), momento en que perderán definitivamente todos los derechos sobre los inmuebles.

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