El Ministerio de Hacienda ha vuelto a poner en marcha la compleja maquinaria encaminada a reformar el actual modelo de financiación autonómica que se encuentra caducado desde 2014, pero en el departamento son conscientes de que se trata de "una misión casi imposible". Es necesario poner de acuerdo al Gobierno central con los diferentes ejecutivos autonómicos de diferentes amalgamas y con intereses contrapuestos, de ahí que en el equipo de María Jesús Montero sean pesimistas respecto a alcanzar un acuerdo que se antoja complicado desde el principio.
A partir de septiembre echará a andar un grupo de trabajo creado por la nueva titular de Hacienda con el objetivo de ir avanzando hacia una posible reforma. El Gobierno de Sánchez hace suyo el mandato de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 pero asume las dificultades de reformar un modelo que todos los gobiernos autonómicos quieren actualizar, tal y como expresaron los diferentes consejeros económicos en la segunda reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la era Montero celebrada este martes en la sede ministerial.
"Soy optimista", admitió la ministra ante la posibilidad de ir avanzando en la reforma. Por eso ha pedido a las autonomías que designen a representantes con galones, capaces de tomar decisiones, en ese grupo de trabajo. Fuentes de Hacienda reconocen que el pacto es "extremadamente complejo". Esto es, "si no hemos sido capaces de sacar adelante el techo de gasto y la senda de estabilidad en el Congreso -lamentan- va a ser todavía más difícil acordar una nueva financiación con los ejecutivos autonómicos".
El Gobierno ya ha avisado que hasta la próxima legislatura no sería posible cerrar un nuevo modelo de financiación, tal y como reconoció el propio presidente del Gobierno, y eso solo sería posible si Sánchez consigue amarrar La Moncloa en la próxima cita con las urnas. En caso contrario, vuelta a empezar. En Hacienda, incluso, calculan que hasta la primavera no será posible poner de acuerdo a las comunidades autónomas sobre cuál es la insuficiencia financiera de cada una de ellas. Vaticinan serios problemas en este grupo de trabajo creado 'ad hoc' y en los próximos Consejos de Política Fiscal y Financiera.
A esta situación hay que añadir la presencia de Cataluña en la negociación. El Gobierno quiere que el consejero del ramo de la Generalitat participe en el grupo de trabajo y realice sus propias aportaciones para reformar la financiación autonómica. Pero en Hacienda son conscientes de que el Govern de Quim Torra puede volver a tensar la relación y retirar su presencia en los órganos de participación conjunta, como ya hizo Carles Puigdemont. La inestabilidad catalana, en definitiva, no contribuye a alcanzar una solución.
En el CPFF de este martes la ministra Montero quiso dar un paso para tratar de 'ablandar' a las autonomías en la negociación. La nueva titular de Hacienda dio permiso a las comunidades para poder ir preparando los respectivos presupuestos de 2019, algo que su predecesor, Cristóbal Montoro, no permitía hasta que estuvieran listos los Presupuestos Generales del Estado. Montero ha arremetido con dureza contra esa forma de "presionar" que tenía el extitular de la cartera.
El Ministerio de Hacienda ya ha asumido que aprobar su propio techo de gasto y senda de déficit también va a ser una misión casi imposible a lo largo de este mes de agosto, por lo que el Gobierno se prepara para presentar unos Presupuestos de 2019 con las cifras que dejó el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
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