"A ver qué pasa a partir de ahora. Esperemos que esto no sea el fin del Pacto de Toledo". Este sombrío augurio formulado por uno de los portavoces de esta comisión parlamentaria - creada en su día para consensuar entre todas las fuerzas parlamentarias las líneas básicas a seguir por cualquier Gobierno para garantizar el futuro de las pensiones - reflejaba el estado de ánimo mayoritario el pasado martes entre los diputados de la comisión, después de que la reunión convocada para encarrilar un acuerdo antes del final de la legislatura terminara descarrilando entre reproches mutuos de interés partidista.
Las declaraciones de los diputados a la salida de la tormentosa reunión secreta que precipitó la disolución del Pacto de Toledo oscilaban entre la decepción, la frustración y la indignación, pero también dejaban entrever un punto de preocupación. En los cerca de 25 años de historia del Pacto de Toledo (nació en 1995) se han vivido todo tipo de episodios, acuerdos, disensos, negociaciones interminables, pero nadie recuerda una maniobra tan dañina para el consenso como la ejecutada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que después de dos años y medio de negociación se descolgó el pasado martes con una "enmienda de totalidad", según la definieron varios de los miembros de la Comisión, a las recomendaciones dolorosamente consensuadas por todos los grupos parlamentarios a golpe de cesión.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el cálculo político irrumpió en un espacio ideado para el debate técnico y el consenso, y dinamitó un potencial acuerdo que muchos ya veían complicado por la proximidad de la cita electoral y la diversidad de intereses en liza. El panorama percibido justo después de la ruptura así lo reveló: PSOE y nacionalistas denunciaban la falta de interés de PP y Ciudadanos por llegar a un acuerdo; PP, Ciudadanos y nacionalistas afeaban al PSOE sus excesivas prisas por cerrar por la vía rápida un acuerdo que, aseguraban, se habría alcanzado con un par de meses más de "maduración"; PP y Ciudadanos deslizaban la inestabilidad creada por los vaivenes de los nacionalistas en función de sus expectativas de acuerdo con el Gobierno; Unidos Podemos acusaba al PSOE de intentar capitalizar electoralmente un eventual acuerdo sobre las pensiones; y todos los grupos parlamentarios acusaban directamente a Unidos Podemos de haber dinamitado el potencial pacto.
El caldo de cultivo para la refriega política era tan evidente que la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, - que esta misma semana ha anunciado su marcha de la política - ni siquiera se planteó la posibilidad cuando el PSOE intentó con el respaldo de PDeCAT, PNV e Iniciativa per Catalunya una maniobra de última hora para sacar adelante al menos un 'minipacto de Toledo' con aquellas recomendaciones sobre las que el nivel de consenso era total. "No voy a aceptar ninguna votación que no sea sobre un documento de recomendaciones acordado por todos", recalcó Villalobos. Y así ocurrió.
La insoportable presencia del cálculo electoral
La maniobra del PSOE no estaba exenta de cálculo político. El Gobierno no quiere concurrir a las elecciones generales del próximo 28-A con el 'debe' de no haber derogado los elementos más emblemáticos de la reforma de pensiones aprobada por el PP en 2013 y que son, por este orden, el índice de revalorización de las pensiones - que 'condenaba' a las prestaciones a subir tan solo un 0,25% anual en tanto persistiera el déficit del sistema- y la sujeción del Factor de Sostenibilidad a variables como la esperanza de vida y la salud financiera del sistema.
En paralelo a las últimas deliberaciones del Pacto de Toledo, el Ministerio de Trabajo ha venido trabajando con los sindicatos un Real Decreto Ley para abordar este compromiso electoral y recuperar el principio de actualización de las pensiones por el IPC por la vía de derogar el índice de revalorización introducido unilateralmente por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Seguridad Social en el año 2013...y buscaba el aval - aunque fuera parcial - de la Comisión Parlamentaria para que nadie le pudiera afear el haber actuado de espaldas al Pacto de Toledo.
Según fuentes parlamentarias, a partir de ahí se entiende el repentino interés del Grupo Socialista por acelerar la consecución de un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo y, fracasado este intento, la maniobra 'in extremis' para sacar adelante un acuerdo político sobre las dos recomendaciones que concitaban el consenso general, una de las cuales, cabe recordar, instaba al Gobierno a revalorizar las pensiones con carácter general a partir del IPC real...
Fuentes de Unidos Podemos admiten que su decisión de plantear una enmienda de totalidad sobre un documento de recomendaciones que en un 90% estaba ya acordado por todos viene de sus sospechas de que el PSOE pretendía capitalizar electoralmente ese eventual acuerdo. El PP tampoco estaba dispuesto a dejar pasar la maniobra socialista y de hecho en la reunión del pasado martes reabrió el debate sobre la subida en función del IPC exigiendo que dentro de esa recomendación se incluyera la exigencia de un Factor de Sostenibilidad en el sistema.
La 'pax' en torno a las pensiones, pendiente de un hilo
Celia Villalobos ha llegado a expresar esta semana que prefiere que el Pacto de Toledo se cierre sin acuerdo a convertir sus reuniones en una refriega política permanente. Sin embargo, ese riesgo no ha desaparecido con la disolución de la comisión parlamentaria.
El Gobierno está decidido a aprobar un Real Decreto Ley sobre pensiones sí o sí y de los contenidos que incluya ese texto dependerá, en buena medida, que las pensiones se conviertan o no en un campo de batalla política en la próxima campaña electoral. El Gobierno ya ha sido persuadido por alguno de sus potenciales socios parlamentarios de esta circunstancia. La opción 'pacífica' pasaría por que el Real Decreto Ley se limitara a garantizar que las pensiones subirán con el IPC también en 2020. Esa salida no solo facilitaría la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto Ley sino que sería difícilmente criticable por el resto de los partidos políticos. En contra, la decepción que eso supondría para los sindicatos y los socios parlamentarios del Gobierno - Unidos Podemos - que continúen exigiendo al Ejecutivo su compromiso de remover la reforma de 2013.
La opción agresiva pasa, precisamente, por cumplir con sindicatos y Unidos Podemos y lanzarse a derogar por decreto el Índice de Revalorización de las Pensiones y los parámetros del Factor de Sostenibilidad aprobados en la reforma de 2013. Esa vía no sería pacífica. Es cierto que el Partido Popular ha admitido tácitamente la insostenibilidad del Índice de Revalorización de las Pensiones tanto en el Gobierno, con su acuerdo con el PNV para los Presupuestos de 2018 que desactivó 'de facto' este instrumento, como en la oposición, respaldando dentro del Pacto de Toledo el consenso para que las pensiones volvieran a actualizarse "con carácter general" a partir del IPC, pero una reversión de 'su reforma' desencadenaría con total seguridad una respuesta política.
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