Miércoles, 20.03.2019 - 09:21 h
A vueltas con la reestructuración de la deuda autonómica

El 47% de la deuda regional es ilegítima y nace de fallos del sistema de financiación

Los asesores de la Generalitat Valenciana en la negociación del sistema de financiación estiman en 84.500 millones la factura del modelo para las CCAA

La deuda ilegítima de las comunidades autónomas

Cerca de la mitad de la deuda acumulada por las comunidades autónomas en la fase más dura de la crisis económica se debió a las insuficiencias financieras generadas por la deficiente aplicación del sistema de financiación autonómica aprobado en 2009. Los problemas operativos del modelo erosionaron los ingresos que las autonomías deberían haber percibido para atender las necesidades reales que el sistema tenía la obligación de financiar y dispararon el endeudamiento autonómico en la etapa 2009-2015 hasta los 160.919 millones de euros, cuando de no mediar estas deficiencias su necesidad de financiación no habría llegado siquiera a los 85.000 millones de euros.

Éstas son las principales conclusiones del trabajo académico sobre el impacto del actual sistema de financiación en las cuentas de las comunidades autónomas que han elaborado el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, José Antonio Pérez, y el investigador del IVIE, Juan Pérez, que cuenta con el valor añadido de que el primero de ellos fue el representante de las Cortes Valencianas en la Comisión de Expertos para la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica y es ahora el representante de la Generalitat Valenciana en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Gobierno de la Comunitat Valenciana ha sido uno de los más activos en la reivindicación de una quita de la deuda autonómica.

El trabajo concluye que el mal diseño o la incorrecta aplicación del sistema de financiación autonómica de 2009 ha cargado con 84.518 millones de euros más de gastos a las comunidades autónomas de Régimen Común, conduciéndolas a una situación financiera sensiblemente más complicada de la que habría tenido sin mediar estos factores. La autonomía más perjudicada por estos desajustes fue Canarias, que habría dispuesto de un 20% más de recursos si las cosas se hubiera hecho bien, siempre desde la perspectiva de los autores del trabajo, por supuesto. Extremadura  hubiera recibido un 16% más de financiación y Andalucía, un 15% más. A Cataluña, haber aplicado bien el modelo de financiación le habría supuesto 11.607 millones de euros más en el periodo 2009-2015 (ver gráfico)

Cinco grandes desajustes

El trabajo apunta a cinco factores básicos para explicar estos desajustes. El primero de ellos es la sobreestimación de las entregas a cuenta calculadas sobre la recaudación esperada de los impuestos cedidos a las CCAA, que en el año base de 2009 fueron un 26% superior a la recaudación real. El asunto es que parte de los recursos que reciben las comunidades autónomas a través de los diferentes fondos del modelo de financiación (como el Fondo de Garantía o el Fondo de Suficiencia Global) se vinculan al ITE, un indicador que se calcula detrayendo de la recaudación esperada por el Estado los recursos transferidos a las comunidades autónomas. El hecho de que éstos fueran más elevados de lo que correspondía minoró el ITE y como consecuencia de ello los recursos que deberían haber recibido las autonomías por los fondos calculados a partir de este indicador. Entre 2009 y 2015 las autonomías recibieron 23.409 millones de euros menos por esta circunstancia.

Las arcas de las comunidades autónomas también resultaron perjudicadas por los estímulos fiscales aprobados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y que se financiaron en parte con cargo a recursos que deberían haber recibido las comunidades autónomas. El estudio elaborado por el IVIE y la Universidad Politécnica de Valencia estima en 5.750 millones de euros los recursos perdidos por el cheque de 400 euros aprobado por el Ejecutivo, en 5.600 millones, el deterioro por las devoluciones mensuales de IVA; y en 950 millones el perjuicio por la concesión de aplazamientos en el pago del IVA.

El sistema de financiación también impidió que las subidas del IVA y de Impuestos Especiales aprobadas durante el periodo tampoco tuvieron el positivo impacto recaudatorio que sí tuvieron para el Estado. El modelo aprobado en 2009 sentó el principio de lealtad institucional, en virtud del cual se establecía que las medidas aprobadas desde el Estado tuvieran un efecto neutral sobre las comunidades autónomas. En tiempo de vacas gordas y rebajas fiscales, el principio les hubiera permitido eludir la menor recaudación derivada de eventuales recortes de impuestos, pero en tiempos de vacas flacas lo que hizo fue desactivar las medidas adoptadas por el Gobierno para conseguir más ingresos, que se compensaron vía recortes en el Fondo de Suficiencia e hicieron perder más de 40.000 millones de recaudación a las arcas autonómicas.

El cálculo elaborado por los asesores técnicos de la Comunidad Valenciana en la negociación con Hacienda incluye el efecto virtual que hubiera tenido la integración de los sistemas forales en los mecanismos de redistribución de la riqueza del sistema de financiación autonómica, tal y como solicitó el informe de los expertos. De haberlo hecho así las comunidades autónomas de Régimen Común habrían ingresado 1.300 millones de euros anuales extra y hubiera tenido un ingreso global de 9.482 millones de euros.

El quinto factor es el singular método de cálculo con el que el sistema de financiación ha calculado los ingresos de las CCAA por los impuestos cedidos. Según los autores del trabajo, el modelo ha estimado que las autonomías han ingresado durante estos años 11.647 millones de euros que en realidad nunca obtuvieron, generando otro foco de distorsión en las finanzas de las comunidades autónomas.

El saldo de las distorsiones resulta en una cifra superior a los 84.500 millones de euros, que según las fuentes consultadas podría servir perfectamente de referencia para la negociación que tarde o temprano los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas abrirán con el Ministerio de Hacienda para determinar la posibilidad de abordar algún tipo de reestructuración de deuda. Una puerta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha abierto.

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