Ferrovial no se rinde y sigue en la lucha judicial contra la Generalitat de Cataluña por el caso de Autema, su participada de forma conjunta con Abertis que es concesionaria de la autopista C-16. Hace solo unos meses que la compañía constructora que capitanea Rafael del Pino se daba de bruces contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimaba su reclamación contra la Generalitat. La constructora había impugnado dos reales decretos consecutivos que modificaban las condiciones iniciales del contrato de esta concesión, pero el juez falló en su contra.
Tras esta negativa, Autema ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de conseguir lo que no ha podido lograr en Cataluña. Así lo detalla en la información que Ferrovial ha remitido este mismo miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en respuesta a los requerimientos de ampliación de información realizados con respecto a las Cuentas Anuales de diciembre de 2018 y a los estados financieros intermedios de junio de 2019.
La CNMV pedía a la constructora que actualizase la situación de este litigio y así lo ha hecho en un documento con fecha de entrada en el registro de este organismo de este mismo lunes. Desde el principio. El 14 de julio de 2015 la Generalitat de Cataluña publicaba un decreto por el que se modificaba "radicalmente", según decía la propia Ferrovial, el régimen concesional del proyecto. Este cambio, fue completado apenas año y medio después por un segundo decreto de la Generalitat de Cataluña.
Las modificaciones supusieron pasar de un régimen en el que la Generalitat abonaba a la sociedad concesionaria la diferencia entre los peajes recaudados y el excedente de explotación fijado en el Plan Económico Financiero, a un sistema por el que la retribución del concesionario dependerá del número de usuarios de la infraestructura, subvencionando la Generalitat parte del peaje abonado por el usuario. De esta forma, y según se señala en las últimas cuentas anuales de la compañía, se reducen los ingresos a percibir por Autema entre un 50% y un 43%.
La concesionaria consideró en ese momento que existían argumentos "muy sólidos" para concluir que la Administración, al dictar ambos decretos, había extralimitado los límites para modificar los contratos y recurrió ante el TSJC esta decisión de la Generalitat. Pero la resolución de este órgano no fue favorable a la concesionaria y terminó dando la razón al Gobierno regional al estimar que "no se puede considerar que el decreto sea ilegal" pese a que la referencia al plan económico financiero "se sitúa en un marco de ambigüedad y posibles confusiones", tal y como señala la sentencia a la que ha tenido acceso La Información.
En este sentido, Autema presentó el citado recurso de casación ante el Tribunal Supremo que "ahora tiene que decidir si lo admite a trámite", tal y como señala Ferrovial en respuesta a las aclaraciones solicitadas por la CNMV. La concesionaria basa su recurso en cuatro puntos: la exigencia del Derecho Comunitario de que debe prevalecer el régimen de modificación de los contratos públicos que estaba vigente en el momento en que se acuerda la modificación de la concesión; el contenido "imposible" del decreto impugnado; la vulneración de la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos; y la declaración de invalidez de decreto regulador de la concesión.
Consecuencias de la modificación
Las modificaciones han tenido consecuencias a nivel financiero para la constructora que capitanea Rafael del Pino. Tal y como consta en las cuentas del primer semestre del ejercicio de 2019, la compañía registró una provisión por los resultados generados por esta sociedad de 21 millones de euros que se quedan en 16 millones en el resultado neto de Ferrovial. En este mismo periodo del año anterior ya se habían provisionado otros 13 millones.
Pese a todo ello, y debido a la confianza de la compañía en la resolución favorable de este conflicto judicial, Ferrovial ha decidido mantener este activo bajo la consideración de financiero -por lo que también ha pedido explicaciones la CNMV- pese a que se plantea, según ellos mismos señalan en la documentación remitida este mismo miércoles a la CNMV, "la posibilidad de reclasificar a cierre del ejercicio el saldo del fondo de comercio (58 millones a diciembre de 2018) como mayor saldo de la cuenta a cobrar". Autema está participada en un 76,28% por Inversora de Autopistas de Cataluña, dependiente de Ferrovial, y en un 23,72% por Autopista Concesionaria Española, compañía de Abertis, según consta en el Registro Mercantil.
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