La idea del Gobierno de someter a revisión el beneficio fiscal de la declaración conjunta del IRPF con el objetivo de eliminarlo a medio plazo resquebraja el pacto de Gobierno en materia fiscal entre PSOE y Unidas Podemos, toda vez que supone un golpe para las rentas más bajas, que suelen ser en las que la mayor parte de los ingresos de la familia vienen de un solo perceptor y hay una gran diferencia entre lo que cobran los dos cónyuges. Ese efecto pernicioso es antagónico de la filosofía declarada en el acuerdo del ejecutivo de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de procurar un aumento de la recaudación subiendo los tributos a las grandes fortunas y armonizando las tasas que gravan a la riqueza, como el Impuesto de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, que están muy bonificados en algunas autonomías, como Madrid.
El plan fiscal del pacto de Gobierno de coalición apostaba por un aumento y consolidación de los impuestos ‘verdes’, la tasa sobre las transacciones financieras y el coto fiscal a las grandes tecnológicas, entre otras grandes medidas, pero en ningún momento se trataba de tocar a las rentas más bajas del país, sino de eliminar las ventajas fiscales de las empresas y homogenizar el pago de los impuestos que más afectan a los grandes patrimonios. Frente a ello, algunos de los asesores fiscales más implicados en el IRPF advierten que la eliminación de la declaración conjunta, lejos de solucionar un problema de brecha de género, como quiere justificar la medida, se cebará en los hogares en los que uno de los dos cónyuges no trabaja o ingresa muy poco dinero a la unidad familiar, algo que, por suerte o por desgracia, suele ocurrir en el caso de las mujeres y en los hogares de rentas más bajas.
Las primeras estimaciones realizadas apuntan a que un hogar con una renta bruta de 40.000 a 50.000 euros al año obtenidos en un 80% por uno solo de los cónyuges, la medida puede suponer el pago de 1.360 euros más de impuestos que los que ahora pagan a Hacienda. Bajando los niveles de ingresos, si la renta anual está en el entorno de los 35.000 euros, esa familia tendrá que pagar algo más de 1.000 euros más al Fisco sin la reducción de la base imponible por declaración conjunta, mientas que, en el caso de los 20.000 euros, el ahorro fiscal que se pierde es de unos 800 euros. Los asesores consultados aseguran que el coste de quitar esa medida para los 2,1 millones de hogares que eligen ahora esa opción está un poco por debajo de lo que sería un sueldo mensual neto menos al año, algo que según en qué circunstancias, puede ser un hándicap para algunas familias con hijos y los gastos muy ajustados.
Recaudación de 2.300 millones
Del lado positivo, el Gobierno alcanzaría una recaudación aproximada de 2.300 millones de euros que ahora no tiene -dentro de los 86.000 que recaudó hace un año por el IRPF-, si bien sería una cantidad equivalente a lo que se ingresa por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que también se quiere someter a revisión por las bonificaciones que algunas comunidades aplican y que lo dejan a cero, y estaría muy por encima de los poco más de 1.350 millones que se ingresan por el Impuesto sobre el Patrimonio. La diferencia para la filosofía de izquierdas del acuerdo de Gobierno es que, en este caso, la mayor parte del dinero recaudado vendría de las rentas medias y bajas, justo las que Sánchez e Iglesias se habían comprometido a no tocar en su estrategia fiscal.
Hay que recordar, además, que la declaración conjunta empezó siendo obligatoria para todas las unidades familiares hasta que una sentencia del Tribunal Constitucional lo declaro injusto e instauró la “economía de opción” en este tipo de tributo: el contribuyente puede elegir lo que más le convenga. Los expertos consultados advierten que, al haber una sentencia al respecto, no se puede aducir ahora cualquier razón para eliminar este derecho, sobre todo porque no está demostrado que sirva para reducir la brecha de género en los salarios. Al contrario, la realidad es que la medida va a penalizar a muchas mujeres con sueldos menores en el entorno familiar, en lugar de aliviar su situación, por injusta que pueda considerarse, explican.
Además de lo incongruente de la medida desde el punto de vista técnico y político, el anuncio de esta idea se realiza, además, un día antes de que se celebran las elecciones madrileñas, en las que el candidato socialista se ha comprometido a no tocar los impuestos en Madrid, frente a la idea del líder de UP, Pablo Iglesias, ya fuera del Ejecutivo nacional, que pretende llevar una subida de tributo a las rentas más altas o, lo que es lo mismo, trasladar a la comunidad los acuerdos que en esta materia se firmaron a nivel nacional.
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