Fideicomisos públicos generan opacidad y corrupción en Guatemala, según ONG

Guatemala, 4 abr.- Los millonarios fideicomisos públicos que manejan las instituciones del Estado generan opacidad y corrupción debido a la falta de instrumentos jurídicos que los regulen, denunció hoy el no gubernamental Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

"La opacidad y la corrupción en los fideicomisos mina la confianza ciudadana en sus autoridades" debido a que "personas que no son funcionarios o servidores públicos participan en decisiones sobre el uso y destino de los fondos públicos", señaló Ricardo Barrientos, economista del Icefi, durante la presentación de un estudio sobre estas figuras de gasto público.

Según el Icefi, una institución regional especializada en temas fiscales y finanzas del Estado, la falta de una ley que establezca los procedimientos para generar y administrar los fideicomisos en Guatemala, impide que estos puedan ser fiscalizados de forma adecuada, lo cual se presta para actos de corrupción.

De acuerdo con la diputada Nineth Montenegro, del opositor partido Encuentro por Guatemala, quien también participó en la actividad, el Ministerio de Finanzas registra un total de 76 fideicomisos públicos, 49 de los cuales se encuentra vigentes a la fecha, los cuales suman un total de 43.400 millones de quetzales (unos 5.425 millones de dólares).

Sin embargo, señaló, "en el Sistema de Contabilidad Integrado (del Estado) sólo se pueden visualizar datos generales de asignación y ejecución de 16 fideicomisos, los cuales entre el 2008 y el 2013 han manejado alrededor de 24.000 millones de quetzales" (unos 3.000 millones de dólares).

El 85 % de los fideicomisos, agregó Montenegro, "no se pueden fiscalizar a cabalidad, no solo con relación a los saldos monetarios en bancos del sistema, si no en qué están siendo utilizados, a quién benefician para qué proyectos, cuánto han ganado de intereses, cuánto han pagado de comisiones a los fiduciarios o bancos".

La discrecionalidad con la que las juntas administradoras de los diferentes fideicomisos públicos manejan los fondos, agregó Barrientos, permite a los gobernantes de turno utilizar estos mecanismos para "pagar facturas políticas" a quienes financiaron sus campañas electorales.

Además, en declaraciones a Efe, Barrientos dijo que el recién creado fideicomiso para el desarrollo social, que sustituirá al Fondo Nacional para la Paz, el cual fue cerrado por el presidente Otto Pérez Molina por las múltiples denuncias de corrupción, puede convertirse en el "retorno de los gastos confidenciales".

El comité técnico del nuevo fideicomiso, creado por el Poder Ejecutivo hace dos semanas, con un monto inicial de 800 millones de quetzales (unos 100 millones de dólares), estará integrado por Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y el Ministerio de Finanzas.

"Será una caja chica" de donde podrán echar mano sin que se les pueda fiscalizar, precisó el experto.

Para revertir esa situación y transparentar el gasto de los recursos del Estado, el Icefi propone la aprobación por parte del Congreso de un instrumento jurídico que establezca adecuados mecanismos de administración, control y fiscalización de los fideicomisos.

En la discusión de las soluciones que se les busque a esta problemática, agregó el Icefi, debe tomarse en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la transparencia.