La reforma de la financiación autonómica se complica para el Gobierno, todavía en funciones, de Pedro Sánchez. En el equipo económico del Ejecutivo se han encendido las alarmas después de que las elecciones del 26-M hayan dibujado un mapa realmente endiablado para las aspiraciones del Ministerio de Hacienda y de Moncloa. "Va a ser tan difícil, o más, que exhumar a Franco del Valle de los Caídos", se subraya en Ferraz. El claro ganador de las elecciones va a tener realmente difícil abordar un problema económico que ya se propuso solucionar cuando ganó la moción de censura y al que tuvo que renunciar por la inestabilidad política. A la espera de que se configuren las presidencias autonómicas que restan, el panorama para Sánchez se encuentra aún peor que hace un año. Y el modelo lleva caducado ya cinco años.
La situación, en efecto, se ha enrevesado aún más para el Gobierno central tras los comicios de hace casi un mes. Los socialistas preveían recuperar algunos ejecutivos autonómicos, pero los pactos postelectorales van a arrojar un fotografía final algo diferente. Así, todo indica que el PP va a conseguir retener, con ayuda de Cs y Vox, gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, el de Murcia, y el de Castilla y León. Además, han podido sumar tras las elecciones de diciembre una autonomía considerada 'VIP' en el reparto de la financiación: Andalucía. Se espera, por tanto, que los populares ejerzan una feroz oposición en las futuras reuniones con la ministra de Hacienda.
A esta situación hay que sumar la potente división que existe entre los barones del PSOE sobre cuál debe ser el modelo de reparto, aunque hayan recuperado La Rioja y puedan gobernar en Navarra. Así, la Comunidad Valenciana liderada por Ximo Puig, por ejemplo, defiende que el nuevo sistema quede fijado teniendo en cuenta el número de habitantes de los territorios. En cambio, otras baronías como Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura consideran que no debe obviarse la dispersión y el envejecimiento de la población. "A las del interior nos va a tocar pelear contra otros socialistas", indican desde una de estas autonomías.
Y, por su supuesto, a la problemática hay que añadir la siempre 'conflictiva' Cataluña. El Gobierno de Carles Puigdemont, con Oriol Junqueras de consejero de Hacienda, llegó a levantarse de la mesa y a renunciar a participar en las reuniones en Madrid. Eran los tiempos de Cristóbal Montoro, pero los catalanes ya han avisado que reclamarán mayores niveles de ingresos para una Generalitat que consideran infrafinanciada. Su argumento es que "es el segundo territorio con capacidad tributaria y el penúltimo en recursos recibidos". Se avecina, por tanto, choque de trenes con el futuro Ejecutivo central.
Atención a las prometidas rebajas de impuestos
Los problemas no acaban ahí. En Alcalá 5, y en el Palacio de la Moncloa, preocupa la deriva que se puede desencadenar tras la decisión del nuevo Gobierno de Andalucía de desactivar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la promesa del previsible Ejecutivo de PP-Cs en la Comunidad de Madrid de avanzar en la política de rebajas fiscales que tan buenos réditos ha dado a las arcas de la región... pero que tanta presión ha metido a las comunidades limítrofes. "Por cada euro de IRPF que suba Sánchez, Cs lo bajará en el tramo autonómico", prometió Albert Rivera en campaña. Una bomba de relojería para el 'sudoku'.
Montero recordaba esta misma semana que la posición del Gobierno sigue siendo avanzar hacia una armonización de los impuestos cedidos (Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Patrimonio) para limitar la horquilla sobre la que se pueden bajar o subir los tipos fiscales. La ministra considera que la Comunidad de Madrid está aprovechando su posición de capital política y administrativa del país, y la capacidad de atracción de sedes de empresas que de ella se deriva, para plantear una estrategia fiscal imposible de realizar en cualquier otro territorio y que ello está generando distorsiones en el correcto funcionamiento de la financiación autonómica.
Misión imposible para Montoro y Montero
Reformar la financiación autonómica es, para Sánchez, uno de los mayores retos a los que se enfrenta. El modelo actual fue pactado en 2009 y ni PP ni PSOE han sido capaces de avanzar en su reformulación. El Gobierno, en definitiva, quiere sentarse a negociar con las autonomías la reforma de la financiación a la vuelta del verano. De hecho, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero - todo apunta a que continuará siéndolo en el próximo Ejecutivo- ya ha señalado este reto como "prioridad número uno" del Ministerio, una vez confirmada la investidura de Sánchez. Sin embargo, el 'sanchismo' es consciente de que va a tener que hilar fino porque los 'inputs' que llegan desde los diferentes territorios no les hacen ser optimistas.
El equipo de Montero ya intentó reactivar las negociaciones para la reforma de la financiación autonómica al poco de acceder al cargo, pero el grupo de trabajo "de nivel político" que comprometió en su día se convirtió en un cónclave de técnicos que apenas se reunión en un par de ocasiones. Eso sí, la ministra ha dejado también meridianamente claro que cualquier reforma que se adopte deberá gozar "de un amplio nivel de consenso entre todas las comunidades autónomas", un requisito que parece, como mínimo, tan difícil de cumplir como antes de las elecciones.
Pacto de Estado para la reforma
El PSOE incluía en su programa electoral para las generales un "Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales, modificando la regla de gasto, con el fin de adecuar la distribución de los recursos públicos entre los tres niveles de la Administración, para garantizar eficazmente el cumplimiento de las correspondientes competencias, garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos y la adecuada atención de las necesidades de los ciudadanos tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural".
Los socialistas consideraban en su texto programático que con una mejor distribución financiera contribuirán "eficazmente a la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia". Es decir, mejorar la financiación para poder garantizar los servicios sociales. Precisamente, una de las primeras reformas que pretende acometer Sánchez es la referente al sistema de dependencia. "Una vez completada la incorporación de las personas de Grado III de dependencia, a falta de resolver la lista de espera o limbo, y conocido el gasto público necesario, pondremos en marcha, dentro del nuevo Sistema de Financiación autonómica, un modelo de financiación de la atención a la dependencia que dé estabilidad y certidumbre", prometían en el programa del 28-A.
El PSOE está dispuesto a reformar la Constitución
Es más, el PSOE está dispuesto a plantear una reforma de la Constitución para incluir en ella cómo deben financiarse las comunidades autónomas y que el procedimiento no dependa de los gobiernos de turno. "La Constitución debe garantizar un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto", argumentan.
Para ello proponen tres medidas: "Incluir en la Constitución las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos; establecer en la Carta Magna, para darle la mayor transparencia, la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial; y garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera".
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