El Ministerio de Hacienda ha empezado a pagar a un puñado de grandes empresas la compensación en forma de intereses que les corresponde por los anticipos a cuenta abonados de más en el Impuesto de Sociedades entre octubre de 2016 y abril de 2018, en aplicación de una reforma legal impulsada por Cristóbal Montoro y que el Tribunal Constitucional acabó declarando ilegal el pasado mes de julio. Nada más conocerse la decisión del Constitucional las compañías empezaron a reclamar a Hacienda las cantidades que entendían que les correspondían por los 'sobrepagos' realizados durante ese periodo y el pasado mes de septiembre el Ministerio empezó a ejecutar esas devoluciones por un valor que hasta el cierre de ese mes se elevó por encima de los 100 millones de euros, según la información oficial publicada por la Agencia Tributaria sobre el particular.
Fuentes del ámbito de la asesoría tributaria aseguran que la factura para el Estado de este fiasco normativo no se quedará ahí y que crecerá de forma significativa en los próximos meses a medida que Hacienda vaya resolviendo las reclamaciones realizadas por las empresas. El problema viene del Real Decreto Ley 2/2016 aprobado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, que elevó el tipo aplicable a los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades del 17% de la base imponible al 24% de ésta o al 23% de su resultado contable para las empresas con una facturación anual superior a los 10 millones de euros en el último ejercicio fiscal. El objetivo declarado de la norma era meter en caja por la vía rápida 6.000 millones de euros extra para rebajar el descontrolado déficit público y para conseguirlo el equipo de Cristóbal Montoro entendió que había que operar sobre el tramo de grandes empresas "habida cuenta de que éstas poseen la capacidad contributiva necesaria para coadyuvar al sostenimiento de las finanzas públicas".
La norma se aprobó un 30 de septiembre y el 1 de octubre ya estaba operativa, a tiempo para sujetar a ese nuevo marco regulatorio el pago fraccionado de Sociedades del mes de octubre y maquillar el dato de déficit de 2016 con los ingresos obtenidos por esa vía. La airada reacción de las empresas afectadas fue capeada entonces por el Ministerio de Hacienda con el argumento de que se trataba de una modificación transitoria que el Gobierno retiraría en tanto el déficit público cayera por debajo del 3%, pero eso no impidió que el asunto acabara en los Tribunales.
A principios de 2019 la Audiencia Nacional ya manifestó que consideraba que el esquema no se ajustaba a derecho y el pasado mes de julio fue el Tribunal Constitucional el que dejó sentada la ilegalidad de la maniobra del Gabinete Rajoy. La argumentación de los tribunales se basaba principalmente en dos principios. Por una parte, entiende que la norma atenta contra el principio de capacidad económica defendido por la Constitución, ya que forzaba a empresas con bases imponibles negativas a abonar anticipos a cuenta con cargo a su resultado contable. Por otra parte, y en esto se apoya el Constitucional, se considera inadecuada la utilización del Real Decreto Ley para abordar lo que es una modificación sustancial de la regulación de uno de los principales impuestos del ordenamiento fiscal, como es el de Sociedades.
El 'pecado original' viene de la era Montoro, pero las dudas sobre la legalidad de esta disposición - que han desembocado en la sentencia ya mencionada del Constitucional - no arredraron a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en su finalmente derribado proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 incluyó un incremento del 23% al 24% del tipo aplicable a los anticipos a cuenta de las grandes empresas en busca de recaudación extra para sufragar los programas de gasto que se incluían en el proyecto presupuestario.
Una factura millonaria en forma de intereses
Con la disposición derribada por los tribunales, el Ministerio de Hacienda debe afrontar ahora la reparación de los perjuicios causados a las empresas por el cobro indebido por parte del Fisco de anticipos a cuenta muy superiores a los que se hubieran debido abonar. La propia mecánica del Impuesto de Sociedades, que compensa la factura tributaria de las empresas en la liquidación final con un menor pago de la deuda tributaria o una devolución en los casos en que los pagos a cuenta superen la factura fiscal que corresponda por el ejercicio en cuestión, desactiva la posibilidad de solicitar la devolución de los anticipos de más abonados durante el periodo en el que la norma estuvo vigente, entre octubre de 2016 y abril de 2018.
Los contribuyentes que se entiendan perjudicados sí tienen, no obstante, el derecho a reclamar los intereses de demora que resulten del exceso de pagos realizado durante ese periodo respecto al que habría resultado de la normativa anterior. Según un comentario a la sentencia del Constitucional publicado por la consultora PwC, hay que tener en cuenta en este sentido que el plazo que transcurre entre que se efectúa el primer pago fraccionado y la devolución efectiva de los excesos de pago puede llegar a ser en ocasiones de 21 meses, siendo el tipo de interés de demora vigente del 3,75%
La información oficial publicada en su día por la Agencia Tributaria atribuyó a esta elevación del tipo de los anticipos a cuenta del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas una recaudación extra de cerca de 3.000 millones de euros en el año 2016. En principio ése sería el principal sobre el que habría que calcular los intereses de demora que las empresas afectadas tienen derecho a percibir. La factura final se irá conociendo en los próximos meses.
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