Las entidades financieras que aceptaron adherirse al Código de Buenas Prácticas contra los desahucios han recibido 568 solicitudes durante el primer trimestre de aplicación de la medida, según acaba de informar el Ministerio de Economía.
Sin embargo, la inmensa mayoría de estos casos todavía está pendiente de recibir una respuesta o ha sido ya denegado. En concreto, 283 se encuentran pendientes de resolver, un 49,8% del total, mientras que 226 (el 39,8%) han sido rechazadas porque, según las entidades, el deudor no cumplía las condiciones requeridas.
De hecho, apenas 52 casos (10%) se han resuelto gracias a esta vía voluntaria que abrió el Gobierno para intentar que banca y desahuciados llegaran a un punto de acuerdo en los casos más graves.
Más ridícula es la cifra de casos en los que las entidades han aceptado la dación en pago, sólo 8 casos, mientras que en los otros 44 se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago
Además, de las 285 solicitudes cuya tramitación ya ha finalizado, ha habido siete ocasiones en las que el solicitante desistió de seguir intentando encontrar una solución con su banco.
Mucho ruido y pocas nueces
Ante la evidencia del fracaso que ha supuesto, al menos por el momento, esta iniciativa, Economía señala que "se trata de un primer intento de dar solución al problema de los desahucios para los casos de primera vivienda y riesgo de exclusión social y, como tal, debe dársele más tiempo para demostrar su eficacia".
De hecho, asegura que en el segundo trimestre de vigencia del Código de Buenas Prácticas, entre los meses de julio a septiembre, se han presentado ya en torno a otras 700 solicitudes.
Además, desde la cartera dirigida por Luis de Guindos se ha recordado que el Gobierno quiere ampliar los supuestos de aplicación del código y que el Ejecutivo acaba de aprobar una moratoria de dos años para los casos de extrema necesidad.
Economía destaca que, de las 100 entidades que suscribieron el Código de Buenas Prácticas, solo 28 declararon haber recibido solicitudes y, además, el 73% de éstas se concentra en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.
La deuda total pendiente en los casos del primer trimestre, que se extiende desde el 11 de marzo hasta el 30 de junio de este año, alcanza los 69,5 millones de euros.
Estos datos se recogen en el primer informe de evaluación elaborado por la Comisión de Control, en la que están representados el Ministerio de Economía y Competitividad, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Asociación Hipotecaria Española.
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