Cobre, Litio, oro, coltán, cobalto, uranio, grafito, tierras raras, woframio, magnesio, pero también potasa... España cerro en 2018 sus minas de carbón, pero la nueva movilidad y la descarbonización han traído consigo una auténtica fiebre por la minería metálica en nuestro país, con decenas de proyectos en explotación, en preparación o en prospección. Ante la creciente demanda de ‘productos mineros’ la Unión Europea y España -el tercer país de Europa en recursos minerales- están tratando de no depender tanto del exterior, especialmente de China, y así nuestro país, especialmente la faja pirítica andaluza, pero, en general, todo el oeste peninsular, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía viven una auténtica fiebre minera, que se ha disparado este año con el aumento exponencial de los precios de algunos minerales. Un sector de actividad que, por lo demás, cuenta en la actualidad en España con unas 2.750 explotaciones activas, da trabajo directo a 30.000 personas y factura más de 4.500 millones de euros al año.
Esta semana, el Consejo de ministros del Gobierno de España, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, ha aprobado la 'Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas', que tiene como objetivo reforzar la autonomía estratégica del país y la seguridad del abastecimiento de suministros clave para la transición energética y el desarrollo digital. Una hoja de ruta que busca lograr la máxima eficiencia e implantación de la economía circular en las cadenas de valor del suministro de materias primas minerales, integrando y concretando para la industria extractiva los objetivos y líneas de actuación de la Estrategia España Circular 2030.
Desde la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales confían en que “España mejorará su autonomía estratégica con una actividad extractiva más sostenible, circular, segura y eficiente, mejorando la competitividad de sus empresas y colaborando activamente para alcanzar los objetivos de la transición energética, la neutralidad climática y el reto demográfico”. Las diversas patronales mineras, Confedem, AMINER... esperan que la nueva ley “aminore” las “enormes trabas burocráticas y administrativas” con las que se encuentran los proyectos mineros en España y en la UE. Unos proyectos, por lo general, que también suelen suscitar el rechazo de ecologistas y vecinos. “Todo el mundo quiere el progreso social y económico que nos proporcionan nuestras materias primas, peor nadie quiere una mina en la puerta de su casa”, reconocen desde el sector.
Andalucía y su faja pirítica son, sin duda, la ‘zona cero’ de la minería en España. Según los datos de AMINER (Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios) en la región operan en la actualidad seis explotaciones de minería metálica: Mina de Riotinto, Mina Aguas Teñidas, Mina Magdalena y Mina Sotiel (Huelva) y Cobre Las Cruces (Sevilla) y Minas de Alquife (Granada). Además, la industria transformadora, como Atlantic Copper, en Huelva, se ha convertido ya en el segundo productor de cobre del mundo. En proceso de apertura se encuentran explotaciones como Los Frailes (Sevilla) y hay decenas de proyectos en exploración.
Y es que solo en Andalucía la minería genera 10.000 puestos de trabajo directos y en torno a 30.000 empleos indirectos e inducidos; facturó 4.000 millones en 2021 (2.000 en exportaciones), con un incremento del 33% respecto a 2020 y produjo 21,5 millones de toneladas de mineral procesado. Y es que la minería metálica andaluza, sobre todo la del cobre, representa el 90% de la producción nacional hasta convertirse en “estratégico” para la Comunidad y, en general, para toda España. Por ello, desde AMINER también hablan de la importancia de avanzar hacia un compromiso institucional conjunto de todas las administraciones para impulsar el desarrollo del sector y reducir la dependencia que tiene ahora mismo Europa en el suministro de materias primas fundamentales.
En Andalucía hay activas más de 60 autorizaciones de investigación minera que tienen incidencia sobre más de 30.000 hectáreas y comprometen una inversión superior a 50 millones de euros en minerales metálicos (cobre, oro, plata, plomo, zinc, galena, fluorita, ocre o hierro), minerales no metálicos (yeso y grafito) y rocas industriales (caliza, mármol, diabasas, arenisca, diorita o caliza marmórea). Además de los permisos de investigación otorgados y en ejecución, una muestra del elevado interés de los inversores en la investigación minera en Andalucía, explica la propia Junta, lo constituyen “las más de 190 autorizaciones que están solicitadas para su tramitación, que llevan asociado un presupuesto que puede superar los 70 millones de euros”. Pero es que la ‘fiebre’ minera es tal en Andalucía que hasta allí ha llegado también, la ‘fiebre del oro’. Así, la multinacional canadiense Pan Global Resources va a buscar oro en casi 2.800 hectáreas de los términos municipales de Belmez y Villanueva del Rey, en la comarca del Guadiato en Córdoba. En su exploración incluye plata, estaño, cobre, plomo, azufre de hierro durante los próximos tres años, cuando logre los últimos permisos que le quedan por obtener de la Junta de Andalucía.
Pero no sólo en esta región se está produciendo el resurgir de la minería en España. Ahí están los dos megaproyectos del Litio en Cáceres, en San José de Valdeflores, junto a la capital, y en Cañaveral, que solo esperan el plácet de la Junta de Extremadura para convertir a España en uno de los primeros productores mundiales de este mineral crítico e imprescindible para las baterías de los coches eléctricos.
En Barruecopardo (Salamanca) se explotó durante casi 100 años la mayor mina de wolframio de Europa. Una explotación que vendió toneladas de este mineral a la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial, destinado a reforzar sus proyectiles antitanque. Metal escaso, el wolframio es uno de los minerales más duros y solo por detrás del diamante. La mina se cerró en los años 80 del siglo pasado, pero después de unos diez años de estudios, trabajos de diseño, permisos y financiación, incluido un período de construcción de 15 meses, la compañía Saloro S.L. volvió a poner en funcionamiento la mina a principios de 2019. Una explotación que genera 180 puestos de trabajo en una localidad que ronda los 450 habitantes y el proyecto deja además un canon de 100.000 euros anuales en el municipio.
El grupo australiano Rafaella Resources también ha reactivado la histórica mina de wolframio de Varilongo (A Coruña), clausurada en 1985, y ha pedido ya la concesión de uso de agua a la Xunta de Galicia para su explotación. Una comunidad, la gallega, por otro lado, que en junio de este año autorizó la explotación de la única mina de coltán de Europa, también mineral clave para de Bruselas, y en la que Strategic Minerals Spain, una compañía de capital mixto español-americano, prevé extraer 50 millones de toneladas de mineral durante 30 años, con una inversión de 40,5 millones de euros en el municipio orensano de Viana Do Bolo. También en Galicia, Atalaya Mining, que explota Minas de Río Tinto, está empeñada, pese a numerosos reveses administrativos, en desarrollar la Mina de Touro, de cobre, a 20 kilómetros de Santiago de Compostela.
La minería acelera en España porque, como señala Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio de Geólogos de España, "España tiene que tomar la decisión sobre si explotar nuestros recursos y ser una potencia mundial o dejar nuestros yacimientos ahí sin utilizarlos" y parece que la decisión ya está tomada.
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